Las constituyentes son bastantes conocidas en Latinoamérica; desde hace unos años, han sido instrumentos para modificar la constitución de un país y avanzar en un proceso de refundación. Aunque, en la mayoría de los casos, en las sociedades donde se han llevado a cabo, la ciudadanía estaba cansada de su clase política, a menudo corrupta e insolvente, otras han sido impulsadas por lo que sería un potente plan comunicacional y la demagogia de líderes que prometen un nuevo amanecer.

Dentro de las más conocidas se encuentra la reforma constituyente impulsada por el presidente Hugo Chávez, que logró consolidar y sostener hasta hoy ese conglomerado de leyes que transformaron a Venezuela en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, vamos a ver tres casos y contextos en donde este tipo de reforma fue o está siendo incentivada, enfocándonos en el perfil de sus líderes y el impacto social que ha tenido; dichos países son Chile, Colombia y Ecuador.

El fracaso del proceso constituyente en Chile

El proceso constituyente chileno se presentó como el clamor social para cambiar una constitución que, a pesar de haber sido modificada repetidamente desde su implementación durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, era vista por muchos como un instrumento para consolidar una narrativa que favoreciera a la izquierda menos moderada en su ascenso al poder. El proceso se inició con un plebiscito en el gobierno del fallecido presidente Sebastián Piñera en octubre de 2020, en el que el 78,28 por ciento votó a favor de redactar una nueva carta magna.

Sin embargo, la convención constitucional, compuesta por 155 miembros elegidos en mayo de 2021, enfrentó dificultades desde el inicio, principalmente por contar con una mayoría ideológicamente comprometida con lo más extremo del colectivismo. Además, hubo problemas de cohesión interna, con desacuerdos sobre cuestiones fundamentales, como la estructura del Estado, los derechos sociales y ambientales, y la forma de gobierno, lo cual evidenció la intención de imponer, desde un sector, una forma de pensar a toda la población chilena.

A medida que avanzaba el proceso, se hizo evidente una desconexión entre lo discutido en la convención y lo que la ciudadanía esperaba, lo que incrementó la polarización. Un proceso tan serio fue convertido en un circo público, en el que se reveló, por ejemplo, que Rodrigo Rojas Vade, uno de los líderes y símbolos del proceso insurreccional chileno de 2019, había afirmado tener cáncer y que, al final, todo era una mentira; o que Cristóbal Andrade, mejor conocido como Dino Azulado, asistía disfrazado de dinosaurio azul a la constituyente; o que su colega Giovanna Grandón, mejor conocida como “Tía Pikachu”, también fue vista con un disfraz de dicho personaje durante las solemnes sesiones constituyentes.

El resultado fue un contundente rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, en el que el 61,86 por ciento de los votantes se manifestó en contra de la propuesta de nueva constitución, lo que supuso un golpe certero a la presidencia de la república encabezada por Gabriel Boric. Este fracaso no solo reflejó una falta de consenso sobre el texto final, sino también la incapacidad del proceso para generar una visión compartida de futuro que pudiera ser aceptada por una amplia mayoría. Esto reforzó la legitimidad de la constitución vigente, elaborada por el destacado constitucionalista Jaime Guzmán, figura central en la elaboración de dicho texto. A pesar de ello, la clase política intentó reformarla con una mayoría ideológica de derecha, específicamente del Partido Republicano de Chile; sin embargo, el texto no fue bien recibido y fracasó por segunda vez, lo que otorgó a la constitución vigente una segunda victoria y legitimidad.

La propuesta constituyente de Gustavo Petro faltando a su palabra

Gustavo Petro, al asumir la presidencia de Colombia en 2022, enfrentó el desafío de implementar reformas profundas en un país acostumbrado a la resistencia institucional a los cambios. Durante su campaña, se comprometió públicamente a no convocar una asamblea nacional constituyente, en un intento por calmar las preocupaciones acerca de la posibilidad de instaurar un poder perpetuo o llevar a cabo reformas sin un consenso amplio. Sin embargo, las dificultades para imponer su agenda legislativa a través de un Congreso tradicionalmente conservador lo llevaron a “reconsiderar” esta promesa, incumpliendo así su palabra.

