Las autoridades nacionales tomaron nota de los reclamos que les llevaron los gobernadores en la reciente reunión que mantuvieron en la Casa Rosada y ya están analizando una contrapropuesta para tratar de llegar a un acuerdo y retomar el diálogo en un contexto complicado para el oficialismo en el Congreso, donde avanzan proyectos que el presidente Javier Milei considera que son perjudiciales para su administración.

El viernes pasado, cuando el líder libertario estaba terminando su gira por Europa y Medio Oriente, un grupo de mandatarios provinciales, del PRO, pero también del peronismo duro, visitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su oficina.

Durante una conversación que duró poco menos de una hora, le plantearon al funcionario una serie de pedidos en materia tributaria en nombre no solo de los presentes, sino de las 24 jurisdicciones del país.

Es que, previo al encuentro, los gobernadores se habían juntado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la situación impositiva y especialmente de los fondos automáticos que se envían a través de la Coparticipación que, según un informe, se van a reducir un 4,2% respecto de 2024.

Las provincias cuestionan algunas de las medidas de la actual gestión, como los cambios en los impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados o la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades.

Ante esta situación, le llevaron a Francos un conjunto de propuestas, entre las cuales está crear un mecanismo para repartir el dinero de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de otras partidas que la Casa Rosada no está utilizando.

“La reunión fue buena y a las dos propuestas que se hicieron, en principio, el Gobierno les dio el visto bueno. Lo que se propone es copartipar el fondo remanente de ATN y modificar el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación especifica que la Nación no está ejecutando”, explicó a Infobae una fuente cercana a los protagonistas de la reunión del viernes.

Los encargados de transmitir estas iniciativas fueron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba, enviada en lugar de Martín Llaryora, que no pudo asistir).

Según trascendió, los invitados pretendían que el encuentro se realizara con la presencia del propio Milei, lo cual no pudo ser posible, ya que se encontraba todavía en el exterior en ese momento.

Ahora, los mandatarios provinciales buscan que se realice una nueva convocatoria con el Presidente ya nuevamente en Buenos Aires, aunque desde el sector de Francos aclaran que todavía no hay nada confirmado.

El jefe de Gabinete decidió tomarse esta semana, que es corta por los feriados de este lunes y del viernes, para estudiar los planteos de los gobernadores, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a su equipo financiero.

El objetivo del funcionario, según anticiparon desde su entorno, es tener lista una respuesta -o una eventual contrapropuesta- para la semana siguiente, antes del próximo encuentro que los líderes locales están organizando en el CFI.

Esto se da además en el marco de una agenda complicada para el oficialismo en el Congreso, donde el kirchnerismo tendría los votos para sancionar definitivamente los proyectos de mejora de los haberes jubilatorios y recomposición de la moratoria previsional.

Ambas medidas ya tienen la aprobación de Diputados y ahora la oposición está esperando votarla en el Senado, por lo que en la Casa Rosada se analiza intentar postergar el debate.

Aunque sin posibilidad de frenar las dos leyes, Milei necesitará del apoyo de los gobernadores, que tienen autoridad sobre varios bloques provinciales en la Cámara baja, para evitar que se insista parlamentariamente con estas normas una vez que el Presidente las vete.

Dentro de dos semanas el jefe de Gabinete podría ir al Senado para dar un nuevo informe de gestión, en el que se espera que hable una vez más de la importancia de sostener el equilibrio fiscal, algo que ya les expresó a Jalil, Torres, Ziliotto, Vidal y Prunotto en el último encuentro.

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Cristina Kirchner comenzará este miércoles a cumplir su condena por la causa Vialidad. Esta certeza aún no está acompañada por otras determinaciones clave que se deben definir por estos días: si se le concederá la prisión domiciliaria y si este permiso llegará antes de que se presente en los tribunales de Comodoro Py para comenzar su pena.

Son cuestiones que se están trabajando con alto hermetismo en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola deberán presentar mañana un escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso opinando sobre si deben darse los beneficios solicitados por los letrados de la ex presidenta para el cumplimiento de la pena.

Estos incluyen la prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1100, ubicado en el barrio porteño de Constitución, así como la posibilidad de que se pueda seguir expresando en redes sociales y que siga saliendo al balcón de su departamento, tal y como lo hizo en los últimos días. En principio, no habrá una determinación de los jueces hasta el mismo miércoles.

Todas estas determinaciones permanecen ajenas al Gobierno nacional, donde prefieren evitar cualquier tipo de declaración al respecto. Javier Milei bajó una línea clara a sus funcionarios: no sugerir posicionamientos sobre lo que deban hacer o no quienes deciden sobre la pena de CFK.

“Que la Justicia haga lo que se le cante las pelotas. Somos el Poder Ejecutivo. Nos hemos mantenido al margen de todo el proceso y no interferimos para nada en la Justicia”, declaró una altísima fuente de la Presidencia a Infobae.

En rigor, esto se condice con lo que el Presidente dijo el último jueves en su última jornada en Israel, donde habló por primera y última vez sobre la condena presidencial: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer“.

“Cuando el Poder Ejecutivo no presiona y deja trabajar a la Justicia, la Justicia actúa con celeridad”, concluyó en su alocución. Milei llegó al país el sábado por la noche y desde entonces estuvo en la Residencia Presidencial de Olivos, sin tener tampoco asuntos públicos de gran relevancia en la agenda de esta semana.

