La Oficina Anticorrupción (OA) le dio un plazo de cinco días hábiles al Ministerio de Capital Humano para que entregue información sobre ciertos contratos realizados a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Estos convenios, que superan los mil millones de pesos, están bajo escrutinio debido a sospechas de irregularidades en las contrataciones. La notificación fue enviada el jueves pasado, pasado el mediodía.

Esta solicitud surge en el contexto de una investigación iniciada por la propia ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras la expulsión de Pablo De la Torre del área social del ministerio. La expulsión se produjo en medio de la controversia por los alimentos almacenados en depósitos de Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires), y las sospechas de irregularidades en las contrataciones a través de la OEI.

Sandra Pettovello junto a funcionarios del Gobierno y de la OEI

El titular de la OA, Alejandro Melik, solicitó a Nano Lembo que precise las tareas desarrolladas por los contratados, el mecanismo de selección y quién solicitó dichas contrataciones, requiriendo también las “constancias documentales” que respalden esta información. El uso del convenio con la OEI por parte del Ministerio de Capital Humano ha generado dudas, dado que muchos funcionarios del ministerio fueron contratados a través de este organismo, facturando como prestadores de servicios externos sin designación oficial.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, también ha intervenido en el caso. Para tener un panorama completo de las relaciones entre el Estado y la OEI, la PIA solicitó a 14 organismos públicos que detallen la cantidad de contratados y los fondos transferidos a la OEI en los últimos tres años, montos que superan los 28 mil millones de pesos.

Además, la ministra Pettovello presentó una denuncia en la Justicia basada en el testimonio de Federico Fernández, un funcionario cercano a De la Torre, implicado en las contrataciones. La causa está ahora en el juzgado de Ariel Lijo, candidato del oficialismo para la Corte Suprema. Las investigaciones buscan aclarar las sospechas de sobresueldos y posibles contratos fantasmas que podrían haber creado una caja negra dentro del Ministerio.