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POLITICA

La Procuración General rechazó la propuesta de crear una fiscalía anticorrupción

El jefe de los fiscales Eduardo Casal consideró que la iniciativa del Ministerio de Justicia “es inviable” dentro del marco legal actual.

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La respuesta del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, no pasó desapercibida, a pesar de su formalidad. En una carta dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Casal expresó que la iniciativa oficial para crear una nueva Procuraduría Anticorrupción es “inviable” dentro del marco legal actual. 

Aunque la carta no fue publicada en su totalidad, el jefe de los fiscales decidió difundir su postura en la página de noticias de la Procuración. Allí, Casal dejó claro que las funciones propuestas por el Ministerio de Justicia para esta fiscalía ya son desempeñadas por los fiscales y las procuradurías especiales.

“Hoy por hoy, reglamentariamente no se le puede sacar la competencia de investigar a los fiscales federales y tampoco se propone una facultad que no se tengan hoy en la Procuración de Investigaciones Administrativas y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”, señalaron fuentes consultadas por Infobae. La única manera de hacerlo sería mediante una nueva ley.

Además, Casal recordó la disposición del Ministerio Público para avanzar en el sistema acusatorio, que ya está en vigor en provincias como Salta y Jujuy, con el objetivo de acelerar las causas de corrupción. Se trata de un insistente reclamo del mundo de los fiscales y, aunque Cúneo Libarona aboga públicamente para que así sea, viene diciendo desde que asumió que “no hay plata”

La propuesta de crear una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos, anunciada el 25 de enero pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, no tuvo en cuenta la opinión de Casal. 

Una semana después, el ministerio de Justicia se reunió con el procurador para presentarle la iniciativa, pero este expresó que, sin una modificación legal, la propuesta es inviable y requeriría alterar las funciones que la ley asigna a los fiscales.

“La función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público, en su condición de titulares de la acción penal pública, para intervenir en los casos de su competencia, lo que exigiría modificar la legislación vigente”, expresó la nota difundida en la página de noticias de la Procuración.

Allí se reseñó que “las demás facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -cuando el sujeto activo sea un miembro de la Administración Pública Nacional- y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -cuando el sujeto activo sea un miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o sea un caso de soborno trasnacional-”.

“Actualmente las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo, a su vez, las funciones y objetivos allí propuestos”, se acotó. La nota destacó “el espíritu que animó la propuesta efectuada desde el Ministerio de Justicia, así como el espacio de reflexión que genera”.

E insistió en “la predisposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación para continuar su labor en los temas de interés común, principalmente en completar la implementación del sistema acusatorio que impactaría positivamente al dotar de mayor celeridad y efectividad a la persecución penal de los delitos de competencia federal, entre los que se encuentran los de corrupción; todo lo cual redundaría en la contribución para hacer más eficientes los mecanismos de prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción”.

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Ley de Bases: la UCR votó dividida y también hubo diferencias en otros bloques

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Todo el proceso de debate de la Ley Bases y del Paquete Fiscal significó un desafío para la UCR, no sólo por las divisiones dentro de bancada de Diputados, sino por el tironeo con sus pares del Senado. En la votación final de este jueves terminaron dividiéndose en artículos clave, como Ganancias y Bienes Personales.

Si bien a pesar de las amenazas de fractura se mantuvieron unidos, la discusión interna no cesa y ahora tendrán un nuevo round por la sesión especial que el bloque pidió para la semana que viene por financiamiento educativo: ya hay debate entre quienes quieren bajarla y los que no.

La decisión del bloque de Miguel Angel Pichetto de no validar, con argumentos legales, el pedido del Gobierno de volver a la carga con las privatizaciones de Aerolíneas, el Correo y los medios públicos -que se habían eliminado del artículo en el Senado- le resolvió parte de la interna al radicalismo.

Había un sector, liderado por su propio jefe de bloque Rodrigo De Loredo, dispuesto a acompañar, y otro reticente, mientras los senadores de su partido les pedían, vía comunicado, que respeten los acuerdos. La postura de Hacemos Coalición Federal dejó ya sin chances al oficialismo que se resignó y no insistió con ese tema.

Descartado ese escollo la ratificación de la Ley Bases fue el paso más sencillo: se votó un solo texto validando el proyecto tal cual vino con los cambios del Senado que consiguió 147 votos a favor: los 34 del bloque de la UCR enteros, incluso con Facundo Manes que en la primera votación en el verano había ido por el rechazo, en la segunda por la abstención y ahora dio luz verde.

En el Paquete Fiscal, salvo el correntino Manuel Aguirre que se abstuvo, todos avalaron. Las divisiones llegaron en el articulado de Ganancias, donde a la UCR se le desprendieron 8 legisladores: Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz. En Bienes Personales todos ellos, con excepción de Tetaz, volvieron a votar en contra.

Se trata de diputados ligados a Manes y a Evolución -el sector de Martín Lousteau. Son dos dirigentes que, de cara a 2025, imaginan una tercera vía junto a otros referentes desilusionados del PRO y el peronismo «racional».

Tal como se esperaba Ganancias fue el tema más ríspido para todos y las divisiones atravesaron las bancadas. Pero aunque el Gobierno aducía que tenía muy justos los números, terminó sacando una diferencia mayor que en la votación de abril, cuando había conseguido 132 votos afirmativos. Esta vez la modificación al tributo se aprobó con 136 votos a favor, cuatro más que en abril.

Ganancias también provocó una fuga en el bloque PRO, el más cercano a los libertarios: la chubutense Ana Clara Romero votó en contra. También lo hicieron otros aliados, como patagónicos como Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino,y el rionegrino Agustín Domingo de Innovación Federal.

Fueron clave, para suplantar las bajas de los bloques aliados, los apoyos de los peronistas del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, que se desmarcaron del bloque kirchnerista.

Los diputados catamarqueños de Unión por la Patria aportaron 3 votos y 1 abstención. La vez pasada habían dado solo uno a favor y tres abstenciones.

La pelea que se viene

El día que la oposición le dio media sanción a la recomposición de jubilaciones, el kirchnerismo quiso avanzar también con la aprobación de una actualización del presupuesto para universidades y del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Pero el radicalismo -que tampoco quiso quedar pegado al kirchnerismo- pateó la definición y pidió una sesión especial para el 3 de julio.

Ahora hay un grupo que sostiene que habría que bajarla. Incluso señalan que tienen que hablar con los gobernadores porque en medio de la negociación por Ganancias hubo un pedido del Ejecutivo para que ese tema quedara para más adelante.

Otros en cambio, no quieren dar marcha atrás aunque reconocen que no hubo avances en los acuerdos para poder aprobar un proyecto de consenso.

El artículo que unió a un libertario y un PRO con los K

Salvo el bloque de Izquierda- que votó en contra de todo- el resto las bancadas tuvieron fugas o fisuras en alguno de los temas, incluso La Libertad Avanza.

El artículo 111 del Paquete Fiscal logró lo impensado: que un diputado del PRO y un libertario votaran en conjunto con toda la bancada kirchnerista.

Se trata de dos fueginos: Héctor Stefani (PRO) y Santiago Pauli (LLA) votaron en contra de ese punto porque obligaba al Poder Ejecutivo a revisar y recortar los regímenes especiales, como el de Tierra del Fuego.

Fue el único artículo de la sesión que se cayó porque necesitaba dos tercios para quedar avalado.

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