POLITICA
Kristalina Georgieva dijo que le parece “razonable” un desembolso inicial del 40% del nuevo programa del FMI
WASHINGTON.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, abrió la puerta este lunes a la posibilidad de que la Argentina reciba un desembolso inicial por alrededor de US$8000 millones una vez que el Directorio Ejecutivo apruebe el nuevo programa que está terminando de negociar el gobierno de Javier Milei.
Georgieva dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que una solicitud de la Argentina de recibir un desembolso inicial del 40% del total del nuevo programa, que sería por un monto total de US$20.000 millones, es “razonable” a partir de los resultados que arrojó el programa económico de Milei.
“Es una petición razonable. Se la han ganado, dado su desempeño”, dijo Georgieva, citando los esfuerzos de la Argentina por implementar reformas económicas.
Georgieva dijo además que espera tener cerrado el nuevo acuerdo antes de las próximas reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial, que se realizarán en Washington entre el 21 y el 26 de abril.
Es la primera vez que Georgieva menciona, aun de manera indirecta, cuál podría llegar a ser el monto del primer desembolso del nuevo acuerdo con el gobierno de Milei. Es una práctica habitual en los programas del Fondo con sus países miembros que el primer giro sea más alto que los siguientes para reforzar las reservas del país.
El gobierno de Alberto Fernández recibió, a principios de 2022, un desembolso inicial por casi US$10.000 millones. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri logró fortalecer las reservas del Banco Central en medio de una fuerte corrida cambiaria en unos US$15.000 millones gracias al primer giro del acuerdo Stand-By firmado ese año. Ambos desembolsos fueron menores en relación con el monto total del préstamo que el giro que recibiría el gobierno de Milei si se confirma la cifra que mencionó Georgieva.
La declaración de la jefa del Fondo llega en medio de un nuevo sacudón en los mercados internacionales que volvió a tocar a los activos argentinos, sometidos en los últimos días a una ola de volatilidad que en el oficialismo le achacan a los rumores y las especulaciones en torno al acuerdo con el Fondo, pero también a un intento de la oposición por desestabilizar al gobierno de Milei.
Caputo había adelantado la semana pasada el monto total de US$20.000 millones en discusión con el Fondo, pero, en un episodio que sumó confusión y generó una dosis adicional de incertidumbre, la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, evitó confirmar esa cifra el jueves en su habitual conferencia de prensa, al indicar solamente que el monto del nuevo programa sería “considerable”. El Fondo suele difundir la cifra de sus programas solo después de que son aprobados por el board. Un día después, el viernes, y en medio de una continua ansiedad en la Argentina por el movimiento del dólar, Kozack ratificó finalmente esa cifra con una publicación en sus redes.
“Cualquier paquete acordado y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Como ya hemos mencionado, el progreso del nuevo programa está muy avanzado y la colaboración continúa a todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a la Argentina a consolidar su ya exitoso programa económico”, afirmó Kozack.
Tras la confirmación del Fondo de la cifra total del nuevo préstamo, Caputo publicó un mensaje en X: “Una vez más, contestamos con hechos. Fin”. Más tarde, Caputo publicó la cita completa de Kozack.
Ayer por la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió otra vez al acuerdo con el Fondo en una entrevista con LN+: “Veníamos con un acuerdo que estaba completamente caído porque no habían cumplido. No fuimos a uno nuevo, porque si le decíamos al Fondo lo que queríamos hacer, iban a dudar y no los íbamos a convencer para recapitalizar al Central”.
Caputo dijo en esa entrevista que todavía restaba definir el cronograma de desembolsos, y que el Gobierno había solicitado un primer desembolso mucho más grande de los que suele dar el Fondo. El jefe del Palacio de Hacienda volvió a cargar contra el kirchnerismo al acusarlo de querer desestabilizar políticamente al gobierno de Milei. Y volvió a descartar una devaluación brusca del peso, uno de los principales combustibles de las especulaciones en torno al ida y vuelta con el Fondo.
