Luego del fuerte rechazo que generó en el agro de La Pampa la decisión del gobierno provincial de apurar la reglamentación de la ley de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, con fuertes restricciones que podrían afectar la producción, trascendió que podría revisarse la reglamentación. Si bien en La Pampa, tras la polémica, hay una intención por diluir el tema para que no escale a nivel nacional, se conoció que hubo una reunión entre el mandatario provincial, Sergio Ziliotto, y la Mesa de Enlace local en completo hermetismo: allí se gestó un principio de acuerdo que podría posibilitar modificaciones en la reglamentación.

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La ley 3288 de gestión integral de plaguicidas, sancionada en 2020 en La Pampa, sigue siendo un tema de alta tensión entre el gobierno provincial y el sector agropecuario de esa provincia. Aunque la normativa debía ser reglamentada en un plazo de 120 días tras su aprobación, han pasado ya cuatro años sin avances concretos. El contenido, no solo de la ley sino de su reglamentación, fue rechazada por todo el sector agropecuario, incluso, por el gobierno nacional por complicar la actividad en esa provincia.

La Mesa de Enlace de La Pampa, integrada por Carbap, Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA), ha cuestionado con dureza la ley, señalando que su reglamentación, tal como fue concebida, podría dejar improductivas más de 200.000 hectáreas. Los puntos más controvertidos incluyen estrictas restricciones para la aplicación de agroquímicos, exigencias de distancias y el cumplimiento de requisitos técnicos difíciles de implementar en las explotaciones, según los productores. En el sector apuntaron que los productores con menor estructura podrían ser los más perjudicados.

Hasta hace dos semanas, los productores se encontraban con la negativa de ser tomados en cuenta en la decisión y armado de la normativa y su respectiva reglamentación, pero una vez que la controversia trascendió a nivel nacional lograron reunirse con la ministra de Producción, Fernanda González, quien abrió la posibilidad de diálogo entre las partes. El miércoles pasado y bajo total anonimato, los integrantes de la Mesa de Enlace consiguieron el encuentro con Ziliotto. Indicaron que participaron la ministra González; Mario Rubén Kohan, ministro de Salud, y Vanina Basso, secretaria de Ambiente de La Pampa. No obstante, pese a lo que pudo reconstruir este medio, desde la oficina del gobernador Ziliotto negaron que esa reunión haya pasado.

En la reunión los productores remarcaron el desacuerdo que tienen con la ley y su reglamentación. Entre los puntos que expusieron están las “distancias de prohibición y amortiguamiento sobre zonas urbanas, cursos de agua y cuerpos de agua, donde el gobernador propuso que sea un aviso de aplicación y no una autorización”. Además del “poder de policía excesivo dado a las autoridades de aplicación. La alta carga burocrática de todos los procesos de permisos y autorizaciones para poder aplicar”.

Los productores también manifestaron el “elevado tiempo en la prescripción de las penas de contravenciones a la ley” y “excesivos montos pecuniarios de las multas”. Además expresaron su preocupación y disconformidad con la constitución y funcionamiento de una comisión interdisciplinaria e insistieron con la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la ley.

Desde el gobierno provincial les insistieron que en este momento “no es posible modificar la ley”, pero les habrían dejado la puerta abierta para hacer modificaciones en la reglamentación. Ahora el contacto es con la ministra de la Producción, quien estará en la cabeza del armado del nuevo borrador, si lo hay.

El agro pampeano insiste en la necesidad de revisar o incluso derogar la ley. “No hay un nuevo borrador, al menos los productores no lo tienen. No tenemos ningún avance ni para un lado ni para el otro, lamentablemente”, mencionaron.

Se aferran al compromiso de que “no se avanzará en la reglamentación” sin alcanzar un consenso con el sector. “Estamos como en 2020, con la ley sancionada, pero sin reglamentar. No tenemos nada y seguimos en un impasse”, agregó una fuente. A pesar de las críticas, desde el gobierno provincial pidieron “calma mediática” y, por ahora, prometieron no avanzar con la reglamentación sin el consenso del sector agropecuario.

Vale recordar que la vicepresidenta del INTA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, también intervino en la discusión para promover el diálogo y respaldar los reclamos de los productores. La funcionaria subrayó la necesidad de basar cualquier reglamentación en evidencia científica y con las normativas vigentes, así como las directrices del Senasa, las recomendaciones del INTA y el asesoramiento de los Colegios de Ingenieros Agrónomos. La propuesta incluye incorporar tecnologías agtech y prácticas agrícolas adecuadas, con respaldo científico, para lograr un equilibrio entre la protección ambiental y la producción agropecuaria, sin perjudicar al productor.

En tanto, el pedido de los productores es claro: revisar o incluso derogar la ley. Por ahora, el gobierno local solo les plantea trabajar en la reglamentación como mejor opción.