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Este fin de semana, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil en Santa Fe, el cual buscará transformar el esquema de actuación e investigación respecto de los menores que delinquen en la provincia. Luego de que se reportara un aumento en la participación de adolescentes, la Justicia estará habilitada abrir investigaciones en contra de presuntos sospechosos.

Se trata de una normativa incluida en la Ley N° 14.228, que fue aprobada por la Legislatura santafesina el 30 de noviembre de 2023 y, posteriormente, promulgada el 29 de diciembre de ese año. De esta manera, un año y medio más tarde, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, dispuso la creación de Unidades Fiscales Especializadas dentro de cada una de las cinco Fiscalías Regionales.

Además, se creó la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), que funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, bajo la conducción de la fiscal Carla Cerliani.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, Uferpa tendrá a su cargo la planificación y supervisión de la persecución penal juvenil en la provincia y, de manera excepcional, podrá asumir el litigio de casos particulares. Deberá además articular acciones con las Fiscalías Regionales y garantizar el principio de unidad de la actuación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscal General sostuvo que la entrada en vigencia del Código representa un cambio sustancial en las funciones del MPA. A partir de ahora, se investigarán delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años, siempre que la conducta imputada prevea una pena mínima de dos años de prisión. También indicó que esta reforma, junto con la implementación del juicio por jurados, completa y adecua el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional.

A diferencia de lo ocurrido en 2014 con la aplicación del sistema acusatorio para mayores, en esta oportunidad la totalidad de la carga de trabajo en trámite de los Juzgados de Primera Instancia de Menores será asumida por el Ministerio Público de la Acusación.

La transición contempla el traspaso de recursos humanos: nueve profesionales de las Asesorías de Menores y Secretarías Penales ocuparán el rol de fiscales en materia juvenil. Más de 60 empleados administrativos del mismo origen se integran también al MPA. Además, se están coordinando gestiones con la Corte Suprema de Justicia para el traslado del personal de servicios.

Sin embargo, hasta que los equipos se consoliden, los fiscales referentes designados por las Fiscalías Regionales actuarán como nexo con Uferpa en la primera etapa. Se adaptó el sistema informático Heimdall para incluir nuevas funcionalidades y módulos, y se diseñó el sistema Clio, que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Menores para consulta permanente y trazabilidad de casos.

La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases institucionales permite darle continuidad a las investigaciones y facilita la toma de decisiones fundadas.

La Escuela de Capacitación impulsó actividades formativas específicas y, actualmente, el personal cursa programas obligatorios sobre la nueva política de persecución penal juvenil. También se organizaron jornadas de trabajo presenciales en Santa Fe y Rosario, y se alquilaron nuevas sedes para prestar servicios, mientras se mantienen operativas las oficinas de los antiguos juzgados de Menores.

En otras ciudades como Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, se utilizarán los actuales edificios de los Juzgados de Menores. En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, las oficinas serán en Centros de Justicia, junto al personal judicial traspasado.

En el marco del debate por la reforma de la Constitución Provincial, Vranicich afirmó que la implementación de esta competencia reafirma la necesidad de definir autonomía funcional y autarquía financiera reales para el MPA.

El martes a las seis en punto de la tarde, el comisario Mario Ricci y la oficial que lo acompañaba se presentaron en la puerta de San José 1111. Esquivaron los bombos, las parrillas, el humo y la gente que hacía pocas horas se había enterado que Cristina Kirchner no iría a Comodoro Py, y subieron hasta el segundo piso, departamento D. No llevaban sus celulares encima por orden de sus superiores: nadie quería tener responsabilidad sobre ninguna imagen filtrada de lo que estaba por suceder. Al abrirse la puerta del departamento, empezaría un momento íntimo aunque burocrático, destinado a narrarse en los libros de la historia política de este país. El momento en el que notificarían a una expresidenta del inicio de una pena a seis años de prisión, que se cumplirán en su casa.

Ricci está a cargo de la sede 1-C de la Policía de la Ciudad y tiene jurisdicción sobre la zona en la que vive CFK desde que se mudó junto a su hija Florencia y su nieta. No se habían visto, todavía, la cara. El comisario traía en la mano la carpeta con un escrito de diez páginas del Tribunal Oral Federal número 2, donde constaban los derechos y obligaciones que empezaron a regir desde el momento en que se le concedió la domiciliaria. La expresidenta y dos testigos firmaron la notificación. La oficial que lo acompañaba traía la almohadilla de tinta para las huellas dactilares. El procedimiento duró una hora y cuarenta minutos, una eternidad que Cristina sostuvo con buen diálogo y calma tensa.