La declaración de Georgieva arrojó luz sobre otro detalle del nuevo programa, que se va conociendo a cuentagotas, algo ciertamente poco habitual en el historial del Fondo, que suele mantener bajo el más estricto hermetismo los detalles de sus negociaciones a sabiendas del impacto que puede tener en los mercados. Pero el Fondo también suele esperar a tener la aprobación definitiva de un acuerdo por parte del board antes de dar a conocer los detalles del paquete pactado con un gobierno de uno de sus países miembros.
Lo único que resta conocer del nuevo programa es el menú de políticas y las metas que se comprometió a alcanzar el Gobierno en materia fiscal, monetaria y cambiaria. Una de las preocupaciones centrales del Fondo es la acumulación de reservas: sin reservas, el país no puede darle sustentabilidad a los pagos de su deuda, incluida la deuda con el organismo. Es por eso que la principal inquietud, que todavía debe ser develada, es qué política cambiaria se comprometió a implementar el gobierno de Milei para arraigar el plan de estabilización y, a la vez, engordar de dólares las arcas del Banco Central, un objetivo elusivo en el último tiempo en medio de la persistente volatilidad.
Las expectativas locales luego de su palabra
La definición de la directora gerente del FMI despertó expectativa entre los operadores y analistas locales. Después de todo no son lo mismo esos dichos en boca del deudor que en la del acreedor.
Con base en esto un relevamiento realizado por LA NACION los encontró esperanzados que esta definición ayude a tranquilizar un poco a la plaza cambiaria local, aunque no creen que termine de estabilizarla, ya que, aunque haya mayor certeza sobre el nivel de desembolsos, siguen las dudas sobre a qué adaptación de la política cambiaria pudieran estar atados.
“En principio esta definición puede ayudar a moderar los riesgos de ir hacia un mayor stress, pero no mucho más porque la principal definición que el mercado espera es hacia qué esquema cambiario vamos y eso no lo van a anticipar ni Georgieva ni Caputo. Además, que esto se defina recién sobre el final de abril complica”, opinó Pablo Repetto, jefe de analistas de Aurum Valores.
“Es buena noticia que Georgieva haya hecho esa mención que lleva al mercado a pensar en un primer ingreso de US$8000 millones. Podría actuar como un antídodo a la ansiedad que ganó al mercado aunque -claro- falta que el board lo apruebe y que se sepa sobre si ese desembolso viene con algo detrás, básicamente en torno a qué tipo de política cambiaria está incluida en el acuerdo que es la duda central del mercado”, evaluó en igual sentido el economista Martín Polo.
POLITICA
Basural de Luján: nuevas pericias confirmaron una alta contaminación en tierra, agua y aire
Una reciente pericia judicial agregada a la causa penal que instruye el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto confirmó niveles críticos de contaminación producidos por el basural a cielo abierto de Luján. Los estudios detectaron sustancias tóxicas en agua, suelo y aire, incluyendo amonio, benceno y cobre. Los niveles hallados superan los límites legales, y representan riesgos graves para la salud como leucemia, daño neurológico y enfermedades respiratorias. Los contaminantes encontrados están clasificados como residuos peligrosos bajo la Ley 24.051. Según las conclusiones de los químicos volcados en el expediente, “su persistencia en el ambiente podría extenderse por décadas”.
Los estudios periciales no hacen más que confirmar y complementar los análisis que fueron incorporados a la causa Nº FSM 9100/2011/CMF1, y que representa un grave riesgo tanto para la salud humana como para el medioambiente.
Por estos hechos, el fiscal de la causa Carlos Alberto Stagnaro solicitó tres veces la declaración indagatoria del intendente de Luján, Leandro Boto, y a varios de sus funcionarios (el 24 de mayo de 2024, el 8 de junio de 2024 y el 25 de octubre 2024), pero el magistrado rechazó cada uno de esos pedidos y tomó a su cargo la investigación que estaba delegada en la fiscalía.
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De acuerdo con el informe, las muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas en el Laboratorio de Estudios Ambientales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, revelaron niveles elevados de sustancias tóxicas.
