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La Justicia no quiere que la casa de Cristina se convierta en un bunker político, si le acepta la prisión domiciliaria

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Si finalmente la Justicia le concede a Cristina Kirchner un arresto domiciliario: ¿puede la expresidenta salir al balcón?; ¿debe contar con restricciones?; ¿cómo se fijan las pautas?, ¿puede ir cualquier persona a visitarla? Son tan sólo algunas de las inquietudes que rodean el trámite que determinará dónde cumplirá la condena por corrupción.

La decisión la firmará el juez Jorge Gorini (aguarda previamente este martes la opinión del fiscal general Diego Luciani), pero un concepto central enmarca su determinación: en caso de una eventual morigeración de la pena, cómo hacer para que la misma no se desnaturalice, para que el departamento de San José al 1100 en el que Cristina pidió cumplir el arresto domiciliario no se convierta en un bunker político, un lugar de campaña permanente de la expresidenta.

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La misma inquietud planteó el Gobierno este domingo, antes de la resolución de Gorini. A través del jefe de gabinete, Guillermo Francos, mostró sus reparos sobre la forma en que Cristina cumplirá con la pena en su domicilio. «Un tema es que le den arresto domiciliario y otro es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón», criticó el funcionario de la administración de Javier Milei.

Cristina informó que este miércoles irá a Comodoro Py en cumplimiento de los 5 días hábiles que le impuso el juez Gorini para que se presente en los tribunales para que se haga efectiva la condena, tras la confirmación del fallo en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Son instancias distintas las que deben cumplimentarse. Aún no hay un legajo de ejecución ni cómputo de pena aprobado. Recién ahí intervendrá de forma unipersonal el juez de ejecución de la pena, algo que irá rotando cada año entre los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que fue el que llevó a cabo el juicio de Vialidad, dictando sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022.

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Estos últimos días, los oficios firmados por Gorini fueron en calidad de presidente del TOF 2 durante este año en curso. Pero las decisiones y el próximo paso serán resoluciones colegiadas, es decir, con la intervención de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

A la espera del dictamen del fiscal Luciani y con un informe técnico que dice el domicilio de San José 1111 es apto para cumplir el arresto domiciliario, la decisión próxima será determinar si Cristina quedará detenida en su casa, o si deberá cumplir algunos días en una sede que dependa del Servicio Penitenciario Federal.

En esa decisión, el concepto central que se analiza en Comodoro Py por estas horas es el de no desnaturalizar el arresto domiciliario, en caso de que se confirme ese beneficio. «Un arresto domiciliario no se desnaturaliza cumpliendo con lo que dice la ley. Pero es un caso inédito, por lo cual hay que extremar el sentido común. Por ejemplo, salir al balcón no se lo debería permitir«, puso en consideración un magistrado federal con años de experiencia en la ejecución de penas.

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Hay quienes en los tribunales consideran que el departamento del barrio de Constitución no es un lugar adecuado para un arresto domiciliario. Sobrevoló una comparación en más de un despacho de Comodoro Py: cuando se ordenó la morigeración de la prisión preventiva de Lázaro Báez, que en un comienzo iba a ser en el barrio privado de Pilar, la propia defensa del empresario K se dio cuenta de la necesidad de buscar otro domicilio “porque ése no era el más adecuado”.

Vacío legal sobre el arresto domiciliario

Ante la posibilidad concreta de que se conceda un arresto domiciliario, desde ámbitos judiciales aclara que la ley -al respecto-, “es bastante pobre”, es decir, “no prevé reglas de conducta más allá de no poder salir del domicilio. En cierto punto no se cumple uno de los fines de la pena que es la resocialización a través de un régimen penitenciario progresivo. Pero sí cumple con otros fines de la pena como la prevención general que es disuadir a la sociedad en su conjunto de cometer delitos, además tiene como objetivo la confirmación de la vigencia de la ley y la confianza en el sistema legal”, reseñó otro juez con larga experiencia en estos proceso.

