POLITICA
Independiente tiene un 10 que sabe y muchas letras en su alfabeto para prolongar la sonrisa y sostenerse en la punta
Sonrió Independiente en el Bajo Flores, por primera vez después de once años. Gritó fuerte de visitante, esa materia que tanto le cuesta aprobar, y se dará el gusto de recibir a Racing en su cancha el domingo que viene con el ánimo en las nubes, esas desde donde mira al resto de la zona B.
Chocó con la realidad San Lorenzo. Las de sus propias limitaciones cuando la pelota no quiere entrar y debe remar los partidos desde atrás. El clásico no dejó un espectáculo de gran categoría, se topó con un árbitro como Nazareno Arasa que estuvo especialmente desacertado en sus decisiones (fue tres veces al VAR, debió corregir lo que vio en directo en dos, y se mantuvo en la suya en una en la que también se había equivocado), pero al menos mantuvo el interés hasta el final. No es poco para lo que se ve cada semana.
Desde hace ya un tiempo, cuervos y diablos comparten malestares. Los atraviesan problemas económicos, los envuelve la insatisfacción de sus seguidores, los ofuscan los rendimientos pálidos de los sucesivos planteles, la impericia dirigencial, la escasez de alegrías.
Periódicamente, los hinchas de uno y otro se entusiasman con equipos que parecen dispuestos a recuperar sonrisas, y se desilusionan cuando chocan con las limitaciones que les impone la realidad. Miran desde lejos cómo los otros tres grandes históricos apuntan cada año a conquistas mayores y cuentan sus ingresos por ventas y sus gastos por compras en millones de dólares. Envidian en secreto el valor de una palabra que en algún momento se evaporó de Boedo y de la vereda roja de Avellaneda: estabilidad.
No era casual que los últimos cuatro enfrentamientos entre sí hayan brindado espectáculos olvidables, con 1-1 o 0-0 en la chapa y muy poco fútbol para llenarse los ojos. Esta vez, con los dos en la punta, la ocasión daba para esperar más argumentos para entretenerse. Los hubo, a los tirones, mezclados entre el juego, la incertidumbre del resultado, las discusiones, las polémicas y el afán táctico.
Lo mejor del partido
Hace largos años que el valor del número 10 entró en decadencia. Existe en los planteles, suelen portarlo jugadores con ciertos brochazos de talento, pero los técnicos descreen de su aporte, los reducen a un segundo plano, los marginan. La planilla inicial mostró por diferentes motivos a los 10 de ambos equipos sentados en el banco.
Miguel Ángel Russo se guardó para el final la reaparición de Iker Muniain, su velocidad mental para encontrar compañeros bien ubicados y su precisión en el toque de primera. Cuando le dio ingreso, a los 11 minutos del final y con el resultado en contra, el vasco se encontró con un equipo fundido y golpeado por el gol que acababa de recibir. Julio Vaccari hizo lo mismo con la gambeta, la pisada lujosa, el pase filtrado y la pausa sabia de Luciano Cabral. Pero reaccionó antes. El mendocino de nacionalidad chilena entró a los 13 de la segunda mitad y su aparición le valió a Independiente volver a equilibrar un desarrollo que desde el regreso del vestuario la energía local había volcado para su lado. De su pie derecho nació la acción que acabaría con el gol de Felipe Loyola, y dejó una rabona en el aire de las que no suelen verse en las canchas argentinas.
JUEEEGUEE: exquisita rabona de Cabral. pic.twitter.com/4qpVeZW4zE
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025
San Lorenzo se maneja en torno a la letra F. Ante la falta de finura y fluidez en la circulación de la pelota, se fundamenta en la fe, la fuerza física, el fervor. El recurso puede no ser bonito pero le resulta eficaz. Con esos argumentos levanta a su gente de los asientos, empareja las chances con rivales más aptos y se asegura una buena dosis de acciones de riesgo frente al arco de enfrente. Sus problemas surgen cuando no aprovecha alguna de ellas.
Andrés Vombergar -autor del transitorio empate, de penal- desperdició dos muy claras; a Malcom Braida, una vez más de lo mejor de su equipo, el palo derecho le negó el gol a dos pasos del arco; y Tomás Cuello definió flojo desde una buena posición. Después, cuando quedó 1-2 abajo, el golpe de nocaut ya no tuvo respuesta.
