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POLITICA

José María Lojo: «El aumento del peaje impacta un 40 por ciento en el Puerto La Plata, sin beneficios»

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La medida, implementada por la subsecretaría de Puertos de la Nación, incrementa los costos para los operadores del Puerto La Plata en un 40 por ciento, afectando, según explicó José María Lojo, la competitividad del puerto frente a otras terminales de la región.

En sus declaraciones, Lojo destacó el impacto negativo de esta decisión: «Sin ninguna evaluación ni ponderación federal, ahora el Puerto La Plata pagará un peaje más caro, como si el tramo fuese desde el océano hasta San Pedro». Para Lojo, esto «incrementa el costo de operación en un 40 por ciento para los operadores que trabajan en La Plata, sin ninguna contraprestación ni mejora en el sistema».

«Se favorece a Buenos Aires a costa de la provincia»

Según Lojo, esta modificación en las tarifas de peaje parece diseñada para beneficiar a ciertos intereses. «Hay una coherencia de mirada centralista», explicó, criticando la falta de consulta con los actores provinciales. «Este gobierno eliminó el ente de control de la vía navegable que estaba compuesto por todas las provincias con intereses en este tema. Ahora el control es exclusivamente de la Subsecretaría de Puertos de la Nación», afirmó.

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata también cuestionó las motivaciones detrás de la decisión: «Es muy difícil entender por qué lo hicieron; no explican. Tal vez sea para favorecer al Puerto de Buenos Aires o para recaudar más a costa de La Plata, haciendo que la próxima privatización sea más rentable para quien asuma».

Un problema para la industria nacional

Lojo enfatizó que el impacto no es solo local, sino que afectará a todo el comercio nacional: «El 60 por ciento del combustible que consume el país sale del Puerto La Plata, y ahora ese transporte también se encarecerá. Barcos de combustible de YPF y de carbón de coque de Copetro ahora pagarán un 40 por ciento más para transportar sus productos a distintos puertos, sin recibir nada a cambio».

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Además, el líder del puerto de La Plata recordó la importancia de las vías navegables para el desarrollo nacional: «Las vías navegables son de interés general y deberían pensarse como una política de Estado, no como un negocio de corporaciones globales».

Un contexto de inequidad

Lojo apuntó también a las diferencias entre los puertos de Argentina y Uruguay. “El gobierno nacional permite que el puerto de Montevideo drague a la profundidad que quiera, mientras que acá no avanzamos en el Canal Magdalena, un proyecto clave para facilitar la exportación y evitar recorridos innecesarios que aumentan costos», expresó.

Frente a esta situación, Lojo celebró el apoyo de los intendentes locales que, según él, «han salido con valentía y coherencia a firmar un documento conjunto, priorizando el desarrollo productivo de la región sobre cualquier interés partidario». (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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“Hasta la puerta”: un productor usó una imagen de Normandía para mostrar un fuerte contraste con lo que busca una provincia argentina

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En medio de la preocupación de productores de La Pampa que intentan frenar la reglamentación de la ley 3288 de gestión integral de plaguicidas aprobada en 2020, a la que consideran perjudicial, un productor agropecuario compartió un video filmado en Normandía y trazó un paralelismo con lo que ocurre en la Argentina. Se trata de Santiago del Solar, exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, quien compartió las imágenes de un lote de maíz al lado de la ruta y muy cerca de las casas. En la red social X se abrió un debate sobre el límite en el perímetro urbano para realizar las aplicaciones de fitosanitarios.

“Nos hacen daño”: por qué hay un inédito avance de pumas, jabalíes y guanacos en amplias regiones del país

“Esto es Normandía (Francia). En La Pampa quieren restringir aplicaciones de agroquímicos y romper la ganadería y agricultura. Nadie en el mundo hace eso. Ni siquiera países ultras restrictivos con temas ambientales. Se siembra y aplican agroquímicos hasta la puerta. Es seguro”, puntualizó.

Dijo a LA NACION: “El paquete de herbicidas utilizados en Francia para la producción de maíz prácticamente no difiere de lo que hacemos en la Argentina. Sin embargo, en nuestro país tenemos infinidad de prejuicios infundados con estos productos”.

Reacciones

En tanto, en X, ante la pregunta de un usuario sobre “¿cómo llegaron a eso?”, porque, según dijo, duda que acá “se haga un 1% de lo que se hace allá, asumir que lo que funciona en B funciona en A sin tener en cuenta el contexto es un análisis muy escueto”. Del Solar, puntualizó: “No tienen los prejuicios que tenemos acá, al menos para agroquímicos. Si, en cambio odian GMO, irracional, pero está prohibido sembrar transgénicos. Aunque la soja que importan lo sea”.

Además, aclaró que los puntos en los que trabajaron en Francia para lograr esa falta de prejuicios con los agroquímicos, agregó que esto “lo piden los Concejos Deliberantes, no los consumidores. INTA hizo mil y una demostración a campo mostrando lo que es una deriva. Es mínimo”, afirmó. Según agregó Del Solar, “algunos herbicidas sí están prohibidos en Francia y acá no. Si no es imposible sembrar maíz”.

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Video De Límite De Aplicaciones

Este escenario se contrapone con zonas de la región agrícola de la Argentina. Por ejemplo, en La Pampa, los productores solicitaron la derogación de la polémica ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, y que está cerca de reglamentarse.

En rigor, se tendría que haber reglamentado a los 120 días desde que salió. Según dijeron desde el Consejo Consultor de entidades del sector, en su redacción no se tuvo en cuenta el trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave). Además aseguraron que “no tiene sentido lo que se está proponiendo”.

Hace unas semanas trascendió un borrador de la reglamentación: tiene fuertes exigencias para diversos actores vinculados con la actividad, como los usuarios de agroquímicos, técnicos, los distribuidores/expendedores y hasta para aplicadores. A los aplicadores se les exigen 18 puntos. Entre ellos, además de cumplir con buenas prácticas agrícolas, con normas de seguridad y capacitación, tener la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas y conservar por cinco años el remito o receta de compra del producto.

Para el usuario responsable, el productor, también hay requisitos que van desde conservar por cinco años la receta de compra del producto, garantizar la correcta aplicación, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas. En tanto, para los técnicos o asesores se plantea, entre otros puntos, que se hagan responsables de los daños de un eventual tratamiento incorrecto.

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