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POLITICA

Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, luego de la masiva marcha al Congreso

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Tal como lo adelantaron desde el Gobierno en las últimas horas, Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario en el último día de plazo que tenía para hacerlo La decisión quedó formalizada a través del Decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso en rechazo a esa decisión. De la marcha participaron referentes de distintos partidos del arco opositor, entre ellos el ex ministro de Economía Sergio Massa y la expresidenta Cristina Kirchner, quien adhirió a la movilización desde el Instituto Patria, además de sindicatos y agrupaciones docentes de las universidades públicas.

La disposición del oficialismo, que fue adelantada a través de la Oficina del Presidente, se convirtió en el segundo rechazo de una ley aprobada por el Congreso, después de que también se desestimara la recomposición de las jubilaciones. Con la firma del decreto llegó también la comunicación al Poder Legislativo.

El 12 de septiembre, la Cámara Alta había aprobado la ley de financiamiento universitario con apoyo de senadores kirchneristas, de la UCR, los bloques federales y los senadores del PRO Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Mientras que los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

Milei había advertido que el proyecto no tenía futuro y que lo vetaría, ya que afectaría el equilibrio fiscal. Se abre ahora un nuevo frente con el Congreso que podría insistir con el proyecto, tal como lo hizo Diputados, sin éxito, con la actualización de las jubilaciones.

De hecho, este miércoles por la tarde, en marcha por la educación universitaria contra el Gobierno, hubo un pedido rotundo hacia los diputados y senadores nacionales para que sostengan la norma aprobada el mes pasado y así lograr los dos tercios en ambas cámaras que contrarresten la decisión de Milei.

Qué dice la ley de financiamiento universitario

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La ley sancionada por el Congreso el pasado 12 de octubre establece una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

Además se propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La negativa del Gobierno a brindar más fondos para las universidades nacionales a principio de año promovió la primera gran marcha opositora a Milei el pasado 23 de abril. La movilización había sido convocada por las universidades, pero consiguió una masiva adhesión de la sociedad en todo el país. El Ejecutivo debió ceder y liberar financiamiento para las casas de estudio.

Ahora, ante el posible veto, las universidades se mantienen en estado de alerta y ya advirtieron que podrían volver a salir a las calles.

Qué dice el Decreto que vetó la ley de financiamiento universitario

El extenso documento publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todo su Gabinete explicó, en sus considerandos, las razones por las cuales el Gobierno decidió vetar la ley de financiamiento universitario.

En primer lugar, consideró que «el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».

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El Gobierno aludió, además, «al artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que ‘[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”. En ese mismo sentido, mencionó también al propio reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126.

Se explicó, además, que «el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional».

También se detalló que «los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado Nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 ‘Desarrollo de la Educación Superior’ del Servicio 330 ‘Secretaría de Educación’».

Ello, «sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio», aclaró la normativa, que luego remarcó que «la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000«.

Por otro lado, el Gobierno consideró que «la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo».

En esa línea, argumentó que la promulgación del proyecto de ley por parte de este Poder Ejecutivo «implicaría desconocer la plena la voluntad negocial de los actores colectivos y el principio de libre negociación colectiva, afectando la observancia de la legislación vigente en materia presupuestaria».

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Por último, destacó que «atento las particularidades e impacto de mejoras salariales de instrumentación retroactiva, estas se tornarían en un precedente de inevitable réplica generalizada imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes.

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POLITICA

Un plebiscito para la hegemonía mileísta

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Las elecciones de medio término suelen ser un examen sobre lo realizado por un gobierno tanto como el trampolín o la oquedad, de cara al futuro. La gloria o Devoto. Santiago Caputo lo sabe y Javier Milei lo internalizó y lo explicita.

Por eso, el Presidente ya anunció, con su conocida audacia (o temeridad), que pretende que los comicios de octubre de 2025 sean un plebiscito sobre su gestión. Mucho más que una simple y regular elección de legisladores nacionales y provinciales, que determine la composición de los poderes legislativos. Por más relevante que este proceso pueda ser. Una cosa, en definitiva, lleva a la otra.

La imagen de un oficialismo fortalecido y de una oposición descompuesta que hoy muestran las encuestas así como las noticias que surgen de cada espacio y la percepción mayoritaria que la sociedad tiene de cada uno son el combustible que alimenta toda las ilusiones libertarias y difumina cualquier nubarrón que asome sobre el horizonte de acá a diez meses. Una eternidad para la Argentina de siempre y más para la velocidad con la que cambian las cosas en estos tiempos. Pero en las buenos épocas solo hay lugar para soñar y no para imaginar pesadillas.