El Rojo está construido con premisas e intenciones diferentes -dominio a partir de la posesión, traslados de banda a banda para desordenar la defensa adversaria- y se expresa con una ensalada de letras más variada. La D del despliegue inteligente de Loyola; la U de la ubicuidad en el puesto de volante central que por lo general ocupa Iván Marcone y esta vez cubrió con muy buena nota el debutante Rodrigo Fernández Cedrés; la R de la capacidad de resistencia que encabeza Rodrigo Rey y se continúa con los marcadores centrales cuando nada de lo anterior funciona.
Más allá de sus numerosas imperfecciones en los pases o en la marca (Federico Vera sufrió demasiado por su sector), Independiente manejó más y mejor la pelota casi de punta a punta del partido, con menos llegadas peligrosas que su rival y pimienta escasa en ataque, pero mucha efectividad. Fue exacto el derechazo contra el palo derecho de Lautaro Millán para abrir el marcador a los 11 minutos y potente el remate de Loyola para vencer las manos de Orlando Gill a los 29 de la segunda parte.
El Rojo quebró una larga racha en contra frente a San Lorenzo. Se afianza en sus convicciones, crece unos centímetros más cada semana. El domingo, en su casa y ante Racing, tendrá la prueba más exigente para saber hasta dónde puede llegar.
La entrada Punto de inflexión para Milei se publicó primero en Nexofin.
POLITICA
Documentos oficiales: la Argentina enfrenta 236 demandas fuera del país por más de US$27.000 millones
La suciedad debajo de la alfombra puede ser tanta que, en algún momento, empieza a notarse. Es lo que ocurre con la montaña de demandas contra la Argentina que están radicadas en tribunales internacionales. Se trata de una potencial factura multimillonaria que pasa de mano en mano entre gobiernos. Sin distinción de colores políticos, todas las administraciones buscan lo mismo: demorar el pago todo lo posible mediante la presentación de recursos judiciales que estiren su cumplimiento.
LA NACION le puso nombres y montos a pagar a esta amenaza latente contra las cuentas públicas. Son, en total, 236 pleitos contra el país por incumplimientos de acuerdos de todo tipo. Entre ellos, remanentes de deuda pública impaga, cambios en las regulaciones locales con el presunto interés de sacar ventaja, estatizaciones desordenadas y ruptura de contratos de servicios públicos, un lastre imperecedero con el que la Argentina carga desde la crisis de 2001.
Expresado en dinero, el número es muy gráfico. Una cuenta muy conservadora arroja que el país enfrenta demandas en tribunales internacionales por casi US$27.000 millones, entre las que tienen montos determinadas. Hay muchos otros casos en los que aún no se definió el monto, de manera que puede ascender.
A modo de ejemplo, esa cifra representa un monto similar a las reservas brutas que tiene el Banco Central, o el 60% del dinero que el país le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La cifra surge de sumar las querellas en las que trabajan la Procuración del Tesoro (PTN) y el Servicio Jurídico del Ministerio Economía, y el juicio por YPF. En los dos primeros casos, se tomaron solo los pleitos que tienen montos determinados. Eso deja afuera un universo importante de demandas cuya cifra aún no fue establecida, según la información que figura en los registros oficiales.
LA NACION obtuvo la información en respuesta a un pedido de acceso a la información pública con datos disponibles hasta el 27 de enero último.
Se le agregó el pleito relacionado con la petrolera bajo control estatal porque, si bien no tiene todavía un monto determinado en la documentación argentina, la Justicia de Nueva York le puso un número a la demanda: habría que pagar US$16.100 millones.
El país tiene una gran variedad de demandantes. Desde inversores particulares alemanes que le prestaron dinero al Estado hasta megabufetes de abogados especializados en ganar contiendas contra naciones soberanas.
Las demandas caen en dos sacos. Uno de ellos es la Procuración del Tesoro, que reúne una menor cantidad de causas, pero cuyos resultados pueden traer altísimas consecuencias para el país. Son, en total, 36. Allí recalan los litigios en el CIADI y en la Justicia de Nueva York, con el caso por la expropiación de YPF como sobresaliente.
Otra porción de los juicios contra el país fuera de sus fronteras está a cargo del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía, coordinado por la Subsecretaría Legal, que maneja Alejandro Speroni.
De acuerdo con la documentación que vio LA NACION, atiende 200 demandas de ese estilo. La mayoría están radicadas en Alemania, aunque los montos mayores se expresan en dólares. Hay incluso un pleito en yenes. Es por una demanda del MUFG, el banco más grande de Japón, que también es acreedor del Estado nacional.
Hay que aclarar, también, que las cifras pueden variar en el futuro por distintos motivos. En ciertos casos, la Argentina y sus demandantes estarían en condiciones de discutir alternativas de pago. Además, las demandas de los bonistas contemplan el pago de deuda que no se saldó y está incluida en el monto del litigio.
