Mientras la Justicia argentina sigue discutiendo en qué penal debe cumplir su condena el empresario kirchnerista Lázaro Báez, en Santa Cruz una estructura paralela y presuntamente delictiva continúa activa, operando con los bienes y contactos del condenado sin mayor obstáculo legal. Según documentos, testimonios y pruebas recabadas por este medio, la trama involucra a su actual pareja, Claudia Insaurralde, su sobrino Carlos Borda, y su madre Karina Rodríguez, quienes habrían tejido una nueva asociación irregular con los hermanos Toledo (Pablo, David y Maximiliano), ya procesados por lavado de activos y contrabando en la causa Alianza Austral.

La segunda vida de los bienes embargados

Lejos de estar neutralizado, el patrimonio de Báez sigue en movimiento. De acuerdo con una denuncia presentada en sede federal hace dos años, parte de los bienes judicializados estarían siendo alquilados o incluso vendidos, sin autorización del poder judicial. Las operaciones estarían encabezadas por Insaurralde y Rodríguez, quien recibiría los fondos directamente en sus cuentas personales.

La operatoria no se limita al usufructo de propiedades. Según fuentes judiciales y registros policiales, la organización habría recuperado maquinaria vial que debía permanecer embargada en la exbase de Austral Construcciones en Río Turbio. Estos equipos fueron trasladados recientemente hacia El Calafate y depositados en la estancia Guaruma, propiedad del propio Báez, luego de pasar un control vehicular en el paraje La Esperanza sin que las fuerzas de seguridad exigieran documentación respaldatoria.

La información figura en las planillas oficiales de la comisaría de La Esperanza, que ahora se encuentran bajo análisis.Camionetas con las que se mueve Claudia Insaurralde, su custodia y socios.

Alianza ilícita con antecedentes penales

El nuevo engranaje de esta presunta asociación ilícita se completa con los hermanos Toledo, tres empresarios locales con un pasado reciente en las celdas de la Policía Federal de Río Gallegos. Estuvieron detenidos más de veinte días por su rol en la causa Alianza Austral, que investiga maniobras de lavado y contrabando con ramificaciones internacionales.

A pesar de haber salido bajo fianza y de declararse en la ruina financiera, los Toledo reaparecieron en la escena comercial santacruceña gracias a un acuerdo con Claudia Insaurralde en El Calafate. Juntos habrían constituido una nueva empresa constructora, aprovechando los bienes aún no incautados por la Justicia.

El pacto se habría sellado con una promesa: continuar las operaciones económicas de Báez a espaldas del sistema judicial, que a todas luces ha perdido control sobre los activos que deberían estar bajo tutela del estado.

Claudia Insaurralde junto a los hermanos Toledo (remera gris, blanca y azul, sin gorra) y sus custodios (gorra y suéter azul).

La omisión judicial y el vacío de poder

El caso plantea una pregunta incómoda: ¿Por qué la Justicia no actúa? Las pruebas están. Las denuncias también. Los movimientos ilegales ocurren a la luz del día, sin reacción estatal, mientras el gobierno de Javier Milei mira para otro lado. En Santa Cruz, como en otras partes del país, el sistema judicial parece funcionar con mecanismos selectivos, donde ciertos nombres, apellidos y vínculos políticos obtienen inmunidad de hecho, si no de derecho.

De confirmarse, las acciones de esta organización podrían encuadrarse en delitos como fraude al estado, lavado de activos, desobediencia judicial, estafa, y estelionato, entre otros. Y, aunque resulte difícil de creer, se dan con total impunidad en una provincia que ha sido históricamente feudo del kirchnerismo.

El círculo que no se cierra

La estructura de poder detrás de Báez sigue viva. Su pareja y sus allegados cercanos siguen administrando -o mejor dicho, explotando- el imperio económico que fue construido a base de contratos de obra pública direccionados, en un entramado que incluye también a la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y al exsecretario de Obras Públicas, José López.

Los vehículos utilizados por Claudia Insaurralde y su entorno: dos Toyota que ahora sacaron a la venta.

La causa Vialidad, que terminó con Báez y Kirchner condenados a seis años de prisión, reveló que el estado habría perdido 926 millones de dólares en contratos de obra pública amañados. Si bien Kirchner niega los cargos y denuncia una persecución política, las evidencias son contundentes: cincuenta y un contratos amañados, una fortuna incautada y decenas de testimonios que revelan cómo funcionaba la maquinaria de corrupción.