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Pero menos de 24 horas después, ya empezaba a cuestionar lo que acababa de suscribir: le pidió al Tribunal una definición sobre el uso del balcón y le habló en vivo a la multitud que llenó la Plaza de Mayo y los alrededores para darle su apoyo. Después, avanzó todavía más al fleje sobre sus condiciones de detención. Pidió liberar el acceso de invitados y volverá a impugnar la tobillera electrónica. Está claro que acá está dando una batalla más profunda, la que definirá, a partir de sus reglas de prisión, el margen de acción política, la posibilidad de construir un centro de poder donde desplegarse desde el encierro. El ingreso de visitas es una clave de ese devenir. Hay ahí una definición que todos miran porque desde esta semana, donde concentró la atención y el liderazgo de manera indiscutida, el tiempo ahora empieza a correr con saña.

Axel Kicillof sueña con un fin de semana largo de calma pero sabe que no pasará. El tiempo de descuento antes de la inscripción de alianzas en la provincia es demasiado poco -cierran el 9 de julio- como para ejercitar la autonomía en el nivel que proyectaba. El problema es que asegura no estar dispuesto al sometimiento y para eso tendría que encontrar una salida elegante. Como hace meses, Sergio Massa, vuelve a ser el interlocutor que une las partes de esta familia rota entre el gobernador y la expresidenta y su hijo. Habla con todos de manera fluida pero al final no deja de ser una discusión contable con final abierto por la composición de las listas.

Todo el episodio de la condena está sucediendo en un peronismo lleno de asuntos pendientes sin resolver que parecían rumbo al estallido hasta que la Corte activó el expediente Vialidad. Lo que pasó en la discusión sindical por el volumen del apoyo a la movilización fue desopilante. Hugo Moyano lideró la rebelión que quitó la posibilidad de hacer un paro general para marchar y sacó los trapitos al sol de viejos rencores con Cristina y Máximo. También vale preguntarse sobre los movimientos de los gobernadores. ¿Se abroquelarán detrás del liderazgo de CFK o el tiempo materializará otras decisiones? Hay ocho provincias eligiendo senadores nacionales este año. El mapa de lo que el PJ pone en juego es muy grande y todavía está en dudas si primará la unión o la territorialización de los intereses. Son temas que a la gente no le importan nada, pero que están quitando el sueño a todos los que empezaban a emanciparse de Cristina.

Contra quién pelear

El Presidente volvió de su gira con un país focalizado en la inminente detención de la expresidenta. A pesar de que todavía no pisó la Rosada, el lunes activó un almuerzo a solas con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el miércoles lo hizo con Santiago Caputo. Detrás de esos dos encuentros uno a uno, hay una misma preocupación: el Congreso quedó en stand by posfallo de la Corte, pero apenas se reactive hay una agenda que Milei quiere desactivar por completo. La que sigue el camino de la sanción en el Senado del aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria.

La complicación es lo que viene después: con la decisión de vetar para no aumentar el gasto fiscal, el Gobierno solía moverse con tranquilidad por las adhesiones que sumaba en Diputados gracias al PRO, a una parte del radicalismo y a varias provincias. Eso les permitía tener el tercio necesario para frenar los votos que se necesitan para el veto en las dos Cámaras. Esa matemática se rompió con la aprobación de este proyecto y aceleró adentro de la Rosada una pelea que va camino a colisión entre el sector político de los Menem y Karina versus Santiago Caputo.

El estratega presidencial apunta a los operadores de Karina por inoperancia en la pérdida de los votos. Francos intenta mediar, como lo hizo este miércoles a la mañana cuando convocó a la mesa política que hacía casi un mes no se juntaba. Son reuniones que se discontinuaron porque la interna está rozando una tensión insostenible, que se intentó calmar en un encuentro que terminó en la nada. En rigor, terminó con Caputo en Olivos almorzando con el Presidente pidiéndole que solucionara la matemática de Diputados. Es apenas una de las consecuencias de esta pugna. La provincia de Buenos Aires y las decisiones que se tomen para cada uno de los ocho distritos electorales, son en realidad, la madre de todas las razones de la pelea.

Está abierta una situación intrigante y completamente irresuelta sobre la competencia bonaerense. En el Gobierno, se preguntan si les conviene este escenario que se configuró con la condena firme a CFK de la Corte. Está claro que ayuda a la polarización que buscaban, pero esta Cristina parece más poderosa que la que competía por la tercera sección electoral. ¿A quién prefieren tener enfrente ahora? ¿A Máximo o a Magario? Máximo le daría mayor nitidez al enfrentamiento pero posiblemente también más votos trasladados de su madre.

Como en todas las desdobladas del país, la gran pregunta es la participación. En las usinas de la Casa Rosada, estaban decididos a jugar ese factor a su favor pero con el nuevo escenario, la situación se les puso más tramposa: ¿no será un incentivo para el voto peronista salir ahora a las urnas, mientras que los antikirchneristas tendrán menos motivación con CFK presa en lugar de candidata?

