Durante el primer trimestre del año, la pobreza en Argentina afectó a 22,6 millones de personas, lo que representa un aumento de 3,2 millones de nuevos pobres desde diciembre del año pasado. 

Según el Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa de pobreza para el semestre octubre-marzo fue del 48,3%. “La incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 44,9% para el cuarto trimestre de 2023 y 51,8% para el primer trimestre de 2024”, consignó el informe de la casa de estudios.

El indicador de Di Tella estima la incidencia de la pobreza en términos del porcentaje de personas que viven en hogares pobres y se actualiza mensualmente en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, junto con las variaciones de la Canasta Básica Total, la inflación y a la proyección de los deciles de ingreso total familiar.

De esta manera, la medición de la institución sugiere que alrededor del 48% de las personas en el país viven en hogares urbanos pobres, es decir 14,2 millones de argentinos sobre un total de 29,3 millones.

En tanto, si se considera una proyección de la población total –es decir, incluyendo zonas rurales y de baja densidad demográfica–, la pobreza alcanzaría a 22,6 millones de personas sobre un total de 46,8 millones, lo que representa un fuerte aumento respecto a los 19,4 millones de pobres al finalizar el 2023 según los últimos datos oficiales del Indec.

El aumento de la pobreza y la indigencia se ha dado en un contexto de deterioro económico y avance de la inflación, lo cual erosionó el poder de compra de los salarios a lo largo del año pasado, gobernado casi en su totalidad por Alberto Fernández. 

Un año atrás, un 39,2% de las personas era considerada pobre en la Argentina y un 8,1%, indigente. Y hace seis meses esas cifras ya habían escalado hasta 40,1% y 9,3 por ciento. En definitiva, el avance de la indigencia fue más rápido: de un año a otro la pobreza creció 2,5 puntos porcentuales y la indigencia, 3,8 puntos.

El empeoramiento de los indicadores sociales se dio en paralelo con números favorables en los porcentajes de desempleo, lo que da cuenta de que el fenómeno está más explicado por la marcada caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. 

La inflación cerró el 2023 en 211,4 por ciento, la cifra interanual más alta en tres décadas. En tanto, la pobreza subió al 41,7% de la población, mientras que la tasa de indigencia llegó al 11,9%.

El informe del Indec también muestra que en el segundo semestre de 2023, el 58,4% de los niños de hasta 14 años fueron considerados pobres, y que la franja etaria más afectada es la de 12 a 17 años, con una tasa de pobreza del 59,4% y una tasa de indigencia del 19,7%.

Las distintas regiones del país muestran realidades diversas. El conglomerado urbano con el número más alto de pobreza es el Gran Resistencia (Chaco), con 65,2%; le siguen Concordia, Entre Ríos (56,2%); Santiago del Estero-La Banda (53,2%); La Rioja (51,6%), Gran Santa Fe (48,9%); Formosa (46,9%); San Nicolás-Villa Constitución (46,7%); Rawson-Trelew (46%) y el Conurbano Bonaerense (45,5 por ciento). Con el mismo criterio de análisis por centro urbano, en Gran Resistencia casi 1 de cada 4 personas es indigente.

La escalada más pronunciada en la tasa de indigencia en comparación con la de la pobreza responde a lo que se conoce como las “brechas”, esto es, qué tan lejos quedaron los hogares pobres e indigentes de superar ese umbral. En el segundo semestre del año, por ejemplo, en promedio las familias pobres tuvieron ingresos un 32,8% más bajos de lo que necesitaban para no ser pobres. Y los hogares indigentes tuvieron remuneraciones un 39,2% inferiores a lo que requerían para no serlo.

Más allá del declive sostenido del año pasado -y de los últimos años, ya que la tasa de pobreza era de 25,7% hace seis años-, sobre el cierre del 2023 hubo un impacto adicional en las condiciones de vida de la población. En este contexto, el impacto de las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei, que propició una devaluación del tipo de cambio y la liberación de precios reprimidos, podría implicar un mayor impacto en los indicadores sociales en los próximos meses. El próximo dato oficial se conocerá en septiembre y contemplará la situación hasta mitad de año.