La Justicia argentina ordenó que se reabra la investigación por los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo determinó la Cámara Federal porteña, al considerar que corresponde la «jurisdicción universal y la competencia extraterritorial» ante las «graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad».

De acuerdo al fallo que firmaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, tanto Maduro como el 2 del chavismo, Diosdado Cabello -entre otros referentes del régimen venezolano- están señalados como responsables de esas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

La causa se inició en julio de 2023, cuando el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y la Fundación de George Clooney presentaron denuncias en la Justicia Federal argentina para averiguar si se cometieron violaciones a los derechos humanos. Carlos Stornelli impulsó la investigación y la causa llegó al juez Sebastián Ramos.

Sin embargo, archivó la carpeta y la mandó a la Corte Penal Internacional, una decisión que el Foro Argentino para la Democracia rechazó y le pidió a comienzo de año a Ramos que mantenga su competencia, tanto en el caso venezolano como en la causa similar por supuestos delitos en la Cuba de Miguel Díaz-Canel.

Ahora, tras la apelación de un conjunto de víctimas, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens ordenaron la reapertura de la investigación.

En ese sentido, Bertuzzi y Bruglia subrayaron la necesidad de reactivar los trabajos sin «delación ni demora» sobre los delitos de «extrema gravedad».

«Los hechos denunciados en la presente causa revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal de los mismos», indicaron ambos magistrados.

Por su parte, Llorens enfatizó «la urgente y necesaria intervención del Poder Judicial argentino».

Además, sostuvo que es «impostergable» el llamado a declaración indagatoria de Maduro, Cabello y el resto de los responsables.

«En ese sentido es impostergable que el juez resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata», concluyó Llorens.

Recientemente, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) amplió su denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Maduro, tras la «desaparición forzada» de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.

«En febrero ampliamos la denuncia y hoy estamos viendo los frutos de este trabajo que es en favor de la democracia y la justicia», sostuvo el presidente del FADD, Waldo Wolff. Y, a través de sus redes sociales, este viernes celebró el fallo de la Cámara federal porteña: «Es un hecho histórico porque se lo investigará por tortura, desaparición forzada de personas y encarcelamiento».

«La tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa humanidad y deben ser investigados no solo por la Corte Penal Internacional, como está ocurriendo, sino también por la justicia de países como Argentina. El mundo se le debe hacer chiquito a quienes buscan permanecer en el poder por medio de la barbarie», expresó Elisa Trotta, secretaria general de la entidad.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña llega, además, en una etapa de tensión entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Maduro, a meses de que el líder venezolano busque la reelección en los comicios presidenciales (del 28 de julio), para los que está inhabilitada la principal referente de la oposición, María Corina Machado.

Seis de los colaboradores de Machado se refugiaron en la embajada argentina en Caracas, donde dicen encontrarse asediados por el oficialismo venezolano. Ante esta situación, Milei y Patricia Bullrich anunciaron que mandarían seis gendarmes para custodiar la sede diplomática. Sin embargo, el régimen de Maduro impidió el ingreso de los agentes federales argentinos.

Este jueves, Machado denunció que corre peligro de ser detenida de manera «injustificada», en medio de las presiones y los intentos de que se sancione una ley contra el fascismo que, en realidad, serviría para perseguir a disidentes del gobierno.