POLITICA
Interna oficialista: las suculentas cajas del Estado que controlan Karina Milei y Santiago Caputo

Aunque enfrentados en lo político, Karina Milei y Santiago Caputo se cuidan bien de no inmiscuirse en las parcelas del Estado que cada uno comanda. Por compartir junto al presidente Javier Milei el exclusivo “triángulo de hierro” del poder, ambos manejan cajas millonarias que, por lo demás, tuvieron suculentos aumentos presupuestarios en lo que va del año. Muy superiores, incluso, al del resto de la administración pública.
La hermana del presidente hizo de la Secretaría General de la Presidencia su bastión de poder. Con casi 800 empleados a su cargo, Karina Milei controla una caja de $72.463 millones; un presupuesto que, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia (DNU), se incrementó un 46,3% durante el primer semestre del año según datos oficiales del Ministerio de Economía. Un porcentaje muy por encima de la inflación acumulada en el mismo lapso (15.1% según el Indec).
El asesor presidencial no le va a la zaga. Entre los varios resortes del poder que controla por medio de sus adláteres se destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffert. Con la gestión libertaria el presupuesto del organismo escaló más que ningún otro; sólo en los seis primeros meses del año creció un 67,6% y totaliza $80.872 millones.
Pero el rubro que tuvo un crecimiento verdaderamente exponencial fue el de los gastos reservados que manejan los espías: desde enero hasta la fecha aumentó un 254%, ya que según los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía, en enero pasado los gastos reservados de la SIDE sumaban $3794 millones y hoy totalizan $13.436 millones.
De acuerdo con el último informe de ejecución presupuestaria que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), tanto la SIDE como la Secretaría General de la Presidencia ocupan los primeros lugares en el ranking de subas presupuestarias en lo que va del año, detrás del Ministerio de Capital Humano. Muy por encima del incremento promedio que, al cierre del primer semestre, fue del 33,2%, según ASAP.
El poder del asesor
Aunque salió maltrecho en su disputa con Karina Milei por el armado de las listas de candidatos bonaerenses, Caputo no perdió –por ahora- un ápice del control que viene ejerciendo, por mandato del presidente Milei, sobre importantes áreas de la administración pública. Algunas de ellas por demás sensibles: además de la SIDE, el asesor presidencial asumió el manejo político de los ministerios de Salud y Justicia, del organismo recaudador (ARCA) y de la agencia de privatizaciones de las empresas públicas, donde el Gobierno deposita grandes expectativas como potencial proveedora de divisas a las exhaustas arcas del Tesoro.
Asimismo, Caputo extendió su influencia hasta el área de comunicación de YPF, que sorteó el cerrojo que impuso Milei a la pauta publicitaria. Allí colocó a un exsocio suyo, Guillermo Garat, quien, según un informe de la ONG Chequeado, distribuyó publicidad por $32.617 millones solo en el primer trimestre, lo que representa un incremento del 55,2% real respecto del mismo período de 2024. Así se desprende de los datos que publicó la empresa en sus estados financieros, única información disponible ante su negativa de responder a los sucesivos pedidos de informes que presentó la ONG y la oposición en el Congreso.
Por medio de Mario Lugones, el asesor presidencial ganó influencia en el Ministerio de Salud, el tercer presupuesto en volumen -$6,7 billones- detrás de los ministerios de Capital Humano y de Economía. Otro alfil suyo, Sebastián Amerio, controla el Ministerio de Justicia, más relevante por el nivel de interlocución que tiene en los ámbitos tribunalicios que por la caja que maneja ($206,4 millones).
Caputo también colonizó el área de las empresas públicas; allí apadrina a Diego Chaher, a quien no solo se le encomendó la tarea de privatizarlas sino que, además, realiza un seguimiento de sus planes de acción y de sus partidas presupuestarias; según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este año las empresas estatales tienen asignadas transferencias del Tesoro por un total de $4,2 billones.
El asesor también clavó bandera en dos reductos claves. Uno de ellos es nada menos que el organismo recaudador, ARCA, donde colocó a un hombre de su confianza, Andrés Vázquez, quien maneja un presupuesto anual de al menos $3 billones, una caja que se nutre de un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros.
Menos visible en el radar de la administración pública, la empresa Educ.ar cobró reciente notoriedad por la contratación directa para la renovación de licencias de tecnología por más de US$60 millones, proceso en el que participó una firma del empresario trumpista Leonardo Scatturice. Convertida en una sociedad del Estado liberada de los controles de la SIGEN, esta firma es comandada por Gastón Martín, quien maneja una caja de $90.824 millones: el doble el año pasado.
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POLITICA
La coparticipación que va a las provincias está dos puntos por debajo del máximo histórico

CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
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POLITICA
Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.
“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.
El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.
Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.
El antecedente de 2002
El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.
Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.
El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.
El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.
POLITICA
Mientras Milei quiere parar las peleas internas, a Cristina Kirchner y Kicillof no los une el amor sino el espanto a una victoria libertaria