En su gobierno, Petro ha comenzado a debatir la posibilidad de una constituyente como herramienta para reformar el estado, orientando su narrativa hacia áreas como la paz, la justicia, el territorio y la economía, con el objetivo de crear un marco legal que le permita implementar sus ideas sin barreras. Este abrupto cambio en la idea de convocar una constituyente ha sido interpretado por los detractores como un incumplimiento de palabra, generando desconfianza entre sectores que consideran que la constituyente representa un riesgo de autoritarismo o de cambios radicales sin consenso. Por otro lado, defensores de esta idea, como el exvicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, han considerado que la propuesta es magnífica, además de que las circunstancias políticas y sociales de Colombia justifican esta reconsideración.

Gustavo Petro.

El debate sobre la constituyente en Colombia refleja tensiones históricas y actuales sobre cómo se debe gestionar el cambio político y social. La posibilidad de una nueva constituyente plantea preguntas sobre la democracia participativa, el equilibrio de poderes y la capacidad del país para reinventarse sin repetir errores del pasado. El éxito de esta iniciativa por parte de Petro será clave para mantener o destruir los cimientos culturales y legales de la sociedad colombiana.

La última en proponer una constituyente: Luisa González, la heredera de Correa en Ecuador

Luisa González, candidata de la alianza correísta, ha propuesto revisar la constitución de Ecuador de 2008 a través de una nueva asamblea constituyente, argumentando que es necesaria para enfrentar los desafíos económicos, sociales y de corrupción que el país enfrenta. Aunque la actual constitución es pionera en derechos sociales, según la candidata, ha mostrado limitaciones en su aplicación real, especialmente en tiempos de crisis económica y política.

Sin embargo, esta propuesta no está exenta de críticas. Existe un temor generalizado basado en experiencias anteriores, en las que la convocatoria a una constituyente ha sido vista como una vía para consolidar el poder político de una sola facción. Los ecuatorianos recuerdan cómo la constituyente de 2007 – 2008, bajo Rafael Correa, condujo a cambios significativos, pero también a percepciones de autoritarismo y concentración de poder. Por lo tanto, la propuesta de González debe enfrentar el reto de demostrar que se trataría de un proceso democrático y que no se utilizaría para perpetuar el poder de su movimiento político, lo cual, según todas las referencias conocidas, resulta extremadamente complicado.

Luisa González (Foto: Martín Bernetti – AFP).

La viabilidad de la propuesta de González dependerá no solo de ganar la presidencia y obtener el apoyo necesario en un referéndum, sino también de cómo se manejen las preocupaciones sobre el uso de la constituyente. Ecuador, por diversas causas, es un país con una profunda inestabilidad política que, poco a poco, ha logrado vencer el presidente Daniel Noboa, candidato que, hasta ahora, encabeza las encuestas y se ha posicionado como un referente de ideas claras y determinadas, y que no le tiembla el pulso para tomar decisiones difíciles en favor de su pueblo.

Conclusión

El análisis de los procesos constituyentes en Chile, Colombia y Ecuador evidencia que la convocatoria a nuevas asambleas constituyentes se ha enmarcado en contextos de profunda crisis política y descontento social. En Chile, la desconexión entre la convención y las expectativas ciudadanas convirtió un proceso de cambio estructural en un espectáculo mediático que terminó en un rotundo rechazo popular, reafirmando la vigencia y legitimidad de la constitución existente. En Colombia y Ecuador, aunque la iniciativa de renovar el marco constitucional se presenta como una oportunidad para transformar el Estado, también despierta recelos sobre la posible concentración de poder y la falta de un consenso amplio que respalde cambios tan profundos.

Por otro lado, estos casos reflejan cómo la utilización de procesos constituyentes en Latinoamérica se encuentra marcada por una doble vertiente: por una parte, la aspiración a superar modelos políticos considerados obsoletos y corruptos, y por otra, el riesgo inherente de que dichos procesos sean instrumentales en la perpetuación o incluso en la concentración del poder. El futuro de estas iniciativas dependerá en gran medida de la capacidad de los líderes para fomentar un diálogo inclusivo, transparente y orientado al bienestar colectivo, evitando caer en demagogias que históricamente han socavado la confianza de la ciudadanía en la política. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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