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Entonces ¿cómo se le podría otorgar a Cristina una prisión domiciliaria sin que la misma deje de expresar el cumplimiento de una condena por corrupción? “Con que considere apropiadas para la modalidad domiciliaria”, opinó un magistrado que ha tenido que resolver ejecución de penas. Sin embargo, muchos son los que coinciden en que se está ante una situación inédita.

Al ponderar las opciones y el caso específico, un juez federal explicó que la prisión domiciliaria está pensada para cuestiones humanitarias “como por ejemplo, la persona grande, de más de 70 años, o aquella que tiene a sus chiquitos a cargo, la que está en una enfermedad incurable, en estado terminal. Es decir, el legislador con criterio dijo que para estos casos, por una cuestión humanitaria, debe considerarse una prisión domiciliaria. No es el caso”, detalló.

A ese precepto central, le añadió la siguiente explicación: “La domiciliaria está pensada para que alguien que asume la condena que le dieron y se encuentra en una situación difícil de salud. Ninguna de esas situaciones se da en el caso. Entonces, estamos ante una desnaturalización del concepto, un concepto humanitario, que tiene que ver con alguien que asume lo que hizo, y que dice, que por cuestiones humanitarias, necesita cumplir en su domicilio. Acá no es así. Y no es argumento otorgarla porque es quien es. No es el concepto, no es la idea”.

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La otra discusión es la colocación o no de una tobillera electrónica si se concede un arresto domiciliario. Un juez de ejecución de pena indicó a Clarín que en primer término “se debe analizar el lugar que ofrece la defensa, si reúne las condiciones para estar alojado ahí, y la pulsera electrónica se utiliza porque es el único control que uno tiene para que no salgan del domicilio. Porque los arrestos domiciliarios no pueden ser controlados por ninguna fuerza de seguridad. Lo dice expresamente la ley de ejecución penal. Entonces el único contralor es la tobillera”.

En este caso específico el mismo magistrado opinó que la zona del departamento ofrecido por el abogado Carlos Beraldi “no es el más apto, entendiendo además que está afectando a todos los vecinos por variados motivos y a los comercios de la zona, por lo tanto sería conveniente que la defensa ofrezca algún otro lugar más alejado que ese departamento”. La palabra final la tendrá el juez Gorini previo dictamen del fiscal Luciani.

Finalmente, están quienes entienden que imponer reglas sería el camino viable si la determinación es avanzar hacia un arresto domiciliario: no sólo restringir la cantidad de visitas, en días específicos, sino también quiénes pueden visitarla a la ex vicepresidenta y quiénes no, son sólo algunos conceptos que sobrevuelan. Todo está bajo estudio.

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Corrupción K,Cristina Kirchner,Corte Suprema de Justicia

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Conflicto en Medio Oriente: por qué el traslado de la embajada argentina a Jerusalén sería ilegal

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En su visita al premier Benjamín Netanyahu de la semana pasada, el presidente Javier Milei anunció que en 2026 su gobierno va a trasladar la embajada argentina que se levanta en Tel Aviv a Jerusalén.

Pero según pudo clarificar Clarín con expertos consultados, la mudanza de la sede diplomática es ilegal, es decir que incumple con la normativa nacional sobre el tema. De esta manera, el gobierno libertario cometió una serie de acciones en materia de política exterior en las que no pueden discernirse claramente los beneficios para la Argentina.

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En efecto, la ley 14.025, promulgada el 14 de junio de 1951, por la cual se aprueba el establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre la Argentina e Israel, establece en su artículo 2 que la delegación diplomática tendrá sede en Tel Aviv. Por consiguiente, si el gobierno argentino quisiera concretar esa mudanza debería modificar esa ley fijando la nueva sede, o derogarla. En ambos casos se necesita una ley aprobada por el Congreso.

