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POLITICA

Javier Milei, entre la utopía de mercado y el realismo de las restricciones

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Entre las guerras que libra Javier Milei, las más claras se dan en el terreno de la matriz macroeconómica y productiva de la Argentina. En el mercado de las ideas y de los debates en torno a lo simbólico, sigue mucho más flojo de papeles. Prueba de lo primero es la historización de los mitos argentinos en torno a la industria que Milei hizo ayer en la Unión Industrial Argentina (UIA). Una desmitificación, por supuesto, de las supuestas bondades del proteccionismo industrial planteado a viva voz en los oídos de algunos de los hombres más poderosos de la alta burguesía nacional. Algunos de ellos, representantes de una industria argentina que fue parte del paroxismo de ese proteccionismo y se convirtió en el ejemplo de los efectos más oscuros de ese modelo de, en palabras de Milei, “tutela viciosa” del Estado, la corrupción y el Estado como botín.

En los primeros años del regreso de la democracia, la opinión pública le puso el nombre a una de las versiones de ese modelo: “la patria contratista”. Desde hace años, la etiqueta preferida es “capitalismo de amigos”.

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“Tanta miseria le terminó imponiendo un modelo de negocio distinto a muchos sectores. Ya no se trataba de pensar cómo producir más, mejor y más barato sino de ver cómo acceder a la mayor cantidad de ventajas y prebendas posibles de parte del Estado para poder sobrevivir”, explicó Milei en la UIA. Fue un cuestionamiento cuádruple: a la estigmatización de la libertad de mercado como enemiga de la industria, a la política de sustitución de importaciones, al apoyo selectivo a ciertos sectores y, finalmente, a la polarización entre industria y progreso, de un lado, versus agro y desigualdad, del otro, con el agro convertido en el enemigo de la industrialización y el desarrollo.

“El período de mayor expansión industrial de la historia argentina fue, precisamente, durante el modelo agroexportador y no, como dicen algunos, con el modelo fracasado de sustitución de importaciones con patrocinio estatal. Fue el desarrollo económico generado por el sector privado el origen de nuestra primera industrialización”, afirmó el Presidente.

Milei buscó hacer un señalamiento potente del impacto negativo de esa visión económica y productiva en el equilibrio general de la economía, que podrían aceptar, incluso, voces de la política y de la academia que reconocen la potencia constructiva del peronismo. Esa política sectorial de privilegios, en realidad, condicionó a la Argentina más allá del peronismo y marcó las décadas posteriores.

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Como cuando fue al Milken Institute Global Conference, en mayo, donde dio uno de sus discursos más disruptivos y cohesionados sobre su visión del caso argentino, el líder libertario hiló en la UIA una concepción articulada del problema de la industria argentina. Y planteó una palabra política con pretensión entre inspiradora y desafiante. Llegó a la Unión Industrial cargado de munición retórica provocadora para sacudir el confort del empresariado local: “Si pueden perseverar en condiciones de adversidad con impuestos leoninos, regulaciones absurdas y costos altísimos, imagínense lo que pueden hacer sin la bota del Estado en el cuello. Les digo: anímense a innovar y a competir porque no hay fuerza de la naturaleza más grande que un argentino queriendo hacer plata”, les propuso.

Milei encontró otra versión más polémica para su ideario: “Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes”. El rol del Estado y la función social del empresario, es decir, la creación de riqueza genuina, sobrevoló su exposición. Aunque parezca paradójico para un presidente libertario, Milei le reserva al “Leviatán empoderado” del Estado un rol central: la de guardián de una macroeconomía saludable. Y de ahí, deriva su rol en el desarrollo industrial nacional. “La mejor política industrial es tener una buena política fiscal y monetaria”, sostuvo. El Estado como el artífice de las condiciones de la cancha en la que los privados tienen que jugar.

El discurso de la UIA sorteó con invitación inspiradora a producir más y más barato los riesgos que corre el equilibrio macro recién inaugurado. Pero ahí, precisamente, están las dudas del mercado: no sobre la visión de Milei, que pueden compartir, sino en torno a las chances de dar vuelta el rumbo y conseguir implementar semejante cambio. Cepo o no cepo, devaluar o no, terminar con las retenciones lo antes posible o esperar. Esas son las respuestas que las palabras de Milei no encararon. En cambio, les habló a los empresarios con el corazón emprendedor y la cabeza de un historiador económico.

