Durante su gestión en el Ministerio de Economía, Axel Kicillof implementó varias medidas que resultaron en un alto costo para el país. Ahora, sin embargo, no solo sus acciones, sino también sus declaraciones podrían tener un impacto significativo en las finanzas de Argentina. 

De acuerdo con un informe de la agencia Bloomberg, los abogados del fondo Burford, que junto a Eton Park tienen una sentencia favorable contra Argentina por 16.000 millones de dólares en un tribunal de Nueva York, están utilizando declaraciones del funcionario para intentar cobrar el fallo. 

Según Kicillof, los directivos de YPF eran funcionarios de Milei. A partir de esta afirmación, los abogados buscarán atacar los activos de la petrolera, especialmente después de que la jueza Loretta Preska determinara que el condenado era el Estado y no la empresa. Ahora, deberá decidir sobre la solicitud de los demandantes.

El juicio millonario es un ejemplo de la desorganización y negligencia de los funcionarios argentinos, que en 2012 expropiaron el 51% de las acciones de YPF, que en ese momento pertenecían a la española Repsol. Esta vez no es diferente. 

El 31 de julio pasado, el gobernador bonaerense afirmó que “los directivos de YPF son funcionarios de Milei”, en respuesta a la decisión de la compañía de ubicar la planta de licuefacción de gas en Río Negro en lugar de Buenos Aires.

Rápidamente, los abogados de Burford llevaron estas declaraciones a Preska. Desde el año pasado, cuando se conoció la condena, han intentado convencer a la jueza de que YPF es una especie de “alter ego” del Estado argentino y que, en tal caso, se podría ejecutar la sentencia contra los activos de la empresa.

El conflicto comenzó en abril de 2012, cuando la presidenta Cristina Kirchner, junto a su ministro de Planificación Federal Julio De Vido (asistido por su secretario Roberto Baratta) y el viceministro de Economía Kicillof, intentaron tomar el control de la petrolera. Con un decreto de intervención por 30 días, llegaron a la torre de Puerto Madero. 

De hecho, varios ejecutivos aún recuerdan cómo Kicillof insistía en que debía haber una caja fuerte con millones de dólares, quizás fruto de alguna noche de militancia. “¿Dónde está la plata?”, preguntaba mientras se aferraba a la soberanía energética.

Cuando los funcionarios accedieron a la sede de YPF, lo hicieron únicamente con un decreto de necesidad y urgencia, sin seguir los procedimientos societarios requeridos. Ahora, enfrentan una condena de 16.000 millones de dólares como indemnización por las acciones de los funcionarios kirchneristas, que fueron consideradas soberbias y prepotentes. En su momento, entraron de manera agresiva a la torre de YPF en Puerto Madero; ahora, deben afrontar el costo.

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El conflicto se originó por la forma en que se estatizó el paquete accionario. Burford Capital y Eton Park compraron el derecho a litigar contra Argentina y YPF, y ganaron la demanda en primera instancia al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no realizó una oferta pública de adquisición completa, como lo exigía el estatuto de la empresa.

Las palabras del gobernador, Axel Kicillof, no son ajenas a las consecuencias judiciales. De hecho, sus declaraciones han llevado a instancias judiciales, y la jueza norteamericana recuerda bien sus comentarios. En el pasado, Kicillof había afirmado en el Senado que “los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”.

Aunque el impacto de las palabras ha disminuido en Argentina, en Nueva York, 11 años después, la jueza Preska citó esa actitud arrogante en su condena a la Argentina, que podría ser la más alta en la historia del país. 

“Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que, supuestamente, le permitió adquirir el control de YPF sin ser ‘estúpido’ y cumplir los estatutos”, destacó la magistrada en su sentencia.

En mayo, la jueza convocó a una audiencia en la que consideró a YPF y al Banco Central (BCRA) como posibles “alter ego” del Estado argentino, y ordenó al país proporcionar información de los últimos dos años para probar la relación entre la petrolera y la entidad monetaria con el Estado.

A pesar de que los abogados del país apelaron la sentencia, no depositaron la garantía mínima requerida por los tribunales estadounidenses para evitar embargos. Mientras los jueces de alzada deciden sobre la apelación, los fondos intentan cobrar la deuda.

La tarea de encontrar activos soberanos no es fácil, por lo que los demandantes buscan demostrar que la petrolera es un “alter ego” del Estado por todos los medios posibles. Las declaraciones de Kicillof, una vez más, han terminado en el expediente.