POLITICA
Inquietud de los militares con Milei por la remoción de generales y la apertura del Mar Argentino a buques extranjeros
MIlei removió a más de veinte altos mandos en medio de la interna con su vice Victoria Villarruel. En la Armada temen invasión de buques chinos.
Javier Milei metió mano en la cúpula militar en lo que parece una derivación de la sorda interna que mantiene con su vice Victoria Villarruel. El cambio de Jefe del Ejército, Alfredo Presti motivó la salida de 22 jefes militares, que se suman a la caída del Jefe del Comando Mayor Conjunto y la salida de 7 almirantes, pero el número podría aumentar.
En primer lugar porque militares de rango están esperando, sin certeza alguna, la continuidad de sus funciones y ya se siente la demora de las últimas dos cuotas de la jerarquización salarial implementada por Sergio Massa.
Pero a esta situación se suma la inquietud que causa las posibles consecuencias en el cambio impuesto en el Régimen Nacional de Pesca que plantea la ley óminibus que ya provocó el rechazo de los gobernadores patagónicos, que consideran que entrega el Mar Argentino a flotas extranjeras.
El dilema está en la eliminación o cambio drástico en la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino. El artículo 5° de la Ley N° 23.968 establece que la ZEE se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base que se establecen en el Artículo 11 de la presente ley.
Para controlar esta posible actividad ilegal, la Prefectura Naval Argentina efectúa patrullajes con medios aéreos y marítimos que complementa con tecnología aplicada al control, el Sistema Guardacostas, que permite la detección y seguimiento de los buques en los diferentes espacios marítimos.
Milei vuelve a desautorizar a Villarruel y designa a Petri en Defensa
Como adelantó LPO, el cambio dispuesto por el gobierno es considerado por las provincias como «una entrega» de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, que barrerá con los empleos del sector.
El reclamo unido de cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores golpeó fuerte en los bloques de Juntos por el Cambio y en las provincias patagónicas y municipios costeros que administran.
En el mismo sentido se expresaron las provincias patagónicas que denunciaron una violación a la soberanía y criticaron la modificación de la obligatoriedad para descargar en puertos argentinos, competencia desigual en la asignación de cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad para contratar personal argentino.
Esta modificación le quita poder de arbitraje y pone en cuestionamiento la soberanía sobre el mar ante un posible desembarco masivo de buques extranjeros, sobre todo de China. El gran interrogante es qué tareas va a cumplir la Prefectura Naval Argentina, bajo la orbita de Seguridad y la Armada Argentina ante la pérdida de soberanía sobre el Mar Argentino.
Un dato para destacar es que el Comandante del Área Naval Atlántica Marcelo Fernández no está ratificado en su cargo aún y, según pudo saber LPO, cambiaría de destino.
Una fuente militar habló con LPO y confirma que hay mucha incertidumbre. «Hasta ayer estaba en funciones, hoy ya no sé», afirmó con preocupación. Respecto al cambio de la ZEE los marinos no consideran que estén riesgo la soberanía pero si piden que sean claros los alcances del cambio de legislación.
«No creo que se elimine, de ser así puede ser muy grave. Los cambios tienen que contemplar quien puede entrar con el permiso correspondiente del Estado», apuntó la fuente consultada.
Otra preocupación está relacionada con la posible privatización de Fabricaciones Militares, empresa estatal fundada por el General Manuel Savio y Juan Domingo Perón en 1941.
Fabricaciones Militares tiene seis centros de distribución y en su época de apogeo llegó a tener 14.500 trabajadores y 18 empresas pero luego del proceso de privatizaciones de la década del 90 y un nuevo ajuste realizado por Mauricio Macri en 2017, la empresa cuenta con poco más de 1500 empleados.
Una fuente de la empresa afirmó a LPO que «Fabricaciones da ganancias y vende sin distinción ideológica. Vendimos chalecos a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ante un contrato que incumplió el sector privado en Santa Fe, también le vendimos al gobierno provincial».
«También exportamos a empresas españolas con sede en Perú y otros destinos. Si el argumento es que la empresa no funciona, no sería el caso», agregó la fuente. Según detalló, Milei podría como interventor o presidente de la empresa a Hugo Pascarelli, ex CEO de Monsanto e hijo de un militar (del mismo nombre) condenado por delitos de lesa humanidad por crímenes en el Centro Clandestino El Vesubio.