Los protagonistas

En la coyuntura que le toca navegar a Milei, esa guerra por el sentido común macroeconómico y productivo tiene protagonistas clave: de Milei a Axel Kicillof, pasando por Marcos Galperín y Mercado Libre. Mientras Milei crea un ministerio paradójico, el “Ministerio de desregulación”, un verdadero oxímoron para un Estado con capacidades máximas para regular que se propone lo contrario, la provincia de Buenos Aires se convierte en la República blue de Kicillof, un espejo invertido de la experiencia mileísta a nivel nacional.

Kicillof busca consolidarse con la intervención estatal. Así pretende hacer política, resguardar cajas y llegar a la gente con la insistencia en el desgastado “Estado presente”. Hay cuatro ejemplos. La Cuenta DNI, la billetera digital que lanzó el gobernador hace cuatro años, descuentos del 20 al 40 por ciento en ferias, supermercados y negocios de todo tipo, desde garrafas a gastronomía, con promociones especiales para jubilados y jóvenes universitarios. Tiene más de 9 millones de usuarios y desde hace meses supera a Mercado Libre y Modo en cantidad de operaciones con QR interoperables.

El kirchnerismo bonaerense está convencido de que la mejor manera de hacer política con ojos en 2025, y eventualmente en 2027, es competirle de cerca al mercado en la provisión de bienes y servicios. Dejar a un lado la retórica de género o de derechos humanos y los clásicos controles de precios. En cambio, lanzar medidas concretas que den soluciones de consumo.

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El Estado presente de Kicillof se adapta al mileismo. Desde la derogacion del régimen de sociedades del Estado en diciembre, el mandatario bonaerense avanza con dos proyectos en Salud, pero con el formato de sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. El Estado bonaerense en sociedad con privados, bajo control de Kicillof.

Uno es el proyecto de ley de emergencias en salud, para crear un SAME interjurisdiccional. Tiene media sanción de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, aunque le cuesta avanzar en el Senado. Kicillof obtuvo esa aprobación con el apoyo de los “libertarios dialoguistas”, que sus críticos llaman “libertarios blue” o “libermassistas”. Pro y los libertarios más puristas lo recharzaron.

Kicillof también busca llevar al recinto de Diputados el proyecto de ley de creación de una empresa de producción pública de medicamentos. Y mientras Milei ajusta a la ciencia, el gobernador busca crear un polo de científicos en la provincia de Buenos Aires, con base en la Comisión de Investigaciones Cient´ficias (CIC), presidida por Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología del kirchnerismo y expresidente del Conicet. Algo así como un exilio interno de investigadores que pueden instalarse en territorio bonaerense, que resiste el sentido común mileísta con más becas y más proyectos de investigación.

La cuarta batalla kirchnerista contra los nuevos tiempos mileístas se juega en el Consejo Federal de Inversiones, una caja de $100.000 millones anuales destinados a créditos a la industria federal, que estuvo en manos peronistas por 30 años y desde 2020 es caja de La Cámpora. Los gobernadores no peronistas la tienen en la mira.

Fue creada en 1959 como parte de esa visión económica sectorial que Milei critica: el crédito como herramienta estatal para dirigir la economía, que termina condicionándola, además de subsidios y exenciones tributarias. De la República blue de Kicillof a la Argentina de Milei, una puja entre la saga económica histórica y la ruptura que busca el presidente libertario.

Hasta ahí el plano de lo real económico. El terreno de lo intangible y los valores es mucho más arduo para Milei y eso ya es mucho decir. De Mariano Cúneo Libarona y su mirada rudimentaria sobre la diversidad a las declaraciones de Nahuel Sotelo, el nuevo secretario de Culto y Civilización, con una visión casi teocrática de la nación, pasando por la restricción al acceso a la información pública y los ataques del Presidente a la prensa, un gobierno expuesto a su peor versión.

