Artículo publicado originalmente en LA NACIÓN

LA PLATA.– La investigación por el desvío de cientos de millones de pesos de las arcas bonaerenses a través de tarjetas de débito que figuran a nombre de “ñoquis” y prestanombres del Poder Legislativo provincial incluye un capítulo todavía poco explorado: hinchas y barrabravas que trabajan –o figuran que trabajan– en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerenses, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas.

Al menos una decena de integrantes y referentes de la barra de Estudiantes de La Plata integran o integraron la Legislatura provincial durante los últimos años. Varios aparecen como empleados; otros, como contratados. Y algunos de ellos ingresaron gracias a dos hinchas de ese club: Claudio Albini, subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y su hijo, el concejal platense Facundo Albini, apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa para toda la provincia.

Algunos de esos integrantes y referentes de la hinchada del “Pincha” llegaron, incluso, a encabezar la barra de Estudiantes o a disputar su liderazgo, lo que se tradujo en negocios multimillonarios dentro y alrededor del estadio, como también un ida y vuelta continuo con punteros, policías y dirigentes políticos de esta capital y de la provincia. Y al menos uno de ellos se abocó a las mismas tareas que Julio “Chocolate” Rigau: apropiarse de dinero del Estado bonaerense.

La nómina de empleados de la Legislatura incluye a barras de otros equipos de fútbol. Pero entre los de Estudiantes figuran dos de los barras más famosos y temidos de las últimas décadas, Omar “Hache” Alonso, ya fallecido, y Rubén Orlando “el Tucumano” Herrera. A través de la Legislatura, ambos accedieron a contratos, obra social y aportes jubilatorios, incluso mientras aparecían en las páginas policiales de los medios locales.

Banda criminal y Legislatura

Uno de esos barras que pasó por la Legislatura es el “Tucumano” Herrera. Otrora líder de la pesada de Estudiantes, también manejó boliches y varios negocios en esta capital hasta que fue detenido en 2018, acusado de integrar una asociación ilícita junto al destituido juez de Garantías, César Melazo. Cayó junto a un puñado de policías y barras que se abocaban a los robos, los secuestros extorsivos y el narcotráfico, en otra investigación que impulsó la fiscal Betina Lacki.

Herrera permaneció tras las rejas hasta enero de 2022, cuando recuperó su libertad tras presentar un habeas corpus, aunque terminó por aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado. Reconoció haber sido uno de los organizadores de la banda criminal, además de compartir emprendimientos con Melazo. Recibió una condena a cinco años de prisión.

Los antecedentes laborales de Herrera (55 años) muestran, sin embargo, que el barra con domicilio en el Gran Bell, uno de los countries más exclusivos de la zona, también figuró como empleado de la Cámara de Diputados bonaerense, tras pasar por el Senado provincial, aunque no consta a qué legislador o bloque político debía responder.

Herrera no fue el único barrabrava y miembro de la banda criminal que aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado, ni que figuró como empleado de la Legislatura. Ángel Custodio Yalet (49) fue uno de los encargados de proveer teléfonos y armas de fuego a sus secuaces, actuó como chofer de la banda y figura como empleado en relación de dependencia de la Cámara de Diputados bonaerense.

Yalet operaba, en la práctica, como otro “Chocolate” Rigau, según surge de la resolución judicial que en 2022 convalidó su condena en juicio abreviado a tres años de prisión como miembro de una asociación ilícita y cuya copia obtuvo LA NACION. El barra cobraba “de manera fraudulenta” cheques de la Legislatura que le conseguía su suegro, Hugo Alberto Sini (66) –también empleado de la Cámara de Diputados provincial, en la estratégica Secretaría Administrativa–, lo que consta en testimonios, una planilla Excel de una computadora secuestrada durante un allanamiento y varias escuchas telefónicas.

Los registros laborales que cotejó LA NACION muestran, además, que el “Tucumano” Herrera tampoco fue el único de su familia que trabaja o trabajó para la Legislatura. También aparece su hija, Macarena Aylén Herrera (27), pero con el recorrido inverso. Figura primero en Diputados y luego en el Senado bonaerense, en tanto que Liliana Dora Herrera (57 años), tiene legajo en la Cámara de Diputados provincial, además de constar como aportante a la campaña del Frente Renovador de Massa en 2013.