En el expediente, al que accedió Infobae, consta la declaración testimonial del entonces jefe de Delitos Ambientales de la PFA, comisario inspector Alberto Raúl Candia quien declaró que la Municipalidad de Luján “no controla el volcado de residuos tóxicos”. En la segunda foja de su exposición, el oficial aseguró que en el Basural a Cielo Abierto de Luján se vuelcan sistemáticamente y de manera ilegal residuos peligrosos y opinó que esto sucede porque “no hay control de ningún tipo de nada, como ser el ingreso de camiones, etc”.
El último informe químico incorporado al expediente revela que en el agua, se encontraron concentraciones de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito que superan los parámetros establecidos para la protección de la vida acuática y el consumo humano.
En el suelo, se detectaron benceno, cobre y etilbenceno en cantidades que exceden los valores aceptables para usos agrícolas y residenciales.
En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado denominados en el expediente como “PM10″ por encima de los niveles de referencia. Se trata de partículas sólidas o líquidas muy pequeñas suspendidas en el aire, con un diámetro aerodinámico menor a 10 micrómetros (unas 7 veces más pequeñas que un cabello humano). Estos elementos pueden incluir: polvo, cenizas, hollín, fragmentos de metales y gotas de líquidos contaminantes. Al ser tan pequeñas, las PM10 pueden ingresarse profundamente en los pulmones al respirar, afectando el sistema respiratorio. Están asociadas a enfermedades como bronquitis crónica, asma, y agravamiento de enfermedades cardíacas. En exposición prolongada o a niveles elevados, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares.
Estas sustancias son producidas por procesos industriales como de vehículos, quema de basura, emisión de polvos, como en este caso en basurales a cielo abierto de Luján.
El informe también clasificó los residuos hallados como peligrosos debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad. Entre los contaminantes detectados se incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos como aldrín, lindano y DDT, y solventes orgánicos.
Según los peritos, la exposición prolongada a estas sustancias podría causar daños hepáticos, renales y neurológicos, así como enfermedades respiratorias y un mayor riesgo de cáncer. Además, algunos de estos compuestos poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto a largo plazo.
La investigación, ordenada por el Juzgado Federal de Mercedes, tuvo como objetivo determinar si el basural operaba en infracción a las normativas ambientales vigentes y evaluar el impacto de los residuos en la salud y el ecosistema. Las denuncia iniciales fueron presentadas, de manera separada, por los vecinos Daniel Vicente Curci Castro, Viviana Novelle y tomadas como propias por el fiscal Ramiro González. Allí se alerta sobre posibles irregularidades en la disposición de desechos en el lugar. Sin embargo, y a pesar de los primeros resultados, el magistrado no tomó medidas contundentes para evitar que se siga contaminando.
El informe clasificó los residuos hallados como residuos peligrosos, debido a características de toxicidad, inflamabilidad y reactividad, entre otras. Los contaminantes detectados incluyen metales pesados como cobre, cromo, cadmio y plomo, además de plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos.
Respecto a los riesgos, los peritos advirtieron que la exposición crónica a las sustancias identificadas podría provocar daños hepáticos, renales y neurológicos, además de afectar el sistema hematológico y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. También señalaron que varios de los contaminantes poseen una alta persistencia ambiental, lo que podría agravar su impacto en el mediano y largo plazo.
El caso podría tener repercusiones legales de gran alcance, ya que el basural se encuentra operando en condiciones que contravienen regulaciones ambientales vigentes, y la constatación de contaminación pone en riesgo tanto el ecosistema local como la salud de la población de Luján y áreas circundantes.
El proceso de investigación
La investigación se basó en el análisis de ocho muestras recolectadas el 7 de julio de 2023 por personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la supervisión del comisario inspector Alberto Candia. El material examinado incluyó tres muestras de suelo, cuatro de agua y una de aire, representativas de diferentes sectores del basural.
