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POLITICA

La política, entre fantasías y fantasmas

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Desde el 10 de diciembre, no quedó sector por declarar su resistencia a revisar sus gastos, sus acciones y su efectividad en pos de una mejor calidad de vida para los argentinos. Quizás tengan razón. Siempre hicieron lo mismo y siguen en sus cargos políticos, viven muy bien y han convencido a los humildes que lideran que sin ellos estarían peor. No ha dejado de ser un verano esclarecedor, aunque catastrófico. “Cada cual atiende su juego”, como cantábamos allá lejos en la infancia de veredas y amigos sin tiempo y sin peligro de motochorros y otros delincuentes al paso, pero no llega nunca eso de que “y el que no, una prenda tendrá”.

Con la yapa de febrero con 29 días, hasta nos dimos el lujo de 24 horas más para escuchar reclamos y advertencias de nuevos gobernadores, que en campaña tenían todas las soluciones, pero parece que se les evaporaron en el camino, y de mandatarios reelegidos que ya no pueden disimular sus defecciones. A los políticos argentinos se les da bien la oratoria y la alucinación discursiva. “Si fantaseo puedo cerrar los puertos o los accesos”, ensayó Axel Kicillof, al plantear su adhesión al reclamo del novato chubutense Ignacio Torres, que amenazaba con meter mano en la actividad privada petrolera, porque es provincial. Claro, los petroleros no pueden levantar los pozos y llevárselos a otra jurisdicción, como haría un verdulero si no le convienen las condiciones en un municipio y se lleva el negocio a otro.

De todos modos, Kicillof puso paños fríos al “fantasear” ofensivas contra el gobierno nacional porque filosofó que se puede caminar “a la disolución nacional”. Desafiante, pero no ingenuo, Kicillof sabe que tiene que pelearse con el gobierno nacional, pero no demasiado porque si le meten motosierra va a tener que administrar con lo propio, que parece ser escaso.

Quizá podría ser un poco más positivo con su imaginación. Por ejemplo, podría fantasear con averiguar dónde están los millones que Julio “Chocolate” Rigau y los otros Chocolates, incluidos algunos del radicalismo, sacaban de los cajeros automáticos del Banco Provincia y lograr que se conviertan en obras para “todos y todas las bonaerenses”. O podría preguntarle al “mudo” de Martín Insaurralde cómo hizo para tener una vida de countries y yates con sueldos de funcionario estatal. En la Argentina, muchos políticos fantasean, pero muchos otros fatasmean los recursos estatales y se dan vidas de ricos que, de forma bien habida, jamás habrían alcanzado.



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La Corte Suprema declaró constitucional la ley que obliga a usar cinturón de seguridad en todo el país

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes por unanimidad el uso obligatorio del cinturón de seguridad en todo el país. El incumplimiento del mismo será sancionado como una falta vial, es por ello que quienes no lo utilicen podrán ser multados.

En noviembre de 2014, un control de tránsito detuvo a un conductor, llamado por sus siglas D.S.G, cuando circulaba por la intersección de Acceso Norte y Reconquista, en el departamento mendocino de Las Heras. Tal como indica la norma provincial, al advertir que no llevaba puesto el cinturón, el oficial de tránsito le hizo una multa.

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Es por ello que D.S.G planteó la inconstitucionalidad de la ley que lo obligaba a usar cinturón cuando se desplazaba en la calle como único ocupante del vehículo. Sostuvo que, en esas condiciones, utilizar o no cinturón era una acción que no afectaba a terceros y debía quedar exenta de control estatal, en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo 19 dice: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Los conductores que no utilicen cinturón de seguridad serán multados. Es una norma que rige para todo el país. (Foto: GCBA)

Por unanimidad, la Corte rechazó este planteo de D.S.G y convalidó hoy la constitucionalidad del uso obligatorio del cinturón. Con diferentes votos, los jueces coincidieron en que las normas que regulan el tránsito vehicular buscan coordinar la acción de diferentes actores que interactúan entre sí.

En el caso puntual, señalaron que el uso obligatorio del cinturón se justificaba en la prevención de un riesgo a terceros. En el caso de si se produce un accidente, la falta del conductor puede aumentar las probabilidades de pérdida de control de su auto y, por ende, afectar directamente a terceros.

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En su sentencia, la Corte reafirmó su línea jurisprudencial que protege constitucionalmente las acciones privadas de la intervención estatal, pero indicó que el planteo de D.S.G se encuentra por fuera de la citada protección.

La Corte recordó que “la protección de la salud (tal el objetivo de la cláusula local que considera falta grave conducir sin cinturón y cabezales de seguridad, instrumentos diseñados para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente, con el fin de que no se lesione al hacer de freno del cuerpo frente a la brusca desaceleración producida por el impacto) tiene consagración jurídica en épocas relativamente recientes y está vinculada al llamado Estado de Bienestar”. También, que “la tutela de la salud en el específico ámbito vial, el problema de la indiferencia o de la atención jurídica por las consecuencias de la actividad ha tenido distintas etapas de regulación”.

La defensa del conductor que inició el reclamo y la contundente respuesta de la Corte

En su examen, el Máximo Tribunal dijo que D.S.G, en su presentación, sostiene que frente al derecho a la salud hay otro derecho a la “no salud” que, encuadrado dentro de la elección personal de la forma de vida (y eventualmente de muerte), tiene la misma entidad y reclama similar tutela jurídica.

En ese marco, la Corte recorrió su doctrina relativa a los alcances del artículo 19 que “asegura a cada persona un ámbito de libertad en el cual ella es soberana para adoptar decisiones fundamentales que hacen a su plan de vida, incluso cuando sus creencias legítimas la conducen a anteponer otro valor por sobre su propia vida”. Asimismo, remarcó que “la reserva de este ámbito de autonomía constituye un rasgo característico de nuestro orden constitucional”.

La Corta, además, explicó que “la obligación del uso del cinturón de seguridad en la vía pública –cuyo incumplimiento es sancionado como una falta– no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual, ya que lo que procura es la prevención de un riesgo cierto de daño a terceros, que es una de las hipótesis previstas por el mencionado artículo 19 para habilitar la intervención estatal y la jurisdicción de los magistrados”.

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El recurrente, señaló el Máximo Tribunal, “sostiene que el uso obligatorio del cinturón agravia sus convicciones liberales –incluso cuando otros las reputen imprudentes- pero en su presentación no refuta el riesgo a terceros en que la sentencia del tribunal local justifica la validez de ese deber”. Se trata, de acuerdo a lo que apuntó la Corte, de “terceros que también tienen convicciones y para cuyo ejercicio requieren gozar de la vida; una vida que puede peligrar por la actitud omisiva de conductores como el recurrente de estos autos”.

Por ello, entendió que “el obrar del actor está incurso dentro de las acciones y omisiones sujetos a la regulación estatal, la que, en este caso, está plasmada en la ley provincial de tránsito y en un plan general de seguridad vial”.

Corte Suprema, cinturón de seguridad, Ley

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