Según reveló la periodista Josefina López Mac Kenzie en el portal de TN, el recorrido del “Tucumano” Herrera aporta otro dato singular. Al parecer. Claudio Albini –quien durante 2023 llegó a viajar a Brasil para alentar a Estudiantes en la Copa Sudamericana– reside junto a su hija, su yerno y su nieta en una vivienda que perteneció antes al exjefe de la barra.

Aprietes, balazos y Legislatura

Otro referente histórico de la barra de Estudiantes, Ángel Omar “Hache” Alonso, muestra un recorrido similar al del “Tucumano” Herrera, aunque con un final trágico. Dos veces llegó a encabezar la hinchada –y sus negocios lícitos e ilícitos–, entre 1993 y 1995, y entre 2000 y 2004, y las dos terminó por perderlo tras caer detenido.

El prontuario penal del “Hache” Alonso fue frondoso, alimentado por múltiples investigaciones judiciales a lo largo de décadas y que incluyeron el homicidio de un taxista, extorsiones varias, y el atropello y muerte de dos criaturas en Formosa, entre otras. Pero eso no impidió que obtuviera un contrato en la Legislatura bonaerense.

El final para el “Hache” Alonso llegó en abril de 2022, en una cama de hospital, tras una infección que derivó en una peritonitis y un coma farmacológico. Meses antes habían asesinado a su hijo, Gonzalo “Pipi” Alonso (29), de un tiro en la cabeza tras una disputa por un contenedor de basura. Y entre los que se acercaron a despedirlo al “Pipi” estuvo otro empleado de la Legislatura, Matías Gergo, con un mural incluido en 529 entre 17 y 18.

Fanático de Estudiantes, Gergo participó en viajes institucionales del club a Jujuy, por ejemplo, y dedica su cuenta en Twitter al Pincha, aunque no todo su recorrido fue alegrías. En marzo de 2011 estuvo cerca de morir. Recibió un balazo en el cuello, tras una emboscada que organizó la barra de Gimnasia, en 13 y 520. Ahora, con 35 años, acumula una foja laboral con tres hitos: Municipalidad de La Plata, Estudiantes y la Legislatura bonaerense. LA NACION procuró contactarlo, pero al cierre de esta edición no respondió los mensajes.

El “Tucumano” Herrera, el “Hache” Alonso o Gergo distan de ser, sin embargo, los únicos que figuran o figuraron como empleados o contratados en la Cámara de Diputados provincial. LA NACION detectó a otros hinchas y barrabravas o a sus familiares directos, pero se reserva sus nombres para no entorpecer la investigación judicial en curso.

Olvidos llamativos

Pero las ramificaciones son numerosas. Lo deja en evidencia, entre otros varios ejemplos, el testimonio de Ezequiel Tocci (44 años), el único de los 48 dueños de las tarjetas de débito que se abrió de la versión que declaró el resto de los supuestos empleados de la Legislatura tras la detención de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, hincha fanático de Estudiantes, como sus hijos Cristian, Gerardo y Maximiliano, también empleados de la Legislatura.

Tras presentarse como “productor agropecuario”, Tocci se despegó de la versión común a los otros 47 titulares de tarjetas de débito. Reconoció que esperaba que lo nombraran “asesor” en la Legislatura, pero con dos detalles llamativos. Dijo que “nunca” supo a quién asesoría y dijo no recordar qué “empleado de ahí”, por la Cámara de Diputados, lo convocó.

Tocci también declaró bajo juramento de decir verdad ante la fiscal que investiga el caso, Betina Lacki,, que nunca llegó a trabajar en la Legislatura y que la tarjeta de débito la retiró en el Banco Provincia, pero que “al otro día” le pidieron que la devolviera, sin tampoco recordar quién se la pidió, ni en qué oficina de la Legislatura entregó el plástico.

Al declarar, Tocci se presentó con Alfredo Gascón como letrado. Es decir, compartió el abogado con “Chocolate” Rigau. Y además de omitir el nombre de quien le ofreció abrirle las puertas de la Legislatura bonaerense, tampoco detalló su vínculo con Juan Carlos Tocci, un policía bonaerense exonerado en los ‘90 que se reconvirtió en mutualista con Amepa y, según sus críticos, en usurero. Expresidente del club Villa San Carlos, se erigió en un financista clave para la construcción del estadio de Estudiantes.

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