Hay tres pleitos hoy que concentran la atención oficial y de parte del establishment. El número uno es el de YPF, una demanda peregrina que se sustenta en los errores cometidos por el kirchnerismo entre los años 2006 y 2012. Primero, con el ingreso de la familia Eskenazi al capital social de la empresa petrolera y, luego, por la manera en que se estatizó la compañía.
Los demandantes, Burford e Eton, dos fondos que se dedican a eso, tienen un fallo a favor de la Justicia de Nueva York, según el cual la Argentina debería pagar US$16.100 millones más intereses. Hay chances de apelación, pero los especialistas le ven poco futuro a esa opción.
La justicia británica, por otra parte, les dio la razón a los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que acusaron al Estado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que, en 2013, se paguen menos intereses de deuda por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005 y 2010. Quien manejaba la economía por aquellos días era el hoy gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el férreo apoyo de Cristina Kirchner. No existían entre ellos las diferencias del presente.
En Nueva York se tramita otra demanda importante. Un fallo de la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, ratificó una decisión de la muy conocida Loretta Preska que les permite a ciertos acreedores embargar activos soberanos por unos US$310 millones. Este dinero fue depositado en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal.
El pleito en Londres pone de manifiesto las dificultades para el futuro de la economía que plantea el hecho de tener tantas demandas abiertas al mismo tiempo, por montos que pueden asustar a un país como la Argentina. El gobierno de Javier Milei depositó en marzo de 2024 una garantía de US$325 millones para seguir litigando. Los demandantes la ejecutaron en febrero pasado. Es decir, ese dinero ya no está.
Para una economía saludable, la suma anterior puede parecer nimia. No parece ser el caso de la Argentina, donde el Gobierno despliega un fuerte plan de ajuste para reducir la inflación y cuenta hasta las monedas para mostrar mes a mes números fiscales equilibrados o con superávit.
“Los juicios en el exterior contra el país son una contingencia que no se reduce a lo monetario. Expande sus efectos a varios frentes, incluyendo el político. Basta pensar en una emisión o una reestructuración de deuda soberana -explica Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro-. Cualquiera de estos juicios que terminan en una sentencia adversa tienen, sin dudas, dificultades para ser ejecutados. Pero tienen una herramienta poderosa: medidas cautelares que pueden entorpecer cualquier proceso de endeudamiento o reordenamiento de deuda de un país. Se vio con la Fragata Libertad”.
“La Argentina es un país que comete muchos errores e incumple promesas. Eso nos ha costado mucho dinero. Me parece que es momento de sentarse a pensar para saber si vale la pena seguir pateando la pelota, sabiendo que perdemos el 99% de los casos, más allá de los que tenemos abiertos”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y una de las personas que más sigue estos temas en el país.
Según sus cuentas, desde comienzos de este siglo la Argentina pagó aproximadamente US$17.000 millones por temas judicializados en el exterior. Vale una aclaración: la suma mencionada incluye la cancelación de deuda que estaba impaga.
Es, quizá, la forma más clara de mostrar que la acumulación de pleitos terminan generando un problema económico, pese a que no se trata de una discusión que esté presente de forma cotidiana en las conversaciones del sector privado.
Esa es una de las trampas de los juicios abiertos fuera del país. Pueden resultar etéreos y lejanos por diversos motivos. Entre ellos, debido a que en algunos casos se admiten instancias de “regateo”, así como el hecho de que hay sentencias contra el país que no se pagan. Pero eso tiene un límite. El problema tiene efectos visibles cuando no queda otra cosa más que pagar la factura en contra.
Hay centenares de empresas dispuestas a cobrarle al país lo que creen que les debe. La información que recopiló LA NACION permite hacer un ranking de esos demandantes.
Los primeros lugares de esa lista -en los casos en que la burocracia argentina ya tiene contabilizado un número para la demanda- se muestran en una visualización que acompaña esta nota. De allí surge una variedad reveladora.
El primer lugar lo ocupa una demanda de Teinver radicada en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones. Teinver es una subsidiaria del grupo español Marsans, que llevó al país a un arbitraje internacional en 2009. La disputa finalizó, con una decisión en contra de la Argentina, en 2017. La cuenta a pagar, según los registros de la Procuración del Tesoro, es de US$1590 millones.
En segundo término aparece un grupo de acreedores de deuda liderado por el fondo Aurelius. De acuerdo con los registros públicos, esa factura suma US$1321,92 millones.