Los protocolos de análisis emplearon referencias de calidad establecidas en la legislación vigente. Para el agua, se utilizaron como referencia las tablas de niveles guía destinadas a la protección de la vida acuática y fuentes de agua para consumo humano. Para el suelo, se consideraron niveles aptos para uso agrícola, residencial e industrial, mientras que para el aire se aplicaron los límites estipulados en el Decreto Reglamentario 831/93 y 1074/18 de la Ley 24.051.
Los resultados evidenciaron que en varias muestras se superaron los valores máximos permitidos para distintas sustancias, especialmente en las matrices líquidas y sólidas. En el caso del aire, aunque se detectaron contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, no se midieron metales como mercurio ni gases como el cloruro de hidrógeno.
Uno de los casos más sensibles y graves fue destacado en su resolución por el fiscal federal Carlos Alberto Stagnaro, Fiscal Federal de Mercedes. En el expediente 9100/2021, caratulada: “Municipalidad de Lujan s/ Infracción ley 24051 (de residuos peligrosos)” le advierte al alcalde camporista Leonardo Boto que el Basural a Cielo Abierto en el cual la intendencia vuelca los residuos urbanos “no cumple con ninguna condición técnica de instalación y de gestión para que se considere un relleno sanitario … se encontraron numerosas pruebas materiales que evidencian que actualmente se vuelcan sistemáticamente de manera ilegal residuos peligrosos, categorizados como tal por la Ley 24051 … también se pudo constatar la quema permanente de residuos … el BCA con las condiciones observadas sería un foco de contaminación ambiental que podría generar riesgo sanitario a la población en general y en particular las personas de bajo recursos que habitualmente recolectan materiales».
En el mismo escrito, la fiscalía reveló que la “muestra 4″ extraída “del grifo de la Escuela Rural nº 3″ reveló que “los valores de Amonio y Nitratos hallados por encima de valor guía de la normativa vigente, podrían ser indicios de contaminación microbiológica».
El mismo fiscal, y por las irregularidades detectadas, solicitó en tres oportunidades al intendente Boto: “La totalidad de la prueba obrante en el presente expediente, como ya lo manifesté oportunamente, se encuentra debidamente acreditado con el grado de sospecha suficiente, que la Municipalidad de Lujan y la Dirección de Residuos Urbanos volcaban residuos de todo tipo, efluentes líquidos sin tratamiento alguno, residuos tóxicos peligrosos, como así también la quema de los residuos, lo que provoca una gran contaminación en el lugar“. Hasta ahora el magistrado denegó cada solicitud de indagatoria.
Ante la negativa del juez federal de Mercedes, el fiscal insistió en su reclamo de esta manera: “Valorados en forma armónica e integrada, la totalidad de los elementos de prueba obrante en la presente, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, permiten tener por acreditado el hecho ocurrido en el predio del ‘basural de Lujan’, desde el inicio de la presente, es decir que, desde el día 29 de junio del año 2021, fecha en que se realizó la primera de las cinco denuncias analizadas en autos, se arrojaron residuos patológicos, patogénicos y de todo tipo, sin los controles correspondientes, en el predio sito en la localidad de Lujan (B), denominado ” basural de Lujan”, asimismo se determinó la presencia de focos ígneos o incendios de residuos en el lugar sin ningún tipo de control, o prevención por parte de las autoridades responsables, provocando ello la contaminación ambiental del agua, tierra y aire, provocando un grave y serio peligro a la comunidad, situación esta que perdura hasta la actualidad».
El impacto potencial de esta contaminación es significativo. Además, la persistencia de algunos contaminantes en el ambiente podría extender su efecto durante décadas, dificultando su remediación.
El informe también subrayó la necesidad de realizar estudios más exhaustivos para evaluar el alcance total de la contaminación y su impacto en la población local. Aunque las técnicas analíticas utilizadas cumplieron con los estándares establecidos, los expertos recomendaron incluir en futuros análisis la medición de sustancias como dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, que suelen estar presentes en rellenos de residuos peligrosos.
El basural de Luján, que opera como el vertedero a cielo abierto más grande del país, representa un desafío ambiental y sanitario para la región. La contaminación detectada no solo pone en riesgo la salud de los habitantes de Luján y sus alrededores, sino que también amenaza la biodiversidad y los recursos naturales de la zona.
