POLITICA
Kicillof enviará a la Legislatura bonaerense su propio RIGI en medio de la disputa por una megaobra de gas
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció el envío a la Legislatura de su propio proyecto de régimen de inversiones, en plena disputa con Río Negro por una inversión que se presenta como fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta: la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL).
La provincia gobernada por Alberto Weretilneck corre con ventaja porque fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la principal condición que puso el presidente de YPF, Horacio Marín, para la obra.
Leé también: Río Negro adhirió al RIGI y aventaja a Buenos Aires en la disputa por la construcción de una obra millonaria
Kicillof evitó dar definiciones en conferencia de prensa sobre si adherirán o no al RIGI, y aclaró que todavía no se reglamentó, planteó que no saben “cómo se implementará” y que es “mucho más generoso” con las empresas que el proyecto de Régimen de Promoción del GNL, que dijo que era “lo conveniente”, aunque se trata de una iniciativa y no de una ley, porque solo tiene media sanción de Diputados.
El gobernador bonaerense anunció el envío a la Legislatura de “un proyecto de ley para régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas”, que incluye “varios requisitos que presentan compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca”, que contempla el rápido tratamiento de proyectos y el ofrecimiento de “estabilidad tributaria” a las obras que sean aprobadas.
Kicillof explicó que todavía no conocen “los detalles del proyecto, las etapas, duración, cronograma de inversiones, efectos en materia de producción y empleo, beneficios económicos”, que pidieron tener respuesta sobre “16 puntos de información”, y planteó: “Nos piden que tomemos resoluciones, ya, sobre un proyecto que no conocemos, lo que sería insensato, poco lógico”.
El gobernador bonaerense dijo: “Varias consultas superan las atribuciones del Ejecutivo provincial, como la adhesión a un régimen”, que debe haber decisiones de la Legislatura, el municipio y el Puerto de Bahía Blanca, y que no anunciarán posturas que “superan” sus competencias.
Las claves de la planta de GNL que busca quedarse Buenos Aires
La planta de GNL era un proyecto originalmente pensado para la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Bahía Blanca. De hecho, ese es el argumento del Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof para quedarse con el proyecto: aseguran que trabajan en él desde 2017, mientras que el año pasado se efectivizó la reserva de 1500 hectáreas en el predio del Puerto Bahía Blanca para localizar la planta.
Las petroleras YPF y Petronas (Malasia) lideran el proyecto denominado como una de las “mayores obras de infraestructura” de la historia argentina, con inversiones de entre US$30.000 millones y US$40.000 millones desde 2025 a 2031.
Los argumentos de Río Negro en la pulseada con Buenos Aires por la obra energética
Desde el entorno de Weretilneck le confirmaron a TN que el gobernador envió una respuesta formal a YPF de aceptación de las condiciones que pide la petrolera para la construcción de la obra energética, en medio de la puja de la provincia patagónica con Buenos Aires. Además de la adhesión al RIGI, aprobada por la Legislatura de Río Negro, están la creación de un régimen provincial, exención de tasas municipales, permisos ambientales y garantías de los terrenos en los puertos, entre otras.
Allegados al gobernador patagónico dijeron que hicieron “todos los deberes” y que se quedarán con el proyecto. Mientras que Weretilneck planteó: “No es Río Negro solo, es el norte de la Patagonia. Nosotros tenemos nuestro puerto, que es el puerto de San Antonio Oeste, y tenemos un golfo que es sumamente competitivo. Por tres barcos del tamaño que ingresan a Bahía Blanca, en Río Negro se podría hacer con un solo barco. Esto genera una competitividad enorme, más de cuatro dólares por barril de competitividad”.
Axel Kicillof, YPF
POLITICA
Gabriel Solano: “El gobierno utiliza la Justicia para criminalizar la protesta social»
Gabriel Solano explicó que la reciente intensificación de causas judiciales contra grupos como el Polo Obrero no es un fenómeno aislado, sino parte de una campaña más amplia de persecución política. «Estamos frente a una campaña de persecución política que se evidencia en la proliferación de causas en todo el país. En los últimos dos o tres meses, ha habido más de 150 allanamientos a comedores populares en diferentes puntos de Argentina», afirmó el legislador.
Según Solano, el objetivo de estas acciones judiciales es criminalizar la protesta y deslegitimar a las organizaciones sociales que se oponen a la política gubernamental. «Las acusaciones en los procesos, como la de extorsión y falta de contraprestación laboral en los comedores, son completamente falsas. No hay pruebas que sustenten estas acusaciones», sostuvo.
Además, el legislador porteño denunció la falta de asistencia gubernamental en los comedores populares, que son fundamentales para muchos argentinos que enfrentan problemas de hambre. «El gobierno ha dejado de enviar alimentos a los comedores, lo que ha llevado al cierre de muchos de ellos. Los comedores sobreviven gracias al esfuerzo solidario de vecinos y al apoyo de gobiernos provinciales y municipales», explicó.
También criticó la falta de respuesta de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien, según él, ha ignorado los pedidos de reunión de las organizaciones sociales. «Es inaceptable que la ministra no se haya reunido con las organizaciones. Su rol es crucial para coordinar la asistencia y garantizar que los comedores puedan seguir funcionando», remarcó Solano.
Por último, Solano advirtió que la situación actual refleja una crisis más profunda: «La política económica del gobierno ha exacerbado la pobreza y la indigencia, mientras que la asistencia social se destruye. Esto no es solo un ataque a las organizaciones sociales, sino a las personas que están sufriendo por la falta de políticas públicas efectivas».
En la entrevista, el dirigente destaca la grave crisis que enfrentan los comedores populares y el uso del sistema judicial como herramienta de represión política, mientras la asistencia social y las necesidades básicas de la población quedan desatendidas. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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