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Traducir en votos propios el porcentaje de imagen positiva que arrojan los sondeos es para el triángulo de hierro del poder tan relevante como convalidar en las urnas la profunda división y debilidad que existe en las fuerzas opositoras. Lo que importa para la Casa Rosada es el impacto dinámico que el resultado tendría a futuro en el ánimo de sus adversarios y en la opinión pública, más que la estática y formal distribución de bancas del Congreso que arrojaría el recuento de los votos.

Las idea dominante (basada en numerosos antecedentes, algunos muy recientes) es que las mayorías se construyen más sobre el poder real presente y las expectativas que por la pertenencia partidaria original de los elegidos.

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Peronistas como el mochilero Edgardo Kueider y su compañero de bloque Carlos “Camau” Espínola, o los legisladores tucumanos jaldistas son más que botones de muestra. A esa mercería también han hecho significativos aportes Pro y el radicalismo. Y prometen con seguir haciéndolo otros si al oficialismo le siguen soplando vientos favorables.

El fundamento que sostiene la táctica y la estrategia del mileísmo es la certeza de que seguirá siendo formalmente una fuerza minoritaria en el Congreso, aún cuando haga una muy buena elección como la que podría aspirar hoy.

Por lo tanto, para cambiar la relación de fuerzas y poder legislar y gobernar con menos (o nulas, si es posible) restricciones y así construir el escenario que se propone, el oficialismo libertario necesitará de algo más que del número de legisladores que surja de los fríos porcentajes electorales. Eso dependerá del sentido de que se dote al resultado, del significado que adquiera y del peso simbólico que logre darle.

Los antecedentes demuestran que para los gobiernos en minoría parlamentaria, las elecciones de medio término son relevantes tanto por su propia performance como por la de sus adversarios (internos o externos).

Las victorias del oficialismo de Néstor Kirchner, en 2005, y del de Mauricio Macri, en 2017, dejaron enseñanzas disímiles. Uno consolidó su proyecto y anuló construcciones opositoras. El otro abroqueló a sus adversarios y no expandió ni afianzó su propia alianza. Ganar no siempre implica imponerse.

El objetivo final libertario es, por lo tanto, construir a partir de las elecciones de 2025 una hegemonía, que es mucho más que una mayoría, capaz de concretar un cambio radical (el triunfo de la batalla cultural) que imponga no solo un nuevo sentido común sino que tenga su correlato institucional.

Reforma constitucional

En el final de ese camino se encuentra, casi por defecto, una reforma constitucional, como ya le ha anticipado Santiago Caputo a varios interlocutores. El propósito es borrar de la carta magna cualquier vestigio de constitucionalismo social para volver al proyecto liberal alberdiano original, alterado no solo por las reformas de 1957 y de 1994, que incluyeron nuevos derechos no solo individuales.

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También, el sueño libertario acuna la ilusión de quitar algunos principios surgidos de las reformas de 1860 y 1866, en particular en lo que refiere a la coparticipación. Que cada uno (empezando por las provincias) viva de lo que produce y exporta. Esa es la idea subyacente. Ni más ni menos, Aunque esté aún estado muy germinal, ya tiene sus promotores dentro del gobierno y entre algunos de sus formadores de opinión, sobre todo del ala económica. Otra idea de Nación.

Aunque Caputo diga abiertamente que “hay que volver a la Argentina de antes de 1916″ (nota al pie: cuando accedió al poder el primer Presidente elegido por el sufragio secreto y obligatorio), el retrofuturismo puede ir todavía más atrás. También podrían buscar revertir algunos importantes avances cívico-sociales fundacionales, impulsados hasta por otro prócer de los libertarios, como Julio Argentino Roca. Entre los ideólogos mileístas no escasean los que reniegan, por ejemplo, de la educación obligatoria, gratuita y común, no ya de la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quién cree que al mileísmo quiere cambiar solo la matriz económica?

La construcción electoral tiene ese norte aunque en lo inmediato asomen muchos ítems y tareas bastante más pedestres (y menos nobles), que no pueden eludir, aunque quisieran. El decisionismo personalista tiene limitaciones. Todavía.

La construcción en marcha de la fuerza oficialista en todo el país así como la cooptación de dirigentes y voluntades son tareas cotidianas a las que el trío metalero Javo-Kari-Santi les dedican tiempo, esfuerzo y recursos (con buenas y no tan bellas artes). De nuevo, Kueider, Espínola, los radicales con peluca, como Mariano Campero o flamantes exmacristas como el subjefe de espías Diego Kravetz pueden dar fe.

La consolidación de la identidad es un objetivo estratégico. Nada de lo que pueda poner en riesgo la nitidez del espacio libertario tiene cabida.