Las peleas internas entre La Cámpora y Axel Kicillof y las disputas entre Karina Milei y el súper asesor Santiago Caputo llevaron al Presidente y a Cristina Kirchner a coincidir en un punto. La necesidad de ponerle fin y ordenar la campaña para las elecciones provinciales en Buenos Aires.
El cierre de listas abrió heridas de uno y otro lado cuya cicatrización demandará mucho tiempo, si es que algunas no quedarán sin cura.
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Javier Milei dejó hacer a los otros dos integrantes del triángulo de hierro que sostiene al Gobierno, aunque el Presidente considera que, en definitiva, es a él a quien votarán, a través de sus candidatos, y que la pelea pronto llegará a su fin.
Karina impuso a la mayoría de los candidatos con el accionar del principal operador que tiene en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y los Menem, Martín y “Lule”.
El sabor amargo de la derrota lo sintió Santiago Caputo y sus Fuerzas del Cielo que, a través de las redes sociales, descargaron toda su ira contra Pareja y los Menem.
Milei tuvo que salir a aclarar que todo lo hecho por su hermana y sus operadores fue con su total aval. Además, mandó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a tratar de poner orden y mediar entre Karina y Caputo.
Francos ya se reunió con ellos porque no solo está preocupado por el daño que esa pelea pueda generarle al Gobierno sino también a la estrategia en el Congreso, donde conviven legisladores nacionales de uno y otro bando.
Milei se propuso participar de la campaña en territorio bonaerense, donde La Libertad Avanza tiene un importante caudal de votos entre aquellos que todavía no han podido salir de la pobreza o que sufren por la falta de empleo, trabajo precario o bajos salarios.
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La otra interna, la que Milei mantiene con Victoria Villarruel, no le preocupa para nada. Es más, cuando puede la profundiza, como ocurrió ayer en la exposición rural de Palermo, donde el Gobierno bloqueó la entrada de los asesores de la vice.
En esa medida, Villarruel encontró la excusa para no ir a la inauguración ganadera, como lo había hecho el año pasado, y no soportar en persona el desprecio del Presidente.
Milei la volvió a calificar de “bruta traidora” y dijo que en Roma a los traidores les correspondía el destierro.
Si bien esa pelea, las luchas internas de LLA y el resultado de las elecciones no dejan de preocupar a los potenciales inversores, que necesitan un clima de tranquilidad y estabilidad política para aterrizar en la Argentina, Milei tiene otros parámetros para moverse y está seguro de una amplia victoria en la Provincia.

Por eso salió a apuntalar al excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista en la Tercera Sección Electoral, históricamente peronista.
Sucede que la inseguridad será la principal bandera de campaña de los libertarios, pero no solo en ese populoso lugar del sur del Conurbano bonaerense, sino también en la Primera Sección (norte y oeste), que se ha convertido en la más numerosa.
La aparición en escena de Bonderenko le sirvió al gobernador Axel Kicillof a hacer una purga en un sector de la Policía bonaerense, la Ecológica. Sacaron a 24 uniformados, acusados por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, de confabular para dar un golpe comando institucional y quedarse con puestos claves.
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Para la gobernación, esos policías filtraron información clave a legisladores libertarios para que puedan usarla en sus estrategias políticas y así ayudar a Bondarenko, quien tiene el total respaldo de la ministra Patricia Bullrich.
Pero Kicillof tiene otras preocupaciones de cara a la campaña: cómo convivir con La Cámpora y los candidatos que impuso Cristina Kirchner.
La expresidente a envió un claro mensaje a sus seguidores, a través de su hijo Máximo y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, convertida en su principal vocera.
Para CFK, ya se cumplió con el objetivo de colocar la mayor cantidad de candidatos posibles en las listas de legisladores provinciales, concejales y consejeros. Ahora deben buscar la paz, aunque sea circunstancial, con el gobernador Kicillof y los intendentes peronistas.
Quiere evitar la derrota en la Tercera Sección Electoral y tratar de hacer el mejor resultado posible en la Primera.
Kicillof también sabe de esa necesidad y comenzó a definir la estrategia de campaña con su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y los intendentes peronistas que son aliados.
Por lo pronto, mostraron una foto de unidad el viernes cuando Kicillof compartió un acto con Mayra Mendoza en la Universidad de Quilmes. Sus caras parecían responder a esa máxima de que no los une el amor sino el espanto de lo que puede ocurrir con una amplia victoria libertaria.
Kicillof sabe que Cristina no olvida el enfrentamiento que ambos tienen y que, en algún momento, irá por la revancha.
El terreno quizás sea la Legislatura bonaerense. Es por eso que la expresidenta se ocupó de colocar la mayor cantidad posible de candidatos para desembarcar en ese lugar, donde La Cámpora ya le mostró a Kicillof la capacidad de daño a su gobierno que puede tener.
A pesar de estar presa por una causa de corrupción, Cristina sabe que la batalla electoral de este año será entre ella y Milei.
La primera pelea de fondo será en Buenos Aires y la principal, en las elecciones legislativas nacionales de octubre. La historia entre ambos todavía tiene capítulos importantes por escribir, sin importar los daños colaterales.
Javier Milei, cristina kirchner, Axel Kicillof
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