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POLITICA

Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense su propio RIGI en medio de la disputa por una megaobra de gas

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció el envío a la Legislatura de su propio proyecto de régimen de inversiones, en plena disputa con Río Negro por una inversión que se presenta como fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta: la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL).

La provincia gobernada por Alberto Weretilneck corre con ventaja porque fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la principal condición que puso el presidente de YPF, Horacio Marín, para la obra.

Leé también: Río Negro adhirió al RIGI y aventaja a Buenos Aires en la disputa por la construcción de una obra millonaria

Kicillof evitó dar definiciones en conferencia de prensa sobre si adherirán o no al RIGI, y aclaró que todavía no se reglamentó, planteó que no saben “cómo se implementará” y que es “mucho más generoso” con las empresas que el proyecto de Régimen de Promoción del GNL, que dijo que era “lo conveniente”, aunque se trata de una iniciativa y no de una ley, porque solo tiene media sanción de Diputados.

El gobernador bonaerense anunció el envío a la Legislatura de “un proyecto de ley para régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas”, que incluye “varios requisitos que presentan compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca”, que contempla el rápido tratamiento de proyectos y el ofrecimiento de “estabilidad tributaria” a las obras que sean aprobadas.

Kicillof explicó que todavía no conocen “los detalles del proyecto, las etapas, duración, cronograma de inversiones, efectos en materia de producción y empleo, beneficios económicos”, que pidieron tener respuesta sobre “16 puntos de información”, y planteó: “Nos piden que tomemos resoluciones, ya, sobre un proyecto que no conocemos, lo que sería insensato, poco lógico”.

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El gobernador bonaerense dijo: “Varias consultas superan las atribuciones del Ejecutivo provincial, como la adhesión a un régimen”, que debe haber decisiones de la Legislatura, el municipio y el Puerto de Bahía Blanca, y que no anunciarán posturas que “superan” sus competencias.

Las claves de la planta de GNL que busca quedarse Buenos Aires

La planta de GNL era un proyecto originalmente pensado para la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Bahía Blanca. De hecho, ese es el argumento del Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof para quedarse con el proyecto: aseguran que trabajan en él desde 2017, mientras que el año pasado se efectivizó la reserva de 1500 hectáreas en el predio del Puerto Bahía Blanca para localizar la planta.

Las petroleras YPF y Petronas (Malasia) lideran el proyecto denominado como una de las “mayores obras de infraestructura” de la historia argentina, con inversiones de entre US$30.000 millones y US$40.000 millones desde 2025 a 2031.

Los argumentos de Río Negro en la pulseada con Buenos Aires por la obra energética

Desde el entorno de Weretilneck le confirmaron a TN que el gobernador envió una respuesta formal a YPF de aceptación de las condiciones que pide la petrolera para la construcción de la obra energética, en medio de la puja de la provincia patagónica con Buenos Aires. Además de la adhesión al RIGI, aprobada por la Legislatura de Río Negro, están la creación de un régimen provincial, exención de tasas municipales, permisos ambientales y garantías de los terrenos en los puertos, entre otras.

Allegados al gobernador patagónico dijeron que hicieron “todos los deberes” y que se quedarán con el proyecto. Mientras que Weretilneck planteó: “No es Río Negro solo, es el norte de la Patagonia. Nosotros tenemos nuestro puerto, que es el puerto de San Antonio Oeste, y tenemos un golfo que es sumamente competitivo. Por tres barcos del tamaño que ingresan a Bahía Blanca, en Río Negro se podría hacer con un solo barco. Esto genera una competitividad enorme, más de cuatro dólares por barril de competitividad”.

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Axel Kicillof, YPF

POLITICA

La crisis con la Justicia Nacional existe, pero la Corte no piensa moverse de su decisión

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Que un grupo muy jerarquizado de jueces nacionales se pronuncie explícitamente contra un fallo de la Corte Suprema no es algo frecuente y habla de la aversión que tienen esos magistrados ante la posibilidad de rendir cuentas ante la Justicia porteña.

Un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil aseguró que sus miembros piensan desconocer la orden de la Corte, que en diciembre dijo que deben enviar sus apelaciones al Tribunal Superior de la justicia porteña.

La Corte Suprema se reunirá este jueves, y en Tribunales no descartan que haya algún pronunciamiento que refuerce lo que ya dijeron los jueces a fin de año con respecto al Caso Levinas, que a su vez refleja lo que venía diciendo la Corte desde hace varios años: que los jueces de fueros nacionales tendrán como tribunal de alzada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Corte señalan que el pronunciamiento de la Cámara Civil, si bien es el resultado de lo discutido en un plenario del más numeroso de los cuatro cuerpos de jueces nacionales alcanzados por la decisión de la Corte en el Caso Levinas, no es más que una definición de carácter administrativo. “El pronunciamiento existe, pero es algo administrativo, no es un fallo judicial. Hasta ahora no hubo ninguna decisión judicial contraria a lo que dijo la Corte”, explicó a Clarín un funcionario que trabaja en La Corte Suprema.

En rigor, si la Cámara Civil se niega a enviar un expediente al Tribunal Superior de Justicia, esa causa llegará a la Corte Suprema, que, se supone, dirá lo mismo que dijo en el Caso Levinas, y girará el caso al tribunal porteño, como ya hizo con ese expediente a principios de este mes.

Ahora, a diferencia de lo que pasó en diciembre, cuando votó el hoy jubilado Juan Carlos Maqueda, la Corte tendrá que actuar con sólo tres jueces. Como Carlos Rosenkrantz votó en disidencia en aquel expediente, es posible que en una nueva decisión tengan que intervenir conjueces, que surgirán de las Cámaras Federales.

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El choque entre el pronunciamiento administrativo de la Cámara Civil y un fallo de la Corte Suprema tiene un antecedente bastante cercano, y que da un indicio sobre cómo puede actuar la Corte Suprema en este caso.

En 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (también afectada por el Fallo Levinas) firmó un acta en la que establecía un método para calcular las actualizaciones por intereses en los juicios laborales. Según esa acta de la Cámara, la 2764/2022, los intereses de una indemnización a un trabajador, por ejemplo, debían capitalizarse en forma periódica, un procedimiento que multiplicaba el monto que debía pagar una empresa en un juicio laboral.

Hace justo un año, la Corte anuló esa acta de la Cámara, y lo hizo al fallar sobre un caso particular. En febrero de 2024, en el Caso Oliva, la Corte revocó el cálculo de una indemnización y dejó sin efecto el acta de la Cámara del Trabajo que había hecho posible ese cálculo. Esa decisión, expresada por la Corte en un fallo, obligó a la Justicia laboral a cambiar el cálculo de los intereses que estaban haciendo en los juicios.

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