La persistencia de los contaminantes en el ambiente y la falta de medidas adecuadas para su manejo agravan la situación, subrayando la necesidad de una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.
Como informó de manera exclusiva este medio, ya en junio de 2023 la justicia encontró residuos peligrosos en el vertedero a cielo abierto de Luján y le ordenó al intendente de La Cámpora Leonardo Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad “controlando y almacenando debidamente los mismos, impidiéndose el ingreso y alojamiento indiscriminado de dicha clase de residuos patológicos en el predio, para evitar daños a la salud de las personas y el ambiente en general”.
Sin embargo, las prórrogas concedidas por el mismo magistrado posibilitaron que los camiones con residuos siguen ingresando al lugar.
Lo que ya se había detectado demostraba, no solo, que el vertedero es un foco infeccioso y de contaminación -como se denuncia en la causa penal que investiga el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto-; sino el riesgo que corren las familias que viven del basural. Personas que sin ninguna protección y en absoluta vulnerabilidad separan metales, cartones, vidrios y otros elementos para ser vendidos a los “galponeros”.
Para el fiscal de la causa en el expediente está “fehaciente acreditada la participación de los funcionarios imputados, -entre ellos el intendente- de los aquí imputados y también, con respecto a la participación de los acusados en el ilícito penal, está acreditado que los sindicados, por las funciones que asumieron en función a sus cargos, conocían de la problemática ambiental, provocada por la falta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, y del debido control de ingreso y disposición final de residuos dentro del predio a cargo del municipio de Luján, a la actualidad, no han adoptado medida alguna al respecto, a fin de evitar o al menos disminuir la contaminación generada en el basural a cielo abierto de esa localidad, quedando más que evidenciada la clara responsabilidad que les cupo a cada uno de ellos, ya sea por acción u omisión, y/o ignorar la reglamentación tanto local como federal que rige esta problemática ambiental».
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy la suspensión de las PASO bonaerenses, elecciones que estaban previstas para el 13 de julio próximo. Se votará entonces directamente en las elecciones generales, el 7 de septiembre.
De esta manera, habrá dos elecciones este año en este territorio: los comicios provinciales y las elecciones nacionales, que serán el 26 de octubre.
La suspensión de las PASO se aprobó con una mayoría de más de dos tercios, pero no tuvo unanimidad. No acompañaron la iniciativa ni el Frente de Izquierda ni Lucía Klug, diputada aliada a Juan Grabois. Tampoco Ricardo Lissalde, de Unión por la Patria.
Los legisladores retomaron el debate después del cuarto intermedio dispuesto el miércoles pasado, cuando, por falta de acuerdos dentro del peronismo entre los sectores que responden a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, debieron limitar la sesión que celebraban a un homenaje al papa Francisco.
Pero no todas fueron buenas noticias para Kicillof, que había pedido cambios en el cronograma electoral junto a la suspensión de las PASO: antes de la sesión de hoy, hubo una reunión en la Junta Electoral de la provincia para ajustar el calendario a la que faltaron las autoridades del kirchnerismo. Marcaron así que no tienen voluntad de cooperar con el pedido del gobernador de la provincia para organizar la elección con plazos que permitan garantizar la viabilidad de las elecciones anticipadas en este territorio.
Ignacio Amiconi
Mañana, a las 11, sesionará la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados de la provincia para debatir el tema de los plazos otra vez. Estarán presentes Kogan, el juez federal Alejo Ramos Padilla y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Gustavo Pulti, diputado aliado al gobernador, dijo hoy en el recinto parlamentario: “Es imprescindible contar con nuevos plazos acordes al calendario. Es insuficiente la decisión que hoy toma la Legislatura. Algunos como las hienas sonríen y se revuelcan en el barro. La Junta Electoral está diciendo que para poder analizar a cada candidato, requiere otros plazos, distintos a los que van a quedar vigentes ahora”.