Anécdotas oscuras de los K y la Justicia

En la movilización del miércoles, la expresidenta avanzó más sobre la política que sobre la Justicia pero es “ese poder” el objeto de su furia más intestina. Su discusión sobre la legitimidad del proceso que terminó en la confirmación de la pena en última instancia seguirá en tribunales internacionales pero el debate sobre su condena podría ser también una oportunidad, sobre todo en Comodoro Py, de mostrar celeridad y ecuanimidad en las causas penales. Es un fuero lleno de antecedentes turbios en su vínculo con los gobiernos de turno. Algo que cuando el kirchnerismo era poder se vio sin matices.

En un pequeño ejercicio de memoria, valen los ejemplos, casi una enumeración arbitraria sobre cómo fue su vínculo con la Justicia federal: el enriquecimiento de los Kirchner fue materia de investigación desde 2005 siempre con cierres veloces y sugestivos de las investigaciones. Primero fue Ercolini junto al fiscal Taiano. Después, fue Canicoba Corral. La situación más escandalosa se dio con Norberto Oyarbide que aceptó una pericia del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, para sobreseerlos. Su patrimonio en blanco había aumentado 158% sólo en 2008 sin justificación a la vista. El fiscal, otra vez Taiano, no apeló esa decisión. Se supo que uno de sus hijos había sido víctima de un episodio muy extraño. Taiano es un funcionario honesto que ahora tiene la responsabilidad en el caso de la cripto Libra. En todos los casos, la instancia superior (o sea la Cámara Federal) validó estas decisiones. No hubo, naturalmente, reclamos de la expresidenta por la desprolijidad de estos fallos.

Sólo para recapitular un poco más: el juez Claudio Bonadio, antes de la causa Hotesur Los Sauces y el expediente de los Cuadernos de las Coimas, tuvo inicialmente un período de afinidad en sus fallos sobre los Kirchner cuando ocupaban el centro del poder. Es inolvidable el sobreseimiento que firmó a los cuatro secretarios privados del matrimonio presidencial que mostraban un nivel de gastos y aumento patrimonial envidiable. Sin ninguna justificación. Uno de ellos era el memorable Daniel Muñoz, la mano derecha de Néstor Kirchner que murió en 2020. Con el tiempo, se conoció la verdadera dimensión de la fortuna de este hombre: entre 2003 y 2009 compró 113 propiedades en la Argentina (dos estancias en Santa Cruz, una de ellas de 20 mil hectáreas, cabañas en Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, casas en Río Gallegos, departamentos y cocheras en Buenos Aires). En Estados Unidos, se compró 14 departamentos en Miami, dos departamentos en el Plaza Hotel de NY también habría enviado 30 millones de dólares a la isla Turks and Caicos, para un emprendimiento turístico que nunca se concretó. Era el secretario privado de Néstor Kirchner. Ningún otro trabajo estable conocido.

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Hay otro antecedente escandaloso ya olvidado de la administración de justicia en Santa Cruz con los Kirchner en el poder. Como el juzgado federal estaba vacante, un mes después de la publicación de la ruta del dinero K en PPT, colocaron en ese espacio a una abogada de un listado de conjueces elaborado por el propio kirchnerismo. Se llamaba Andrea Belinda Askenazi Vera, una mujer que venía de trabajar durante nueve años en la Fiscalía de Estado provincial junto a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner. En rigor, los dos meses previos a asumir como jueza federal era asesora letrada de la gobernación santacruceña. Pasó a la historia por varios hitos: se sacó rápidamente de encima la denuncia por corrupción en las obras viales de Santa Cruz -que había sido transferida desde Buenos Aires- y la derivó a la justicia provincial adonde la cerraron más rápido todavía. Tres años después en 2016, pisó varias horas la orden judicial que le había mandado Bonadio para allanar la inmobiliaria de los Kirchner en el caso Hotesur. La policía metropolitana -encargada de realizar el allanamiento- supuso que la jueza podría ayudar a los investigados en vez de a los investigadores, y mientras esperaban que les firmara la orden para entrar a las oficinas, sacó fotos y videos que mostraron cómo la vaciaban los propios socios de los Kirchner, Osvaldo San Felice y Carlos Sancho. El escándalo fue tan grosero que logró algo inédito: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hizo una auditoría de lo que pasaba en ese juzgado y el informe alertó que el funcionamiento era un desastre con demoras injustificables e investigaciones congeladas. Esta situación era todavía más grave en las causas penales donde Askenazi guardaba en sus despachos los expedientes más sensibles, no tomaba decisiones durante años y ni siquiera llevaba un registro informático ni en papel de las acciones en cada expediente. Por su escritorio pasaron muchas denuncias de corrupción del kirchnerismo que se cerraron de manera intempestiva y sin argumentación.

Son apenas algunas anécdotas, de cómo interactuaban con la justicia cuando ocupaban el poder.

cristina kirchner, Javier Milei