Además, distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son obligatorias, condenaron el intento de anexión de Jerusalén Este por parte de Israel. En particular, la resolución 478 de 1980 condena la “Ley de Jerusalén” de 1980, donde Israel declaró unilateralmente a la ciudad como capital «eterna e indivisible» del Estado israelí, considerándola como una violación del derecho internacional.

La resolución establece que el Consejo no reconocerá la ley, y pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas aceptar la decisión del Consejo. Esta resolución también solicitó a los Estados miembros de la ONU retirar sus misiones diplomáticas de la ciudad, llevándolas a Tel Aviv o sus suburbios.

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El anuncio de Milei viola también la integridad territorial de Palestina tal como la concibe Argentina, es decir como Estado. De hecho, Argentina tiene también embajada en Palestina. Y ahí es donde la posición que viene teniendo el Gobierno y la Cancillería de Milei podrían afectar el reclamo nacional en la Cuestión Malvinas.

A esta situación debería sumarse que la política de alineamiento automático de Milei con Israel le está enajenando el apoyo de varios países árabes, según pudo saber este diario de sus propios embajadores en Buenos Aires. Para el caso, es una de las comidillas en los cócteles diplomáticos.

En segundo lugar, el presidente Milei, y el primer ministro Netanyahu firmaron un “Memorándum En Defensa de la Libertad y la Democracia Contra el Terrorismo y el Antisemitismo”. Según un comunicado de la Oficina del Presidente, “el acuerdo representa un paso clave en la consolidación de los lazos estratégicos entre ambos países y sienta las bases para una colaboración intensiva en materia de Defensa y Seguridad».

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«Argentina e Israel son focos de luz en un mundo oscurecido por las tinieblas. Tenemos que estar hermanados en esta lucha», declaró Milei durante la ceremonia.

Este Memorándum, que no pasó por la revisión política de la Cancillería y que habría sido redactado por Israel, crea un vínculo en defensa y seguridad con un estado que está en guerra permanente con sus vecinos, en el área geográfica más inestable y convulsionada del planeta. Por el contrario, la Argentina pertenece a una “zona de paz” como es el Cono Sur.

En tercer lugar, el pasado 12 de junio en la Asamblea General de la ONU, la Argentina se volvió a alinear con Israel y Estados Unidos al votar en contra de una resolución que exigía un cese al fuego inmediato, incondicional y permanente en la guerra en Gaza. Los otros países que votaron en contra fueron Fiji, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Tonga y Tuvalu.

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Israel se defendió legítimamente de los ataques terroristas de Hamas de octubre de 2023. Pero 20 meses después de la respuesta israelí los muertos civiles palestinos en Gaza ascienden a más de 45.000, dos terceras partes de los cuales son mujeres y niños. Las Naciones Unidas han acusado a Israel de realizar ataques contra la población civil en Gaza, lo que constituye “una violación grave del derecho internacional y un crimen de guerra”, así como de obstaculizar de manera deliberada el acceso de los civiles a la ayuda humanitaria.

Israel es fuerte crítico del sistema de Naciones Unidad en este plano, pero es un socio activo de sus agencias -salud, comercio, minorías, LGBTQ+ y otras, en donde Milei se está retirando en línea con Donald Trump. Argentina siempre se acogió a los llamados de paz de la ONU y ahora no lo está haciendo por la población gazatí.

En síntesis, el gobierno argentino defiende el derecho de Israel a su legítima defensa. Pero el “alineamiento automático” de Milei con Israel implica que de manera voluntaria Argentina se está viendo arrastrada a un conflicto ajeno en Medio Oriente, defendiendo los intereses en materia de seguridad y defensa de otra potencia que no coinciden necesariamente (por historia, tradición, ubicación geográfica y cultura) con la posición nacional de la Argentina en función de sus propios reclamos como el de Malvinas al Reino Unido.

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Los atentados terroristas contra la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 son un cruel recuerdo que la política exterior no es un asunto para improvisados.