La presidenta de la Junta Electoral de la provincia, Hilda Kogan, se encontró este mediodía con la ausencia de los presidentes de los bloques de Unión por la Patria en el Senado, Teresa García, y en Diputados, Facundo Tignanelli, que faltaron a la reunión convocada en el Palacio de Tribunales antes de la sesión en la Legislatura.
En cambio, sí asistieron Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe), Fabián Luayza (Unión Renovación y Fe), Laura Cano (PTS), Agustín Maspoli (UCR-Cambio Federal), Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza), Sergio Vargas (LLA), Guillermo Pacagnini (MST), Maricel Etchecoin (Coalición Cívica), Christian Gribaudo (Pro), Carlos Curestis (LLA), Joaquín de la Torre (Derecha Popular), Juan José Esper (en representación de Agustín Romo, por LLA) y Fernando Compagnoni (LLA).
“Como sabemos, estamos ante una circunstancia singular de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires”, dijo Kogan a los asistentes. “En esta instancia, la adecuada organización y resolución de aspectos operativos cumple un papel central en el proceso electoral”, remarcó la jueza.
“Por ello, desde la Junta Electoral propiciamos esta reunión para abordar cuestiones técnicas que, en conjunto con los partidos políticos, deben ser consideradas con el objetivo de garantizar que todo el pueblo de la provincia vote con tranquilidad”, destacó.
La presidenta de la Junta Electoral ya había anticipado que es “materialmente imposible” organizar la elección del 7 de septiembre sin modificar los plazos vigentes.
“En toda la historia electoral de la Provincia de Buenos Aires, los procesos electorales no fueron organizados de acuerdo a los plazos previstos en la Ley N° 5.109, sino que fueron adecuados de acuerdo a normativas nacionales o a normas provinciales en base a coyunturas específicas”, señaló Kogan. “Los plazos reales exceden los previstos en la normativa provincial”, advirtió la jueza.
En contra de la suspensión
“Ahora, también con la excusa de ahorrar dinero, casi aplauden cuando votan la suspensión de las PASO. Bueno, suspendan directamente todas las elecciones”, opinó, en minoría, Laura Cano Kelly, del Frente de Izquierda. “Déjense de hipocresía. Están metiendo a todo el pueblo en una disputa del partido gobernante”, señaló en el mismo sentido Klug, que también votó en disidencia.
En cambio, una de las más férreas aliadas al gobernador, Susana González, destacó: “No puedo tolerar que algunos que fueron en una lista con Axel Kicillof actúen como si fueran de la oposición. Debo decir tristemente que mi presidente del bloque (Unión por la Patria) hoy no fue a la reunión de la Junta Electoral, un organismo apartidario”. Y añadió: “Parece que buscan decir… si esto sale mal es por culpa de Kicillof. Están atentando contra sus propios intendentes, contra sus propios vecinos”.
Más de 10.000 candidatos
La Junta Electoral bonaerense le envió la semana que pasó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera (del Frente Renovador), en la que le advirtió que habrá “plazos de oficialización de candidatos y de boletas que son materialmente imposibles de cumplir”. Puntualizó que “solo hay diez días corridos para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados y la consiguiente oficialización”, para “un volumen de más de 10.000 candidatos”.
Recomendó, en consecuencia, que la presentación de las listas sea con “una anticipación de 50 días antes de la elección” y que la presentación de las boletas sea con “30 días” de anticipación.
POLITICA
El Gobierno aumentó los salarios de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales
El Gobierno nacional aprobó un aumento en los salarios del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. De esta manera, fijó los nuevos valores para los haberes de los meses de marzo, abril y mayo.
La medida se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta 24/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Establece que las nuevas escalas salariales regirán de manera retroactiva desde marzo.
Según se detalla, esta disposición se inscribe dentro del marco legal que regula los haberes del personal militar y del Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales.
El ajuste salarial responde a la evaluación escalonaria realizada sobre estos cuerpos y contó con la intervención de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, además de los servicios jurídicos permanentes de ambos ministerios.