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POLITICA

El Gobierno rechazó los reclamos de Cristina Kirchner y Amado Boudou para que les restituyan la jubilación de privilegio

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El Gobierno rechazó este lunes los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano confirmó que, a través de la ANSES, “rechazó el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, en el que solicitaba la nulidad de la resolución del organismo que dio de baja las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que percibía simultáneamente como expresidente de la Nación y viuda de un expresidente, en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la administración pública”.

Según se explicó oficialmente, la también exvicepresidenta de Alberto Fernández realizó su petición argumentando que ANSES “carecía de facultades para revocar las asignaciones de privilegio” que percibía de manera simultánea como expresidente de la Nación y viuda de un expresidente, Néstor Kirchner. Consideró, en paralelo, que se trató de una «decisión arbitraria» en la que «se vulneraron sus derechos».

Como respuesta, el Gobierno explicó que ese organismo “tiene la facultad de suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima, por lo que la decisión no puede considerarse arbitraria, y el debido proceso quedó garantizado con la misma presentación recursiva que ANSES rechazó”.

De acuerdo con lo detallado por el actual vocero presidencial, Manuel Adorni, al momento de comunicar la interrupción de ese beneficio, la decisión del Ejecutivo significaba “un ahorro de $21.827.624,65 para los argentinos”.

Aquella resolución fue tomada horas después de la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que la Justicia le impuso a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

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En otras líneas, en tanto, Capital Humano explicó que este rechazo «constituye una aplicación rigurosa de la ley, ante la que todos los ciudadanos nos encontramos en pie de igualdad y un mensaje claro de que nadie está por encima de ella».

“Cuando un exmandatario es condenado por delitos que atentan contra el interés público, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por delitos contra la administración pública cometidos en ocasión del ejercicio de su función, se pierde el presupuesto honorífico y de mérito que tales asignaciones exigen para su goce”, se remarcó.

El Gobierno subrayó, en definitiva, que “esta resolución marca un hito en la interpretación restrictiva del otorgamiento y disfrute de estos privilegios otorgados a ex mandatarios y sus vicepresidentes, estableciendo que su percepción está sujeta, no solo al ejercicio del cargo, sino también a una decorosa y honrosa conducta, mantenida durante el cumplimiento del mismo”.

“De tal modo, ANSES sienta así un precedente clave a considerarse respecto de la relación entre corrupción, responsabilidad política y acceso a beneficios estatales”, se expresó.

El rechazo al recurso de Amado Boudou

Lo mismo sucedió con la presentación de Boudou para volver a cobrar poco más de ocho millones de pesos, aunque en su caso la Dirección Ejecutiva de ANSES, además, le ordenó “llevar adelante las acciones judiciales tendientes a recuperar los fondos que el exvicepresidente percibió indebidamente, luego de que fuera condenado penalmente”.

La quita de su jubilación de privilegio se había confirmado un día después de anunciarse la misma medida con Cristina Kirchner. En su defensa, Boudou también había planteado una cuestión de arbitrariedad de la medida. Sostuvo que «vulneró el principio de defensa, y violó la división de poderes, por lo que, ANSES no tendría competencia para el dictado del acto impugnado y debería ser considerado nulo».

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«La Resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes», detalló el otro texto oficial referido a la situación del también ex ministro de Economía.

Boudou comenzó a cobrar su pensión de privilegio en agosto de 2020, cuando su condena ya tenía confirmación por parte de la Cámara de Casación y estaba siendo estudiada por la Corte Suprema, que finalmente la confirmó cuatro meses más tarde: cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone Calcográfica. También lo habían inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

En 2018, Boudou había sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone.

Ante estos antecedentes, ANSES «entendió que Boudou no cumple con el único requisito exigido para conceder el privilegio: honorabilidad, mérito y buen desempeño».

«La Resolución publicada hoy explica que la Ley N° 24.241 establece que, si se demuestra que una resolución que otorga una prestación es inválida, esta puede ser suspendida, modificada o anulada, incluso si el pago ya está en curso. Esto significa que ANSES tiene la facultad de suspender, modificar o revocar resoluciones que otorguen beneficios, si se considera que fueron otorgados de manera ilegítima», se añadió.

Por último, se señaló: «Por esto y otros fundamentos técnicos jurídicos, el recurso fue rechazado, y ANSES tomará las medidas necesarias para recuperar para el erario público, los pagos percibidos indebidamente por Boudou».

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