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POLITICA

Juristas rechazaron los cambios en el Código Civil y Comercial de la Ley ómnibus: peligra el traspaso de la justicia

Aída Kemelmajer de Carlucci y Marcelo Gallo Tagle expusieron las diferencias con las reformas judiciales que plantea el gobierno en la legislación enviada al Congreso.

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La ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci y el ex presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) Marcelo Gallo Tagle expusieron en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre las reformas en materia judicial que propone el proyecto de ley ómnibus que envió el gobierno de Javier Milei.

Ambos juristas rechazaron las modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación y la ratificación del traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires.

Kemelmajer de Carlucci, especialista en derecho civil, expuso en representación del Instituto Argentino del Derecho del Consumidor y de más de un centenar de profesores universitarios que firmaron una carta abierta. La jurista rechazó las modificaciones que el proyecto le hace a varios artículos del Código Civil y Comercial de los cuáles se eliminan las referencias a la moral, las buenas costumbres y el orden público en materia contractual.

“Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado, ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con la libertad y mucho menos con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo en campaña que se reformaría el Código Civil y Comercial”, sostuvo. Y agregó que “el proyecto de ley contradice la sistemática del Código Civil y Comercial de la Nación, incentivando un foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de operadores que son jurídicos y no jurídicos y, consecuentemente, el perjuicio que esto le causa a las destinatarias y destinatarios de las normas; es decir, a todas las personas que están en el territorio argentino”.

La ex magistrada señaló que así como se quitan de varios artículos las referencias a la moral, las buenas costumbres y el orden público en otros se mantienen, lo que es una contradicción. “Supongamos que estamos de acuerdo que se suprime la palabra moral, aunque cuando esa palabra también está en la Constitución Nacional. Pero hay un artículo en el Código, que es el 12 que habla del fraude a la ley y que dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Entonces ¿cómo dejo el artículo 12 que habla del orden público y saco el artículo 1014 que habla del orden público? Estos ejemplos son suficientes para mostrar el peligro de reformar sin un estudio sistémico del Código”, ´planteó.

También hizo referencia a la propuesta del divorcio administrativo. “Supongamos que estamos de acuerdo con que el que me casó, me divorcia. Pero la reforma no solo no habla de los bienes y de los niños sino que dice que el divorcio se produce por la comunicación que hacen los cónyuges, ni siquiera me exige la registración. Y tengo artículos en el código que regulan figuras tan importantes como las prestaciones compensatorias que el plazo para demandar comienza a partir de la sentencia de divorcio”, criticó.

Marcelo Gallo Tagle - Infobae

Por su parte, Marcelo Gallo Tagle expuso sobre el artículo 349 del proyecto que establece que el gobierno impulsará “todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice” el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. En representación de la AMFJN, Gallo Tagle -juez civil y actual prosecretario general de la institución- rechazó la propuesta a la que calificó de “inconstitucional”.

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Así, el juez resaltó que, de concretarse el traspaso las causas judiciales, duraría más tiempo que el incorporar otra instancia de revisión de los expedientes, ya que intervendría el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

“El Estado se integra con el gobierno federal y los provinciales. La ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como gobierno autónomo, carece de una verdadera autonomía institucional. Su personalidad jurídica y política no emana de un poder originario y propio sino que es producto de la voluntad de un ente superior, la nación argentina expresada en la Constitución”, explicó.

El magistrado rechazó que la crítica al traspaso sea la defensa de un interés corporativo: “Lo que se defiende es el respeto de la independencia del Poder Judicial, de la división de poderes, objetivos que redundan en los beneficios a los ciudadanos de tener jueces independientes, probos y con capacidad para defender sus decisiones”.

También criticó la oportunidad de la iniciativa -“no parece que la ciudadanía hoy esté preocupada por un tema como el traspaso”- y que “no hay plata para hacer este trabajo”. “Hoy la justicia nacional funciona con el aporte de las provincias. Al hacerse el traslado ¿se hace con esas partidas provinciales? Claramente no creo que sea así. En 2016, cuando había uniformidad en el signo político de la ciudad, la provincia y la nación, se intentó y tampoco se logró por una razón: lo que nace mal difícilmente pueda concluir en éxito”, señaló.

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Montoneros, de ayer a hoy (Última parte). Libres, impunes y activos

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Escondidas tras la fachada de una falsa “militancia popular” esas mismas organizaciones y personas de fuertes vínculos internacionales que sembraron el terror en los años 70 hoy siguen brindando apoyo y solidaridad a Irán, a Hezbollah y a los demás grupos terroristas que de ellos dependen. Son las mismas que extienden su actividad a manifestaciones y expresiones incluso de extrema violencia contra los Estados Unidos y el Estado de Israel, con la excusa de una supuesta lucha contra “el sionismo internacional”.