La empresa Orazul International España Holdings, subsidiaria de la norteamericana Duke Energy International, por la concesión de la represa Cerros Colorados, le hizo un reclamo al país por US$667,3 millones. Si bien el pleito figura en la administración pública, el Ciadi en ese caso rechazó los planteos de la empresa.
En tercer lugar hay un viejo problema de los años 90. Se trata del pleito de Papel del Tucumán, quebrada, con el Estado Nacional y el Banco Central de la República Argentina. Son más de US$500 millones. La Argentina recibió un fallo en contra en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Para Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, la gran cantidad de demandas contra el país muestra que el que las hace las paga. “El hecho de violar contratos tiene un costo reputacional y económico. Es una lección para la Argentina, para una parte del arco político que considera que hacer estas cosas es gratis. Que porque hay emergencia, pobreza, cambió el gobierno o porque lo hizo otro, con esos argumentos se puede violar cualquier contrato”, sostuvo.
El economista también refleja otra cosa. Estas violaciones de contratos surgen porque en algún momento esos contratos se firmaron. Se pensó que era bueno, provechoso para el país. Pero luego se pensó al revés. “La gran imposibilidad que tenemos es ponernos de acuerdo para mantener un rumbo”, sostuvo.
El análisis de lo que ocurrió con estos casos aporta información que alerta sobre el futuro. Entre las 36 causas que maneja la PTN, 16 tramitan en el Ciadi. El amontonamiento allí de pleitos contra la Argentina tiene en sus orígenes una decisión del menemismo en los años 90. Interesado en la llegada de inversión extranjera, Carlos Menem promovió la firma de decenas de acuerdos de protección recíproca de inversiones con países importantes, como Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia, por mencionar algunos casos.
Al igual que ahora, la Argentina tenía por aquellos días un sólido historial de incumplimientos, vaivenes e incertidumbre. Por eso, el equipo económico liderado por Domingo Cavallo les concedió a las empresas, a través de esos acuerdos, la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros como el Ciadi.
Esa estela llega al presente a través de la Ley Bases y el RIGI, el esquema implementado por Javier Milei para atraer inversiones. Es un revival noventista profundizado porque, según diversos especialistas, otorga aún mayores garantías a la inversión que la experiencia menemista.
“Con la Ley Bases y con el RIGI en particular, se extiende la vigencia del Ciadi en caso de incumplimiento del Estado. Cabe la pregunta acerca de si es un mecanismo idóneo para la protección de los intereses del estado argentino”, explicó Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro en la gestión de Mauricio Macri y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En términos abreviados, el planteo de los que advierten por demandas potenciales es el siguiente: si la experiencia indica que las concesiones hechas en el pasado le abrieron la puerta a una gran cantidad de demandas millonarias contra el Estado, en el futuro el número de pleitos podría crecer a la luz de los cambios facilitados por este gobierno.
La Casa Rosada responde de forma contundente. Las garantías que se les otorgan a los empresarios extranjeros se transformen en algo negativo para el país solo cuando la Argentina rompe los contratos. Un país normalizado, donde manden la institucionalidad y la continuidad de las políticas, no debería tener problemas con eso.
El intendente Julio Alak lo anticipó durante la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de La Plata, confirmando así el adelanto de REALPOLITIK. En las próximas semanas, el ejecutivo municipal entregaría el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), y las especulaciones están a la orden del día.
El diagnóstico más compartido entre los actores del rubro de la construcción en la capital bonaerense, es que los especialistas convocados por la municipalidad de La Plata entregarían la reforma del código antes del 9 de abril, fecha en la que vencerían los 180 días estipulados por el decreto que el intendente Julio Alak firmó en octubre. La nueva normativa deberá pasar por el Concejo Deliberante, aunque se descuenta que el jefe comunal tenga los votos necesarios para aprobarla.
La sombra de Garro
Días atrás, un nutrido grupo de desarrolladores inmobiliarios se reunió en las inmediaciones del Colegio de Arquitectos local para plantear hipotéticos escenarios y diseñar una estrategia a seguir. Las posturas no fueron unánimes. Es que, mientras algunos se muestran dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario y seguir los lineamientos que se desprenden de calle 12, otros se encuentran apremiados por cuestiones financieras y contractuales.
