El proyecto para una nueva ley de Glaciares, que el Senado tratará este jueves, reduce las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.

Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas, tal como publicó . El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.

Entre las provincias, se encuentra la delegación en las provincias de la definición ​de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, ​que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.

En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.

Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía -como autoridad de aplicación- defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.

Mientras la iniciativa es rechazada por organizaciones ambientalistas, mineras y otros actores empresarios consideran ​que la reforma brindaría precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por ‌la transición energética.

“La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”, dijo la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en un comunicado.

Este jueves, miembros de la organización Greenpeace fueron detenidos en el Congreso, en la antesala al tratamiento del Senado del proyecto de reforma.

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y detuvieron a 12 integrantes de la organización ambientalista por disturbios en la vía pública.

“Estamos en la puerta del Congreso junto a activistas exigiendo a los senadores que no entreguen el agua de la Argentina y que voten a favor de los glaciares. La ley de glaciares no se toca. Junto a 200.000 personas de todo el país vamos a estar resistiendo hasta que salvemos la ley de glaciares”, dijeron en un video publicado en redes sociales.

BUENOS AIRES (Reuters).- El Congreso comenzará este jueves a tratar cambios en la ley de Glaciares, una norma que protege los glaciares andinos, para desbloquear inversiones de empresas mineras, modificaciones que los ambientalistas ‌consideran que comprometen el acceso al agua.

El ‌proyecto , que será tratado primero por el Senado, fue impulsado por el presidente Javier Milei, que ya otorgó beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos a las mineras a través de un régimen especial de inversiones conocido como RIGI, que logró atraer a ​gigantes como ⁠Glencore Plc, BHP y ⁠Lundin Mining.

Según la Ley 26.639 (o ley de glaciares), se encuentran prohibidas ciertas actividades productivas para preservar glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos para cumplir ciertas funciones (entre otras, la de “atractivo turístico”). Se trata de un “presupuesto mínimo de protección” que el art. 41 de la Constitución autoriza a dictar a la Nación.

La norma también creó el Inventario Nacional de Glaciares, que relevó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera de los Andes, con una superficie cercana a los 8484 kilómetros cuadrados, un informe elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia). El instituto dijo en un comunicado que no había sido informado o consultado sobre los cambios a la ley.

La reforma incluye una serie de cambios que, según ambientalistas, diluirían las protecciones a los glaciares, aunque las mineras y otros actores consideran ​que brindarían precisiones para avanzar con inversiones que convertirían al país en un proveedor clave de cobre y litio, metales con creciente demanda por ‌la transición energética.

Una de las principales modificaciones consiste en delegar en las provincias la definición ​de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, ​que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.

“La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”, dijo la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en un comunicado.

“Planteamos la necesidad de aclaraciones técnicas más precisas, especialmente sobre las zonas periglaciares”, agregó y sostuvo que en regiones con minería, cerca del 93% del agua se destina a la agricultura y el 1% a la minería. ​El porcentaje restante lo usan otras industrias.

Si la reforma fuera apoyada por el Senado, pasará a Diputados para una nueva votación.

Las opiniones se hallan divididas. ⁠Mientras que algunos argumentan que las provincias son titulares de los recursos y deben definir cuáles proteger, grupos ambientalistas como Greenpeace consideran que “se corre el riesgo de que primen intereses económicos por sobre ‌la preservación del agua”.

La ley sancionada en 2010 que el Gobierno quiere modificar prohíbe la explotación minera y otras actividades industriales en glaciares y zonas periglaciales (glaciares de escombros y suelo congelado), estableciendo los presupuestos mínimos para su protección y buscando la preservación de estas formaciones como reservas estratégicas de recursos hídricos.