Benjamín Netanyahu,Javier Milei,Grupo Werthein

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El Gobierno busca acuerdos en el Congreso para acelerar la ley que habilita el uso de los dólares del colchón

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El Gobierno busca que Diputados inicie el tratamiento del proyecto para alentar el uso de los dólares del colchón. En ese sentido, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, mantuvo en el cierre de la semana una reunión con funcionarios de los equipos económicos del ministro Luis Caputo.

La iniciativa, denominada Principio de Inocencia Fiscal, fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Legislación Penal. Llegaría al recinto recién en las primeras semanas de julio.

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Cuando presentó el proyecto, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dijo que -de convertirse en ley- se modificarán los umbrales por los cuales la evasión es considerada delito. “En la Argentina, podían investigarte como evasor simple por diferencias de un millón y medio de pesos. A partir de ahora, estos límites se aumentan a 100 millones de pesos”, puntualizó.

Además, se formaliza el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. “ARCA solo cobrará el impuesto por lo facturado en ese período, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo personal”, concluyó Pazo.

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Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los $1000 millones de pesos (ya no más $15 millones). También se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años.

La estrategia oficial para aprobar el Principio de Inocencia Fiscal

Las tres comisiones que analizarán la iniciativa están presididas por los libertarios José Luis Espert (Presupuesto) y Santiago Santurio (Legislación General), y la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal). Necesitarán alcanzar acuerdos con las fuerzas políticas más dialoguistas y de esa manera aprobar un dictamen de mayoría, que será el primero en ponerse en discusión cuando el proyecto llegue al recinto.

El oficialismo tendrá la ventaja de los acuerdos que la Casa Rosada pueda establecer con los gobernadores. Después de reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, 17 mandatarios provinciales ya avalaron el proyecto. Entre ellos, Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), ambos de Unión por la Patria.

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En paralelo, los diputados libertarios Martín Menem y Gabriel Bornoroni llevan adelante conversaciones con legisladores del PRO y la UCR, también Innovación Federal, de Pamela Calletti, y algunos integrantes de Encuentro Federal, de Miguel Pichetto. Los diputados de la Coalición Cívica, de Juan Manuel López, son los más difíciles de sumar. Y esperan algún entendimiento, aunque sea en disidencia parcial, con los representantes de Democracia para Siempre, la UCR crítica de Pablo Juliano.

Los números y mayorías en las comisiones

En la comisión de Presupuesto, los números para el oficialismo están ajustados ya que Unión por la Patria tiene 21 de los 49 miembros, y el Frente de Izquierda, uno (Christian Castillo). La Libertad Avanza cuenta con seis legisladores y buscará el respaldo de los siete legisladores del PRO, además del MID, la UCR, Innovación Federal, Democracia para Siempre y Encuentro Federal (cada espacio, con dos diputados).

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Para los libertarios, el panorama es menos dificultoso en Legislación Penal y Legislación General, donde cuentan con mayores facilidades para alcanzar la mayoría en esos organismos: cuentan con 31 miembros en ambas comisiones.

El diputado de la UCR Atilio Benedetti. (Foto: Cámara de Diputados)
El diputado de la UCR Atilio Benedetti. (Foto: Cámara de Diputados)

“Aunque esta ley significa un blanqueo, que tiene sus complejidades, me parece oportuno tratarla -dijo el diputado radical Atilio Benedetti-. Refleja una necesidad enorme de dólares que tiene el Gobierno: pareciera que no hay dólares que alcancen. El Gobierno tiene urgencia por esta ley y no creo que se demore mucho en llevar adelante su tratamiento”.

Los feriados del lunes 16 y viernes 20, y la movilización que anunció el kirchnerismo para acompañar a Cristina Kirchner hasta los tribunales, para iniciar su condena de seis años de prisión, llevaron a las autoridades del plenario a postergar una semana mas la convocatoria de las tres comisiones, y dar el puntapié inicial del debate con una reunión informativa.

