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POLITICA

La línea 134 recibió más de 57 mil denuncias por extorsiones y aprietes para participar en los piquetes

Los datos fueron revelados por el Ministerio de Seguridad y apuntan a 30 organizaciones sociales denunciadas.

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En el último mes, el Gobierno de Javier Milei ha registrado más de 1.500 denuncias diarias en la línea 134, habilitada para informar sobre extorsiones y aprietes para participar en marchas piqueteras. El informe oficial identifica a 30 organizaciones, señaladas por beneficiarios de planes sociales que denuncian el cobro de cuotas mensuales y presiones para asistir a protestas.

La línea 134 fue establecida el 18 de diciembre pasado, cuando la gestión libertaria llevaba 8 días en el poder y estaba a 48 horas de la primera marcha piquetera. Fue aquella marcha del 20 de diciembre, en el que se puso en juego el protocolo antipiquete, básicamente contra las organizaciones de izquierda como el Polo Obrero.

Esta agrupación, que a su vez funciona como el brazo piquetero del Partido Obrero, fue una de las mencionadas en las denuncias. Sin embargo, hay otras muy conocidas también como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (más cercanas al kirchnerismo), Barrios de Pie, Libres del Sur y la Agrupación Darío Santillán.

El texto, de 50 páginas, destaca que de las 57.000 denuncias recibidas en 36 días, menos del 10% (aproximadamente 3,900) proporcionaron datos relevantes, como los nombres de organizaciones y referentes involucrados en las extorsiones. Dicho informe se trata del balance “sintético sobre las denuncias recibidas en la línea 134 acerca de instigación o coacción para cortar calles, rutas o avenidas”. 

Algunas de las denuncias detalladas por el Gobierno mencionan también presuntos aprietes para participar en la marcha de este miércoles, que acompañará al paro general de la CGT. Tal es el caso del intendente de Tigre, Julio Zamora (Unión por la Patria), acusado de presionar a los puesteros del Puerto de Frutos de su municipio para que asistan a la movilización.

Según revela el informe, entre las organizaciones sociales mencionadas se encuentran: Organización Cuba MTR, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Corriente Pueblo Unido, Asociación Valeria Orozco, Movimiento Redes Argentina Rebelde, FORJA, Movimiento 17 de noviembre, Movimiento 17 de octubre, El Cambio es Posible, Agrupación William Cooke, Agrupación Las Américas, Agrupación Felipe Vallese, Agrupación desocupados de Eva Perón, Evita Solano, Cooperativa Unión de Productores Familiares, Nuevo Pasos, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Agrupación Martín Fierro, Organización Corriente Pueblo Unido, Mariano Ferreyra, Organización FOL, Movimiento Barrial de Trabajadores, y el Movimiento Teresa Vive.

También figura una organización sindical: la CTA (Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina), otra que está vinculada al kirchnerismo. Además, en algunos casos, los beneficiarios proporcionaron los nombres de los presuntos referentes que los aprietan.

La lucha entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras involucra disputas de poder en la calle y temas económicos, como la distribución de los Planes Potenciar. La cantidad de beneficiarios de estos planes supera el 1.3 millón, y su acceso es controlado por organizaciones piqueteras, convirtiéndolas en actores clave en la política local.

En este sentido, el Informe aclara que “más de 1.200 de las denuncias recibidas al 134 fueron derivadas al Ministerio de Capital Humano porque involucran a personas u organizaciones sociales que presionan a los beneficiarios de algún tipo de Plan o Asignación Estatal para participar de los cortes de calle bajo la premisa de quita, limitación o multa de los beneficios a aquellos que no concurran, como así también diversas irregularidades relacionadas con la administración de los planes mencionados”.

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La jueza Servini cuestionó el operativo de seguridad durante los incidentes en el Congreso

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La jueza federal María Servini expresó hoy su descontento con el operativo de seguridad desplegado durante los disturbios frente al Congreso por la Ley Bases, señalando deficiencias en la organización y ejecución del mismo. En una entrevista con El Destape Radio, Servini afirmó que las fuerzas de seguridad involucradas, bajo la dirección de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no parecen estar coordinadas de manera eficaz.

Servini destacó que los sumarios presentados por las fuerzas de seguridad eran “muy incompletos”. “No es deliberado, pero creo que tienen falta de entrenamiento y de conocimiento”, explicó, añadiendo que ha tenido experiencias similares en otros casos. Según la jueza, los expedientes llegaron desorganizados y mal instruidos, lo que dificultó el análisis de la situación.

La Justicia determinó que un grupo “coordinado” de izquierda provocó destrozos en el Congreso

La jueza también subrayó que la causa sigue en proceso de investigación, con una gran cantidad de material audiovisual aún por revisar. “No nos alcanzaba el tiempo para ver la cantidad de videos que hay. Todo el mundo saca un video y después aparece uno completamente distinto”, señaló, resaltando la necesidad de analizar exhaustivamente todas las pruebas disponibles.

Recientemente, Servini ordenó la liberación de once detenidos, sumándose a los 17 que había excarcelado anteriormente, dejando solo a cinco personas en detención. Sin embargo, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó a la Cámara Federal que 14 de los liberados regresen a prisión, acusándolos de atentar contra la democracia y argumentando que podrían fugarse o entorpecer la investigación si permanecen en libertad.

La jueza también anunció que evaluará la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo. “Ya se pidió el nombre de todas las personas que estuvieron en la fuerza tratando de parar esta manifestación y después tenemos que ver el papel que ocupaba cada uno en ese lugar”, concluyó Servini.

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