La convocatoria comenzó caldeada y, con el correr de las horas, llegó a un consenso generalizado. Mientras los más beligerantes propusieron la presentación de un amparo colectivo, la mayoría optó por poner paños fríos y esperar. El grupo que impulsó el amparo colectivo fue liderado por un exfuncionario municipal, hoy apuntado por la Justicia, que tras una polémica maniobra de préstamos privados se quedó con el control de una de las más grandes empresas desarrolladoras de la ciudad. Fue este último quien, con el “apoyo intelectual” de su exjefe político, propuso reunir a todos los compradores de lotes para apoyar las medidas judiciales con las que enfrentar a la gestión de Julio Alak.
El grupo de los “conciliadores” tuvo como líderes a varios de los “históricos” desarrolladores inmobiliarios y a, al menos, dos de las “nuevas” empresas del rubro, quienes se impusieron tras asegurar que, en cuestión de días, se esperan definiciones del gobierno municipal. “Llevamos adelante nuestros emprendimientos cumpliendo con todo lo que nos pidió el municipio. Tenemos los expedientes completos con planos corregidos y aprobados, prefactibilidades de servicios, permisos de obra y comercialización firmados por la exsecretaria María Botta y el exdirector Leandro Ronga, proyectos hidráulicos y medidas en cumplimiento con la ordenanza de barrios cerrados. ¿Por qué debiéramos enfrentar al municipio ahora y crear una confrontación que, esperamos, sea innecesaria?”, se preguntaron.
Premiar a los que hicieron las cosas bien
Como se recordará, el accionar de encumbrados funcionarios de la gestión del ahora exintendente Julio Garro provocó un escenario de desconcierto entre la gran mayoría de los desarrolladores inmobiliarios. “Cuando presentábamos un proyecto, desde la municipalidad se nos exigía una serie de requisitos que, luego de cumplirlos, finalizaba con un documento escrito y sellado por la secretaría de Planeamiento que nos daba permiso para comenzar las obras y comercializar nuestros lotes. Nunca nos avisaron que las ordenanzas habían sido revisadas o rechazadas por las autoridades competentes provinciales”, explicaron desarrolladores a REALPOLITIK.
“Lo que explica hoy el intendente Alak es cierto: las ordenanzas no contaban con la convalidación provincial. Pero al ser un trámite en el que los particulares no participamos, sino que se desarrolla entre el municipio y la provincia, a nosotros nunca nos avisó nadie. A diferencia de aquellos que desarrollaron barrios indivisos como forma de hacer una ‘avivada’ y ganar algo de dinero rápido, existe un grupo grande de barrios que se ocupó de cumplir con todos los requerido por las autoridades y desarrolló sus proyectos de buena fe y con seriedad”, analizaron.
Esta diferencia entre unos y otros pareciera ser, al día de hoy, de vital importancia. El rumor que se corre en los pasillos del Colegio de Arquitectos, cuenta que el secretario de Obras Públicas y Planeamiento, Sergio Resa, estaría pronto a dar luz verde a una primera tanda de cuarenta barrios privados. Si bien se desconoce si esto está confirmado y, a ciencia cierta, el criterio que utilizaría la municipalidad respecto a este primer grupo de barrios, no son pocos los que apuestan sus fichas a que se trata de aquellos emprendimientos que ya cuentan con algunos requisitos cumplidos, como la rezonificación votada y aprobada por Concejo Deliberante, prefactibilidades de servicios y planos en regla. En efecto, fuentes cercanas al propio Alak deslizaron que el intendente “se propone tomar en consideración” a aquellos desarrolladores que se ocuparon de cumplir con los requisitos exigidos por el palacio municipal en gestiones anteriores.
“Claramente, no es lo mismo un desarrollador que apuntó desde siempre a construir un barrio indiviso a otro que se ocupó de recorrer durante meses los pasillos de los distintos organismos para tener la documentación que exigía la gestión anterior”, aseguraron desde calle 12. “Aunque no estemos de acuerdo con lo actuado por la gestión de Julio Garro, es nuestro deber mostrar una continuidad institucional”, advirtieron.
Entre los cambios que anticipan tanto desarrolladores como diferentes actores del rubro de la construcción, se estima que el intendente Julio Alak presentaría en las próximas horas el nuevo Código de Ordenamiento Urbano con un contrato renovado para el sistema de transporte público, que acompañará a la expansión del área urbana. Las expectativas son altas, la presión pareciera ser insostenible y, por ahora, sólo por ahora, estarían ganando “los conciliadores”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
ETIQUETAS DE ESTA NOTA
Julio Garro, La Plata, Julio Alak, Luis Barbier, María Botta, COU, Julio Chaparro, Sergio Resa, Barrios Urbanos, Federico Castillo, Ricardo Mashud, Leandro Ronga
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