La construcción de alianzas solo podría tener lugar en la medida en que no puedan dejar dudas de que la orientación y el liderazgo son indiscutiblemente mileístas. Y de que son imprescindibles para asegurar el éxito mayor. Cualquier asociación que amague con desteñir el violeta está cancelada. Al menos, hoy. Lo explicitó ayer Milei: “Con Pro vamos juntos en todos lados o, si no, iremos separados”. Él fija las condiciones.

Esa es la encrucijada vital que enfrentan hoy Mauricio Macri y los que aún no dudan de su autoridad y liderazgo dentro del Pro. Son los que todavía esperan que las frías aguas del Nahuel Huapi esclarezcan al expresidente y le aporten el vigor y la motivación para la tarea política que le han visto flaquear últimamente. Otras actividades parecían haber concentrado su libido.

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Las esperanzas macristas de ser socios de los libertarios con derecho a voto en el directorio de la empresa dominante se van diluyendo día a día, con los logros macroeconómico-financieros del Gobierno, la defección de muchos de sus dirigentes y la desafección de una parte de sus votantes, cuya magnitud no logran dimensionar, a los que no les ofrecen identidad ni narrativa claras. Por eso, lo último es prioridad.

“En el primer trimestre de 2025 tenemos que definir y comunicar qué somos, dónde estamos y qué proponemos”, dice con más preocupación que ilusión una de las figuras a las que Macri suele escuchar.

El operativo de acoso con pretensiones de derribo encabezado por Karina Milei sobre el bastión macrista porteño aceleró los tiempos.

La posibilidad de que “El jefe” encabece una lista, sea en la ciudad de Buenos Aires o en territorio bonaerense, dejó de ser un especulación lejana, casi descartada, sobre la base de que la secretaria general de la Presidencia y soporte primordial de su hermano no dejaría ese lugar imprescindible para el Presidente.

La posibilidad de una candidatura testimonial, que nunca llegaría a asumir en el cargo para el que fue elegida, empieza a ser evaluada. La muy relativa contundencia con la que altas fuentes de la Casa Rosada niegan alguna probabilidad de esa alternativa alimenta sospechas en lugar de despejar dudas y temores.

El peronismo, en tanto, se asume como pocas veces en su historia como una fuerza en declive y casi naturaliza un escenario de derrota en 2025, salvo algunos exponentes que confían la vigencia de su pasado más que en la vitalidad de su presente y en su proyección a futuro.

El avance de la Justicia sobre Cristina Kirchner confunde a sus fieles, que ven ese proceso como un activo que la potencia a causa de la victimización. Pero el hechizo solo sigue teniendo efectividad sobre los creyentes, un núcleo duro en el que el piso y el techo se tocan. Axel Kicillof lo ve, pero por ahora no sabe, no puede o no se anima a cortar el cordón umbilical.

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El avance del Gobierno sobre la Corte Suprema, de cuyas formas y tiempos todavía no hay certezas definitivas, aunque sí de la intención, también va en línea con la construcción hegemónica.

“Necesitamos que nos asegure gobernabilidad”, expresan en el triángulo de hierro para justificar la embestida con la que se pretende imponer a los dos candidatos a jueces supremos designados por Milei. Una forma elegante de decir que no quiere trabas de ninguna índole. Una obviedad para cultores de verdades únicas. Sin apelación posible.

El gurú presidencial, que sigue ampliando su radio de acción y el círculo de consejeros, empezó a lustrar algunas manzanas con las que imagina tentar a gobernadores y senadores a los que imaginan dispuestos a pecar y a allanar el camino de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla hacia el cuarto piso de Tribunales. Inscriben en esa lista a varios que todavía no han sondeado, pero en los que imaginan disposición a escuchar propuestas siempre que incluyan atajos principistas (o morales),

Entre ellos anotan desde radicales como Alfredo Cornejo, quien comparte electorado con Milei, hasta mandatarios que están en las antípodas, como Kicillof.

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La estrategia implica un complejo entramado de operaciones en el que se busca hacer confluir intereses y necesidades. Estas van desde la oferta de lugares en una Corte ampliada para figuras cercanas a esos dirigentes y más que digeribles para el oficialismo hasta despejar espacios hoy cubiertos por personajes que los incomodan. Los supremos tribunales provinciales y las procuradurías generales entrarían en la negociación. La independencia de poderes no sería precisamente un objetivo a alcanzar en este operativo. Más real politik que nunca.

Todo sea por el proyecto hegemónico que vendría si se gana el plebiscito. Esa la película que se está rodando hoy. El final no está escrito. Y la foto de mañana es un futuro todavía demasiado lejano.

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Milei no será el primer presidente no peronista que lo intenta. También lo soñó Raúl Alfonsín en el fulgor de la primera mitad de su mandato.

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