Una gestualidad no menor fue que la cuenta de la Oficina del Presidente (@OPRArgentina) -el que Milei considera que es su cuenta gubernamental y como jefe de Estado- no publicó ningún comunicado sobre el fallo de la Corte. Durante esos días se limitó a informar algunos de los principales acontecimientos de su paso por Israel.

Las menciones al caso de Cristina fueron escuetas incluso en la misma tarde en la que se conoció el fallo de la Corte Suprema. “Justicia. Fin”, escribió en su cuenta personal de X, para luego dedicarle un párrafo recordándole a “periodistas, corruptos y cómplices de políticos mentirosos” que habían sugerido un pacto de complicidad con el kirchnerismo.

Este es un punto que crispa especialmente al Presidente, que se encarga de afirmar a los suyos que no le interesa la agenda político-judicial. “Siempre sostuve que mi único norte es mi programa de reformas. Soy el único que respeta a la República en serio, porque no tengo nada que decir ni hacer sobre la Justicia”, suele analizar en charlas privadas.

El único funcionario que salió a hablar por estos días es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Un tema es que le den arresto domiciliario y otra es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón, cuestiones que pueden generar una molestia en el barrio, si es que la cumple en la calle San José. Eso genera para los vecinos una molestia innecesaria si fuera en otro lugar”. No obstante, repitió: “Es una decisión que le corresponde a la Justicia”.

La bajada de línea de Milei a sus funcionarios tuvo acatamiento total. “No tenemos comentarios para hacer”, se limitan a decir altas fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional sobre este proceso. Quien comanda esa área es Patricia Bullrich, que tiene un largo historial de enfrentamientos políticos con la titular nacional del Partido Justicialista.

Instantes después de conocerse el fallo de la Corte, el TOF 2 que preside Gorini le solicitó a Bullrich que le confeccionara un listado con establecimientos federales donde puedan quedarse -según el caso- Cristina y los ocho condenados más que tiene la causa Vialidad. El informe -entregado el miércoles pasado- sigue en estricta reserva, incluso para los letrados de CFK.

En tanto, Cristina anunció este fin de semana que el miércoles se presentará en Comodoro Py para comenzar el cumplimiento de su pena. Aún no se conoce cómo será la dinámica de la caravana que la acompañe hasta esos tribunales. Altos funcionarios del Ejecutivo habían confirmado días atrás a Infobae que no querían “montar un show”. Es decir, no pretendían que la dirigente saliera esposada o que se montara un escenario indigno, tampoco que pudiera parecer provocativo.

Y es que los principales referentes del PJ, intendentes y dirigentes sociales y gremiales están convocando a una movilización masiva que seguramente paralice la circulación en el microcentro porteño y en la zona de Retiro, donde se ubica el TOF 2. El operativo de seguridad ya está siendo digitado por las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional y los de la Ciudad, pero los detalles permanecen en reserva.

La posibilidad de que Cristina reciba la domiciliaria es significativa. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidenta afirmó ante Infobae que ese impedimento de la Justicia sería una violación a diferentes estándares de raigambre constitucional. A la vez, menciona casos otras fundamentaciones:

• como el artículo 10 del Código Penal, que establece que el cumplimiento de la pena fuera del establecimiento carcelario procede por razones de edad, salud o contexto familiar;
• el artículo 32 de la Ley 24.660 (ejecución de la pena), que exige un análisis humanitario y proporcional al momento de fijar ese lugar;
• y “la actuación conforme al principio de convencionalidad, previsto en el fallo ‘Gelman vs. Uruguay’ (CIDH, 2011), lo que impide ejecutar una pena en condiciones que afecten la integridad física, psíquica y simbólica de quien fue ya víctima de un intento de magnicidio y objeto de una persecución judicial sistemática”.

“La negativa a conceder la prisión domiciliaria a CFK, además de jurídicamente insostenible, implicaría un acto de crueldad institucional que podría derivar en una reacción social de incalculable magnitud. No se trata solo de legalidad: se trata de evitar un estallido que afecte la gobernabilidad democrática. La prisión domiciliaria, en este contexto, no solo es lo jurídicamente correcto. Es lo democráticamente indispensable”, afirma el letrado.

Altas fuentes diferentes organizaciones peronistas-kirchneristas afirmaron que no se pretende un clima de confrontación para el miércoles, pero que no cayó bien en la militancia el operativo liderado por la Policía de la Ciudad en la noche del sábado para limpiar la intersección donde vive Cristina y decomisar los puestos y banderas que allí estaban.

Un equipo dependiente del Ministerio Público Fiscal determinó que el departamento de la ex presidenta es apto para que viva, aunque faltan otros análisis complementarios. Uno de los escenarios que evitarían que Cristina deba presentarse en Comodoro Py es que Gorini le convalide la domiciliaria y determine que con Zoom mediante ya pueda cumplir su pena. Esto evitaría posibles focos de fricción entre las fuerzas federales y los seguidores peronistas y kirchneristas. Aun así, cabe primero esperar el informe preliminar que preparan los fiscales Luciani y Mola.

Respecto del futuro inmediato, otro de los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, se limitó a decir: “Ese día se va a presentar y, en base a lo que el Tribunal resuelva, volverá a su casa si tiene un arresto domiciliario. O tendrá que ser alojada en alguna de las instituciones federales que Patricia Bullrich eligió”.

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