De acuerdo con el artículo 1° de la resolución, los importes del haber mensual fijados para el mes de marzo de 2025 son los siguientes:
- Teniente General / Almirante / Brigadier General: $2.546.616
- General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor: $2.271.019
- General de Brigada / Contraalmirante / Brigadier: $2.069.125
- Coronel / Capitán de Navío / Comodoro: $1.812.372
- Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro: $1.575.769
- Mayor / Capitán de Corbeta: $1.241.444
- Capitán / Teniente de Navío: $824.443
- Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente: $914.498
- Teniente / Teniente de Corbeta: $824.443
- Subteniente / Guardiamarina / Alférez: $746.675
- Suboficial Mayor: $1.273.306
- Suboficial Principal: $1.128.815
- Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante: $1.000.711
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $880.236
- Sargento / Cabo Principal: $790.253
- Cabo Primero: $709.205
- Cabo / Cabo Segundo: $656.410
- Voluntario 1ra. / Marinero 1ra.: $597.901
- Voluntario 2ra. / Marinero 2ra.: $553.302
Para los meses de abril y mayo de 2025, conforme lo establece el artículo 2° de la resolución, los valores son:
- Teniente General / Almirante / Brigadier General: $2.579.222 y $2.613.259
- General de División / Vicealmirante / Brigadier Mayor: $2.300.543 y $2.330.450
- General de Brigada / Contraalmirante / Brigadier: $2.096.023 y $2.123.272
- Coronel / Capitán de Navío / Comodoro: $1.835.933 y $1.859.800
- Teniente Coronel / Capitán de Fragata / Vicecomodoro: $1.569.254 y $1.617.005
- Mayor / Capitán de Corbeta: $1.257.583 y $1.273.932
- Capitán / Teniente de Navío: $1.041.527 y 1.055.067
- Teniente Primero / Teniente de Fragata / Primer Teniente: $926.377 y $938.420
- Teniente / Teniente de Corbeta: $835.160 y 846.017
- Subteniente / Guardiamarina / Alférez: $756.382 y $766.215
- Suboficial Mayor: $1.289.859 y $1.306.627
- Suboficial Principal: $1.143.490 y $1.158.356
- Sargento Ayudante / Suboficial Primero / Suboficial Ayudante: $1.013.720 y $1.026.989
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $891.679 y $903.271
- Sargento / Cabo Principal: $800.526 y $810.933
- Cabo Primero: $718.424 y $727.764
- Cabo / Cabo Segundo: $664.944 $673.588
- Voluntario 1ra. / Marinero 1ra.: $605.674 y $613.548
- Voluntario 2ra. / Marinero 2ra.: $560.495 y 567.782
El artículo 3° de la Resolución especifica que el gasto derivado de este ajuste salarial será atendido con los créditos correspondientes al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.
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Habilitaron a los militares desplegados en la frontera norte a hacer detenciones de civiles
El Gobierno nacional dio órdenes reservadas para que el Ejército y la Armada se comiencen a movilizar a la zona de la frontera norte para reforzar la vigilancia. Esta medida, en el marco del “Operativo Roca”, se aplica en conjunto con la Gendarmería y permite detener a civiles de forma transitoria a aquellos que cometan delitos, pero solo en casos de flagrancia.
Este operativo fue oficializado el 15 de abril y respaldado por el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional. En línea con lo dispuesto, contempla un despliegue flexible que se ajustará a los diferentes escenarios de la frontera norte.
El personal involucrado recibió capacitación a través de ejercicios prácticos bajo las “Reglas de Empeñamiento” que deben seguir los uniformados cuando están en el territorio y dispondrá de nuevo equipamiento de protección individual. Se trata de órdenes que se les dan a las tropas siempre que se movilizan y tienen el objetivo de ordenar el comportamiento de los efectivos. Según fuentes de Defensa le aclararon a Infobae, estas se mantienen en reserva.
En este operativo, brigadas del Ejército suman más de 10.000 efectivos, de los cuales hasta 1.300 se mantienen de forma permanente en las áreas de intervención. Para las tareas de control y vigilancia se emplean drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicaciones y un avión Diamond destinado a relevamientos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la decisión ante las críticas que surgieron después de tomar estado público la noticia: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”.
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