«La situación actual es de zozobra, incertidumbre y mucha preocupación, sobre todo en Fanazul que fue cerrada por Macri en 2017», continuó. En relación a la posición de los militares, la fuente reconoció que está dividida: «Hay una línea que apoya la venta porque está en el negocio privado y otra de extracción más nacionalista que defiende la industrialización de la Defensa que no está de acuerdo».
En este contexto, es una incógnita el rol que tendrá Victoria Villarruel, la vicepresidenta con fuertes nexos con la familiar militar que en un primer momento estuvo cerca de concentrar las áreas de Seguridad y Defensa, pero sufrió la guadaña de Milei.
POLITICA
Cómo elegía el Polo Obrero a las empresas truchas para facturar y desviar fondos millonarios
En medio de la investigación por las facturas truchas con las que la organización habría desviado 81 millones de pesos, se dio con el cerebro de una de las firmas apócrifas.
La investigación por las facturas truchas del Polo Obrero con la aparente finalidad de desviar fondos asignados en el marco del Plan Potenciar Trabajo dio con un chat en el que se revela cómo se eligió a la empresa emisora de dichas facturas y el cerebro de dicho plan.
Hasta el comento se conocía que Coxtex, una de las tantas empresas que se usaban como emisoras de la facturación, era una firma falsa creada con el único objetivo de hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes. Por este mismo caso, el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni se encuentra procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
La Justicia confirmó que una empresa usada por el Polo Obrero para justificar gastos era apócrifa
Asimismo, también se sabía que los “fundadores” de esta empresa fantasma eran Luis Alexander Pichuaga y Mariano Soledad Vega, que en la practica non eran más que prestanombres. La novedad es que la investigación dio con quien es el verdadero cerebro de la estafa gracias al mencionado chat, acontecido un mes antes de la primera facturación del Polo Obrero. En el diálogo, una persona que se mantiene en el misterio se contactó con una mujer llamada Anahí Rivero para pedirle que le pase una lista de empresas truchas.
El chat
Luego, Rivero le escribió a un sujeto llamado Leandro G. Kebleris, quien le envió un listado con 7 empresas fantasma entre las que figuraba Coxtex. La conversasión avanzó de la siguiente manera:
Anahí Rivero: Ahí le pasé todo y le acabo de pasar esa otra que me mandaste.
Leandro Kebleris: Después vemos tema precio.
Anahí Rivero: Si, dale, yo no le pasé precio… ah. lo que me pidió fue si podemos conseguirle remito… eh… recibo… si, le dije, es lo de menos.
Unos días después, Rivero le insistió a Kebleris con que la empresa trucha pudiera proveer recibos. 46 días después, Coxtex hizo su primera factura para el Polo Obrero por un total de 3.644.418 pesos. En total fueron dos las facturas de esta empresa que la organización piquetera presentó ante Desarrollo Social, en total suman 5.459.418 pesos. La empresa en cuestión no tenía sede social, carecía de operatoria real y la AFIP la catalogó como una usina de facturas truchas.
Los cheques que la organización de Belliboni usó para pagar supuestas computadoras terminaron en cuentas bancarias de empresas que para la Unidad de Información Financiera (UIF) operaban como cuevas financieras. Por otra parte, la investigación determinó que la escritura de constitución de Coxtex fue firmada por el escribano Juan Bautista Darrasaga, quien fue investigado en el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez.
La ruta del dinero del Polo Obrero
Este caso puntual se inscribe en una investigación detrás del desvío de fondos por parte del Polo Obrero que alcanzan los 81 millones de pesos, que fueron parte de un fondo por 360 millones que Desarrollo Social había bajado a esta organización, su cooperativa de trabajo El Resplandor Limitado y unidades de gestión con finnalidades como compra de ropa, herramientas y dictado de cursos.
De ese monto total, solo se rindieron cuentas por 270 millones, mientras que los 81 millones restantes. Pero se supo que de esa cantidad, unos 40 millones fueron desviados a unas 6 empresas truchas, entre ellas Coxtex. Las otras firmas apócrifas son Imprenta Rubros, Riciprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini. 18 millones retoraron al Partido Obrero, brazo político del Polo Obrero, para gastos electorales.
El Polo Obrero debe la rendición de $81 millones que recibió por el Potenciar Trabajo
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