Este martes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, disertó en el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y dejó una fuerte chicana al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Si bien nuestro sistema fue tomado del modelo norteamericano, hoy la Corte Federal Norteamericana resuelve anualmente entre 100 y 120 casos, y nosotros en la Argentina resolvemos -en el mismo período- entre 10.000 y 12.000 casos con el mismo personal. Lo aclaro para que el ministro de Economía, Luis Caputo, no nos quiera recortar los cargos que tenemos”, expresó el magistrado.

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A su vez, Rosatti aprovechó la oportunidad para explicar a qué se debe la creación de la nueva Secretaría Penal Especial que asumirá expedientes y provocó el rechazo del juez Ricardo Lorenzetti: “Hay muchos fallos anuales porque cada vez son más los casos que llegan a los tribunales. Cada vez más se judicializa la sociedad y la política. Muchas cuestiones que deben ser resueltas por los estamentos representativos no se resuelven ahí. Los jueces no nos levantamos y decimos ´hoy quiero resolver un caso´, el caso está, es un expediente”, sostuvo el titular de la Corte.

“Cuando los poderes representativos no resuelven un tema, se judicializa. Hace ocho años, cuando yo llegué a la Corte, llegaban al tribunal 15.000 casos anuales, hoy entran 32.000″, agregó.

Para el magistrado, “suele plantearse una dicotomía entre la política y la justicia, el político y el juez. Yo fui ministro de Justicia, estuve en un lado del mostrador y ahora como presidente de la Corte estoy del otro lado. Es casi natural que exista una tensión entre las dos funciones, porque el político plantea cambios y el juez mira la norma jurídica que está vigente, mira el conflicto como una patología, como si fuera un médico y se tratara de algo que tiene que resolver para volver al orden. El político lo ve como algo natural, como un síntoma de salud de la sociedad en la que le toca participar”.

“El político tiene un amplio abanico de posibilidades para tomar decisiones: la Constitución y su ideología y dentro de ella puede proyectar sus criterios. El juez tiene la norma, tiene un espectro mucho menor para moverse. No puede manejarse en términos de ideología, no puede interpretar de cualquier forma la norma, y para eso finalmente está la Corte Suprema de Justicia, que iguala la jurisprudencia y establece el criterio rector”, concluyó Rosatti.

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La Corte Suprema de Justicia decidió crear una nueva Secretaría Penal Especial para “mejorar la eficiencia en la tramitación de causas penales” y nombró este martes a Fernando Arnedo a su cargo. La iniciativa se concretó por mayoría, con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, y tuvo la disidencia de Ricardo Lorenzetti.

La nueva Secretaría asumirá varios de los expedientes que actualmente son tratados por la ya existente Secretaría Judicial N°3 y el argumento para crear una nueva dependencia responde a la necesidad de descongestionar la cantidad de documentos acumulados.

En este contexto, el juez Ricardo Lorenzetti fundamentó su disidencia al señalar que existen otros intereses detrás de “la invocación de principios de buena administración”, y que lo mismo ha sucedido con otras decisiones de la Corte.

Así, el magistrado cuestionó el atraso en el tratamiento de expedientes en la Corte y señaló que “se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros”, y no es imputable a los secretarios, “ni tampoco se soluciona con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces y la falta de ellas es su responsabilidad y una función que se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”, agregó.

“Se trata de una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal en base a la amistad o el parentesco, como pocas veces se ha visto en este Tribunal”, destacó el miembro de la Corte.

Tras la disidencia de Lorenzetti, los tres jueces de la Corte que aprobaron la creación de la Secretaría Penal Especial emitieron un comunicado en respuesta a los argumentos que uso el magistrado para rechazar la iniciativa.

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“Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por Secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte. Por otro lado, Lorenzetti no se encuentra exento de demoras en la votación de causas. Por ejemplo, hace 23 meses tiene para votar la causa CSJ 972/2017 “Garay”, en la que se discute la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad”, expresaron.

“Tal como lo reconoce el juez Lorenzetti, en la actualidad la Secretaría N°3 tiene 7000 causas pendientes de decisión. El incremento exponencial de expedientes penales también ha provocado una importante demora en la tramitación de las causas tramitadas de la Secretaría. Ello, a pesar de que desde el año 2019 hasta la fecha se han incorporado catorce agentes. Por lo tanto, era razonable y necesario hacer una distribución de las causas por temas entre dos Secretarios diferentes”, siguieron.

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