Tal como lo adelantaron desde el Gobierno en las últimas horas, Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario en el último día de plazo que tenía para hacerlo La decisión quedó formalizada a través del Decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso en rechazo a esa decisión. De la marcha participaron referentes de distintos partidos del arco opositor, entre ellos el ex ministro de Economía Sergio Massa y la expresidenta Cristina Kirchner, quien adhirió a la movilización desde el Instituto Patria, además de sindicatos y agrupaciones docentes de las universidades públicas.

La disposición del oficialismo, que fue adelantada a través de la Oficina del Presidente, se convirtió en el segundo rechazo de una ley aprobada por el Congreso, después de que también se desestimara la recomposición de las jubilaciones. Con la firma del decreto llegó también la comunicación al Poder Legislativo.

El 12 de septiembre, la Cámara Alta había aprobado la ley de financiamiento universitario con apoyo de senadores kirchneristas, de la UCR, los bloques federales y los senadores del PRO Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Mientras que los libertarios votaron en contra con el acompañamiento de tres macristas.

Milei había advertido que el proyecto no tenía futuro y que lo vetaría, ya que afectaría el equilibrio fiscal. Se abre ahora un nuevo frente con el Congreso que podría insistir con el proyecto, tal como lo hizo Diputados, sin éxito, con la actualización de las jubilaciones.

De hecho, este miércoles por la tarde, en marcha por la educación universitaria contra el Gobierno, hubo un pedido rotundo hacia los diputados y senadores nacionales para que sostengan la norma aprobada el mes pasado y así lograr los dos tercios en ambas cámaras que contrarresten la decisión de Milei.

La ley sancionada por el Congreso el pasado 12 de octubre establece una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado, medida por el INDEC, y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

Además se propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva. Para este año, la ley tiene un impacto fiscal de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La negativa del Gobierno a brindar más fondos para las universidades nacionales a principio de año promovió la primera gran marcha opositora a Milei el pasado 23 de abril. La movilización había sido convocada por las universidades, pero consiguió una masiva adhesión de la sociedad en todo el país. El Ejecutivo debió ceder y liberar financiamiento para las casas de estudio.

Ahora, ante el posible veto, las universidades se mantienen en estado de alerta y ya advirtieron que podrían volver a salir a las calles.

El extenso documento publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todo su Gabinete explicó, en sus considerandos, las razones por las cuales el Gobierno decidió vetar la ley de financiamiento universitario.

En primer lugar, consideró que «el proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».

El Gobierno aludió, además, «al artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que ‘[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”. En ese mismo sentido, mencionó también al propio reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126.

Se explicó, además, que «el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado, motivo por el que su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional».

También se detalló que «los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado Nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 ‘Desarrollo de la Educación Superior’ del Servicio 330 ‘Secretaría de Educación’».

Ello, «sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio», aclaró la normativa, que luego remarcó que «la eventual aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000«.

Por otro lado, el Gobierno consideró que «la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo».

En esa línea, argumentó que la promulgación del proyecto de ley por parte de este Poder Ejecutivo «implicaría desconocer la plena la voluntad negocial de los actores colectivos y el principio de libre negociación colectiva, afectando la observancia de la legislación vigente en materia presupuestaria».

Por último, destacó que «atento las particularidades e impacto de mejoras salariales de instrumentación retroactiva, estas se tornarían en un precedente de inevitable réplica generalizada imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes.