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POLITICA

La mayoría de los funcionarios de Kicillof cobran dos o más contratos del estado

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Desde el comienzo de su gestión como gobernador, Axel Kicillof, tuvo que enfrentar numerosos cuestionamientos por los contratos que sostiene su esposa, Soledad Quereilhac, en el estado. En total, serían al menos tres los ingresos que mantiene hasta el día de hoy, por un monto superior al millón de pesos mensual. En efecto, en momentos en los que gran parte de la administración pública se encuentra al límite de la pobreza y con numerosos contratos pendientes de un hilo, Quereilhac embolsa una cuantiosa suma a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad de Buenos Aires y la de San Martín.

Hasta el momento, lejos de renunciar a ellos, Quereilhac pareciera decidida a aumentarlos. El propio Javier Milei la dejó en el centro de la polémica cuando, al asumir, aseguró que el CONICET tiene un presupuesto similar al de la NASA, pero con resultados mucho más pobres. A modo de ejemplo, la compañera de Kicillof goza de un ingreso del consejo de ciencias para, presuntamente, estudiar “ciencias ocultas” (asignatura que fue modificada luego de que REALPOLITIK lo advirtiera públicamente).

Qureilhac, sin embargo, no es la única del entorno de Kicillof que goza de más de un contrato estatal en simultáneo. El propio gobernador figura aún al día de hoy como investigador del CONICET, aunque se desconoce si cobra una remuneración por dicho cargo.

La lista

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, además de cobrar un jugoso salario por su posición en la gestión de Axel Kicillof, conserva un cargo en la Universidad Nacional de Quilmes, por el que percibe un segundo sueldo del estado de alrededor de 250 mil pesos. La siempre polémica Jésica Rey, ministra de Comunicación Pública bonaerense, mantiene un contrato un tanto menor en la Universidad Nacional de La Plata, al igual que la presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.


Bianco, Costa y Rey, algunos de los beneficiados de la empleomanía estatal.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantiene un segundo ingreso de la Universidad Nacional de Lanús cercano al medio millón de pesos. Por un monto similar, el ministro de Economía, Pablo López, se encuentra nombrado en la Universidad Nacional de José C. Paz.

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, percibe dos sueldos más, uno en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y otro en la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre ambos suma casi medio millón de pesos.


Batakis, una vida yendo de cargo en cargo.

La lista la completan el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y la secretaria General, Agustina Vila, con contratos en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz, por montos que oscilan entre los 200 y los 400 mil pesos.

En todos los casos, los dirigentes más cercanos al gobernador Axel Kicillof decidieron llevar adelante un ejercicio de “picardía criolla”: los contratos que mantienen pertenecen a universidades que, a pesar de administrarse en forma local y manejarse políticamente en territorios bonaerenses, son técnicamente nacionales. De esta forma, pueden sostener un contrato del estado provincial y otro nacional, alegando un trabajo de docencia, para evitar así la incompatibilidad.

Picardías aparte, las curiosas estrategias de los dirigentes políticos que conforman gran parte del equipo de trabajo de Axel Kicillof parecieran alimentar el rechazo de gran parte de la sociedad. En efecto, mientras los empleados públicos bonaerenses cortan calles, movilizan sindicatos y reclaman mejoras salariales que no llegan, los ministros y la esposa del gobernador acumulan contratos a costa de las arcas públicas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Revés judicial para una maniobra del condenado exgobernador Urrribarri y su abogado Burlando

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Condenado por corrupción, el exembajador ante Israel y exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri recibió un nuevo revés en la Justicia. Con su abogado Fernando Burlando habían planteado en los tribunales federales de Comodoro Py que en su provincia funcionaba una “mesa judicial” para perjudicarlo y acusarlo en causas penales, pero la jueza federal María Servini se declaró incompetente y mandó el caso a la justicia local entrerriana.

La estrategia es conocida y fue usada en otras causas en el pasado: abrir un expediente paralelo, de preferencia en otra jurisdicción, para desde allí conseguir la nulidad del expediente principal. Pero en esta ocasión no funcionó.

Urribarri fue contra la Procuración de la provincia y los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, así como contra la exfiscal Cecilia Goyeneche y el periodista Daniel Enz, que viene publicando desde hace décadas investigaciones que sacaron a la luz actos de corrupción del exgobernador.

La jueza Servini pidió informes a la justicia de la provincia sobre las causas contra el exgobernador, mientras el fiscal Carlos Stornelli postuló la incompetencia de la justicia federal porteña para investigar el asunto. También pidió informes a Burlando sobre la actualización de las causas “URRIBARRI, Sergio y otros s/ peculado s/ recurso de queja” y “URRIBARRI, Sergio y otros s/ negociaciones incompatibles” del Juzgado de Garantías N°4 de Paraná. Y si había recursos en la Corte Suprema de la Nación. Pero la querella nunca respondió.

Con esos datos, si bien los informes requeridos tuvieron respuesta parcial, Servini resolvió que “con meridiana claridad (más ante el silencio de la querella) Sergio Daniel Urribarri es objeto de un proceso jurisdiccional en la Provincia de Entre Ríos y que no media en su sustanciación intervención alguna de cualquier órgano judicial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la hipótesis planteada por el acusador particular, que no fuese, obvia e hipotéticamente, la Excma. Corte”.

Por eso, la jueza concluyó que “considerando que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en la Provincia de Entre Ríos dentro del marco de un procedimiento judicial local, sin que medie además ningún otro acontecimiento que excite la intervención de jurisdicción de excepción, estimo corresponde de conformidad fiscal, declarar la incompetencia en razón de materia y territorio” en favor de la justicia entrerriana.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de cárcel. La sentencia lo había olbligado en su momento a renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.

Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos que en algunos casos terminaron financiando sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.

Ahora Urribarri pelea porque la Corte revierta esta decisión. Su libertad está condicionada y puede perderla si es que el fallo queda firme la decisión de la Corte Suprema.

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