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POLITICA

La línea 134 recibió más de 57 mil denuncias por extorsiones y aprietes para participar en los piquetes

Los datos fueron revelados por el Ministerio de Seguridad y apuntan a 30 organizaciones sociales denunciadas.

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En el último mes, el Gobierno de Javier Milei ha registrado más de 1.500 denuncias diarias en la línea 134, habilitada para informar sobre extorsiones y aprietes para participar en marchas piqueteras. El informe oficial identifica a 30 organizaciones, señaladas por beneficiarios de planes sociales que denuncian el cobro de cuotas mensuales y presiones para asistir a protestas.

La línea 134 fue establecida el 18 de diciembre pasado, cuando la gestión libertaria llevaba 8 días en el poder y estaba a 48 horas de la primera marcha piquetera. Fue aquella marcha del 20 de diciembre, en el que se puso en juego el protocolo antipiquete, básicamente contra las organizaciones de izquierda como el Polo Obrero.

Esta agrupación, que a su vez funciona como el brazo piquetero del Partido Obrero, fue una de las mencionadas en las denuncias. Sin embargo, hay otras muy conocidas también como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (más cercanas al kirchnerismo), Barrios de Pie, Libres del Sur y la Agrupación Darío Santillán.

El texto, de 50 páginas, destaca que de las 57.000 denuncias recibidas en 36 días, menos del 10% (aproximadamente 3,900) proporcionaron datos relevantes, como los nombres de organizaciones y referentes involucrados en las extorsiones. Dicho informe se trata del balance “sintético sobre las denuncias recibidas en la línea 134 acerca de instigación o coacción para cortar calles, rutas o avenidas”. 

Algunas de las denuncias detalladas por el Gobierno mencionan también presuntos aprietes para participar en la marcha de este miércoles, que acompañará al paro general de la CGT. Tal es el caso del intendente de Tigre, Julio Zamora (Unión por la Patria), acusado de presionar a los puesteros del Puerto de Frutos de su municipio para que asistan a la movilización.

Según revela el informe, entre las organizaciones sociales mencionadas se encuentran: Organización Cuba MTR, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Corriente Pueblo Unido, Asociación Valeria Orozco, Movimiento Redes Argentina Rebelde, FORJA, Movimiento 17 de noviembre, Movimiento 17 de octubre, El Cambio es Posible, Agrupación William Cooke, Agrupación Las Américas, Agrupación Felipe Vallese, Agrupación desocupados de Eva Perón, Evita Solano, Cooperativa Unión de Productores Familiares, Nuevo Pasos, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Agrupación Martín Fierro, Organización Corriente Pueblo Unido, Mariano Ferreyra, Organización FOL, Movimiento Barrial de Trabajadores, y el Movimiento Teresa Vive.

También figura una organización sindical: la CTA (Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina), otra que está vinculada al kirchnerismo. Además, en algunos casos, los beneficiarios proporcionaron los nombres de los presuntos referentes que los aprietan.

La lucha entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras involucra disputas de poder en la calle y temas económicos, como la distribución de los Planes Potenciar. La cantidad de beneficiarios de estos planes supera el 1.3 millón, y su acceso es controlado por organizaciones piqueteras, convirtiéndolas en actores clave en la política local.

En este sentido, el Informe aclara que “más de 1.200 de las denuncias recibidas al 134 fueron derivadas al Ministerio de Capital Humano porque involucran a personas u organizaciones sociales que presionan a los beneficiarios de algún tipo de Plan o Asignación Estatal para participar de los cortes de calle bajo la premisa de quita, limitación o multa de los beneficios a aquellos que no concurran, como así también diversas irregularidades relacionadas con la administración de los planes mencionados”.

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Del carnet mochilero a las palomas mensajeras: las regulaciones que Sturzenegger elimina con la Ley Hojarasca

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío de la Ley Hojarasca -que elimina cien regulaciones- al Congreso. El Ejecutivo define la agenda legislativa y organiza reuniones con los jefes de bloques aliados.

Vamos a intentar de que Hojarasca se mande a Diputados lo antes posible, nuestro ideal sería esta semana, pero depende de los equipos técnicos”, expresó a TN un funcionario cercano al presidente.

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El proyecto de Sturzenegger propone derogar una serie de normas impulsadas durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, junto con el de Isabel Perón. Se trata de regulaciones como la ley 20.802, que fue sancionada en 1974 y establece el marco para el carnet de mochilero.

Determina su uso obligatorio para “todos aquellos que, con fines turísticos, soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar”. Se les brinda preferencia para acampar y establece el área de Turismo como autoridad de aplicación.

Javier Milei junto Federico Sturzenegger en su jura como ministro de Desregulación y Transformación del Estado (Foto: prensa Gobierno).

Otra de las leyes que busca eliminar es la 12.913, que regula la actividad de las palomas mensajeras e impulsa la fiscalización y supervisión de los criaderos a través del Ministerio de Defensa. Se las declara de utilidad pública.

Establece además un reglamento sobre las señales de identificación y determina la inscripción de las aves en un registro, de forma que el Ejecutivo pueda hacerles un seguimiento jurídico en caso de que se vendan. Fija una multa de $200 por incumplimientos.

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Javier Milei le pidió a Sturzenegger que lleve a cabo la reforma del Estado, que implica el uso de las facultades administrativas para modificar y eliminar organismos de la administración central o descentralizada.

Es por eso que el ministro trabaja en un decreto para eliminar 60 organismos públicos, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

El Gobierno prepara reuniones con los bloques aliados para definir la agenda legislativa (Foto: prensa Congreso).
El Gobierno prepara reuniones con los bloques aliados para definir la agenda legislativa (Foto: prensa Congreso).

Quedó a cargo además de la subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que preside María Reggi. Se trata del áera que impulsa la reducción de los empleados estatales. El Gobierno ya desplazó a más de 23.000 trabajadores bajo la categoría de contratados.

Anunció además el impulso de un examen de ingreso anónimo para los futuros empleados de la función pública. “Permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”, expresó en X.

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Avanzó sobre la reforma aerocomercial con decretos reglamentarios del DNU 70/2023, que establece la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, cambios en el registro de aeronaves y la digitalización de trámites.

Prepara también un proyecto para impulsar un marco normativo que permita el pago de propinas a través de medios electrónicos. Propone la posibilidad de sumar el adicional al ticket de compra.

Federico Sturzenegger, Congreso.

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