Diputados, blanqueo, fiscal

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El Gobierno prepara una respuesta a los reclamos de las provincias, ante la complicada agenda en el Congreso

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Las autoridades nacionales tomaron nota de los reclamos que les llevaron los gobernadores en la reciente reunión que mantuvieron en la Casa Rosada y ya están analizando una contrapropuesta para tratar de llegar a un acuerdo y retomar el diálogo en un contexto complicado para el oficialismo en el Congreso, donde avanzan proyectos que el presidente Javier Milei considera que son perjudiciales para su administración.

El viernes pasado, cuando el líder libertario estaba terminando su gira por Europa y Medio Oriente, un grupo de mandatarios provinciales, del PRO, pero también del peronismo duro, visitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su oficina.

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Durante una conversación que duró poco menos de una hora, le plantearon al funcionario una serie de pedidos en materia tributaria en nombre no solo de los presentes, sino de las 24 jurisdicciones del país.

Es que, previo al encuentro, los gobernadores se habían juntado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la situación impositiva y especialmente de los fondos automáticos que se envían a través de la Coparticipación que, según un informe, se van a reducir un 4,2% respecto de 2024.

Los gobernadores cuestionaron algunas de las medidas económicas de la Nación

Las provincias cuestionan algunas de las medidas de la actual gestión, como los cambios en los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados o la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

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Ante esta situación, le llevaron a Francos un conjunto de propuestas, entre las cuales está crear un mecanismo para repartir el dinero de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de otras partidas que la Casa Rosada no está utilizando.

“La reunión fue buena y a las dos propuestas que se hicieron, en principio, el Gobierno les dio el visto bueno. Lo que se propone es copartipar el fondo remanente de ATN y modificar el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación especifica que la Nación no está ejecutando”, explicó a Infobae una fuente cercana a los protagonistas de la reunión del viernes.

Los encargados de transmitir estas iniciativas fueron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba, enviada en lugar de Martín Llaryora, que no pudo asistir).

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Según trascendió, los invitados pretendían que el encuentro se realizara con la presencia del propio Milei, lo cual no pudo ser posible, ya que se encontraba todavía en el exterior en ese momento.

Ahora, los mandatarios provinciales buscan que se realice una nueva convocatoria con el Presidente ya nuevamente en Buenos Aires, aunque desde el sector de Francos aclaran que todavía no hay nada confirmado.

El jefe de Gabinete junto a los gobernadores en Casa Rosada

El jefe de Gabinete decidió tomarse esta semana, que es corta por los feriados de este lunes y del viernes, para estudiar los planteos de los gobernadores, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a su equipo financiero.

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El objetivo del funcionario, según anticiparon desde su entorno, es tener lista una respuesta -o una eventual contrapropuesta- para la semana siguiente, antes del próximo encuentro que los líderes locales están organizando en el CFI.

Esto se da además en el marco de una agenda complicada para el oficialismo en el Congreso, donde el kirchnerismo tendría los votos para sancionar definitivamente los proyectos de mejora de los haberes jubilatorios y recomposición de la moratoria previsional.

Ambas medidas ya tienen la aprobación de Diputados y ahora la oposición está esperando votarla en el Senado, por lo que en la Casa Rosada se analiza intentar postergar el debate.

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Aunque sin posibilidad de frenar las dos leyes, Milei necesitará del apoyo de los gobernadores, que tienen autoridad sobre varios bloques provinciales en la Cámara baja, para evitar que se insista parlamentariamente con estas normas una vez que el Presidente las vete.

Dentro de dos semanas el jefe de Gabinete podría ir al Senado para dar un nuevo informe de gestión, en el que se espera que hable una vez más de la importancia de sostener el equilibrio fiscal, algo que ya les expresó a Jalil, Torres, Ziliotto, Vidal y Prunotto en el último encuentro.

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