Es precisamente la dirección en que se ha movido, entre otros, Emilio Pérsico, un oficial de Montoneros que participó en la Contraofensiva bajo el nombre de guerra de Arturo. Con el tiempo, fue funcionario público durante gobiernos kirchneristas y referente del Movimiento Evita. Junto a sus antiguos compañeros de armas Roberto Perdía y Fernando Esteche, fue también fundador del violento movimiento Quebracho, que marchaba por el centro de la Capital con consignas antisemitas, desplegando banderas de Irán y de Hezbollah.

Durante el gobierno de los Kirchner, parte de estos sectores de agitación, ocupantes de tierras y reivindicadores del terrorismo, se convirtieron en movimientos piqueteros con el propósito de constituir milicias populares. Los Kirchner financiarían a muchos de ellos con fondos millonarios del Estado convirtiéndolos por décadas en intermediarios de la ayuda social estatal.

La agrupación Madres de Plaza de Mayo, en la facción que lideraba Hebe de Bonafini, fue otra de las organizaciones que contaron siempre con el apoyo de Montoneros y desde la cual se alentaron acciones violentas contra el Estado de Israel. Con dinero del Estado, esa organización fue responsable de un millonario desfalco en viviendas populares cuyos adjudicatarios recibían adoctrinamiento político por parte del personal de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Cabe recordar que Hebe de Bonafini, de fuertes lazos con los Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, concurrió como invitada especial a la recepción que el presidente Evo Morales dio al mandatario iraní Mahmud Ahmadinejad, aliado estratégico de los gobiernos venezolano y boliviano.

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Muchos montoneros han cobrado millonarias indemnizaciones mientras injustamente no recibieron el mismo trato las víctimas de la guerrilla. Hubo que esperar décadas para que recién este año el Ministerio de Defensa anunciara que se pagará una compensación económica a los familiares de los nueve soldados conscriptos asesinados y también de los heridos durante el sangriento copamiento de parte de Montoneros al Regimiento de Infantería de Formosa, en 1975. Esa decisión había sido adoptada por decreto de Mauricio Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por cuestiones claramente ideológicas, nunca las pagó. Finalmente, el 4 de este mes, se publicó en el Boletín Oficial la citada indemnización.

Otra fue la historia para los montoneros, beneficiados también con el acceso a importantes cargos públicos, pese a haber sido cultores de la violencia, la destrucción y la anarquía.

Mario Firmenich fue contratado como asesor del gobierno del nicaragüense Daniel Ortega. Fernando Vaca Narvaja se dedicó a procurarles asistencia legal a grupos seudomapuches que vandalizaron propiedades, ocuparon tierras públicas argentinas y atentaron contra habitantes de la región. Roberto Perdía, hasta su reciente muerte, también estaba detrás de la toma de tierras y alentando a grupos piqueteros. Muchos que han llegado a ser gobernadores, embajadores, diputados, funcionarios municipales y asesores se suman a la política portando sin culpas ni vergüenzas su pasado asesino, un sangriento historial desconocido para los más jóvenes.

El prestigioso historiador Félix Luna lo ha dicho con claridad y contundencia: “Hallo injustificable la actitud de políticos, artistas, sacerdotes, gremialistas, periodistas y otros que, por esnobismo o cálculo, contribuyeron a crear un clima de simpatía hacia Montoneros o pretendieron dar jerarquía política a cónclaves donde se procesaba secretamente a determinados personajes, se las condenaba a muerte y se ejecutaban tales sentencias. ¡Muy enfermo debió estar nuestro país para que ocurrieran estas aberraciones!”.

Las jóvenes generaciones deben acceder a datos fehacientes sobre estos protagonistas de nuestra historia reciente, pues su nefasta influencia no cesa.

La paz, la reconciliación y la unión nacional son siempre objetivos prioritarios para cualquier nación. Si indignan las abultadas indemnizaciones y los privilegios de los que gozan los responsables de tantos dolorosos crímenes, más conmocionan la falta de reconocimiento y las violaciones a los derechos de sus víctimas, al igual que la negación de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años y la añosa persecución a miembros de fuerzas armadas y de seguridad, que, en nombre de la Nación y cumpliendo el mandato de ella recibido, los combatieron. Deberíamos preguntarnos si tanta injusticia no nos vuelve en cierto modo indignos de la libertad de la que hoy gozamos.

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