A 36 años del sangriento copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP) de Enrique Gorriarán Merlo durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, la vicepresidenta Victoria Villarruel pidió una reparación para las familias de los 13 militares y policías asesinados durante la última acción militarista de la guerrilla argentina.

Villarruel recordó que el 23 de enero de 1989 “terroristas del Movimiento Todos por la Patria atacaron en democracia el Regimiento 3 de La Tablada donde asesinaron a oficiales, suboficiales, soldados conscriptos y policías que intentaron defender su unidad militar, su casa”.

“Hoy la situación es esta: las víctimas del ataque sin ser reparadas como tales, el militar a cargo de la recuperación del regimiento siendo juzgado por repeler un ataque terrorista y los terroristas indultados desde el gobierno de De la Rúa”, en alusión al general Alfredo Arrillaga, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por el homicidio de un guerrillero del MTP que se rindió y luego desapareció.

Luego la vicepresidenta manifestó su “gratitud a quienes defendieron el Regimiento de todos los argentinos y a nuestros muertos policías, militares y soldados el recuerdo que no olvida nunca y que pide Justicia y a las familias el abrazo de una ciudadana a otros. Los acompaño en el dolor”. Villarruel es hija del coronel Eduardo Villarruel, simpatizante carapintada y héroe de Malvinas y miembro del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri dijo que “reconocemos a los valientes de La Tablada, quienes con coraje y determinación defendieron nuestra democracia de un brutal ataque al corazón de la República. 13 héroes dieron su vida ese día, entre ellos 9 miembros de nuestras Fuerzas Armadas”, en un comunicado distinto al de la vicepresidenta.

“El que ataca a nuestras Fuerzas Armadas, ataca a la Patria. Gracias a ellas y al apoyo de las fuerzas policiales, los violentos no ganaron, y las instituciones republicanas se mantuvieron firmes. Sus nombres son y serán siempre un orgullo nacional”, agregó Petri.

Luego subrayó que “En el gobierno de Javier Milei, la historia se cuenta completa: Honor y gloria a ellos, a sus familias y a todos los que lucharon por la libertad y la democracia de los argentinos”, agregó Petri en coincidencia con Villarruel sobre la historia sesgada sobre la violencia de los setenta que impartió el kirchnerismo.

En octubre pasado, Petri, anunció en forma oficial que finalmente se pagará una compensación económica a los familiares de los 9 soldados conscriptos asesinados y también de los heridos durante el sangriento copamiento de parte de Montoneros del Regimiento de Infantería de Formosa en 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Es un caso testigo, porque guerrilleros que fueron torturados o estuvieron desaparecidos durante la dictadura cobraron indemnizaciones pero los militares víctimas de la violencia guerrillera, no.

La decisión había sido tomada por el ex presidente Mauricio Macri, a final de su mandato, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 829 del 2019 pero el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por cuestiones ideológicas durante cuatro años nunca lo pagó.

Ahora Villarruel pide la misma compensación para las familiares de los militares y policías asesinados por la guerrilla en el copamiento de La Tablada y pone en un brete al Gobierno de La Libertad Avanza.

Durante los dos días de combate, hubo 9 militares (4 de ellos soldados conscriptos), 2 policías muertos y 2 civiles, además de 100 de heridos y mutilados entre ellos el teniente coronel (RE) Emilio Nani quien perdió un ojo y el subcomisario Luis Re quien perdió ambas piernas. Por el lado del MTP, tuvo 28 muertos, y 4 desaparecidos: Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José «Maradona» Díaz.

Gorriarán Merlo, ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y ex jefe de seguridad del gobierno sandinista de Nicaragua, dirigió el ataque a La Tablada desde afuera. Unos 60 hombres y mujeres del ERP residual y guerrilleros extranjeros atacaron al grito de «Viva Rico» «Viva Seineldín» y arrojaron panfletos fingiendo ser carapintadas contra el gobierno de Alfonsín. Los coroneles Aldo Rico y Mohamed Seineldín habían liderado cuatro rebeliones carapintadas hasta ese momento.

El ataque comenzó cuando un camión de Coca Cola manejado por integrantes del MTP aplastó al soldado de guardia en la entrada del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de la Tablada “General Belgrano”. Usaron el mismo método que en el ataque del ERP al regimiento de Monte Chingolo en 1975.

Uno de los objetivos de los guerrilleros era apoderarse de los tanques y desde allí ir hasta la plaza de Mayo para impulsar una sublevación popular. Al mediodía controlaban una parte de la unidad y ya había varios muertos y heridos.

El ataque tuvo su epicentro en la Guardia de Prevención: el primer muerto fue el conscripto Roberto Taddía, de 19 años. El segundo asesinado fue el jefe a cargo del Regimiento, el mayor Horacio Fernández Cutiellos, quien ejerció una tenaz resistencia, mató a varios atacantes y luego cayó muerto. Los guerrilleros también mataron al teniente Rolón, el sargento Ayudante Esquivel, el cabo 1° Orué, el comisario Inspector García García, el sargento Primero Soria y los soldados Albornoz, Cardozo, Díaz, Grillo y Taddía.

Toda la tarde del 23 de enero se combatió en La Tablada y por 36 horas, hasta las 9 del día siguiente cuando los guerrilleros fueron muertos, se escaparon o se rindieron y sobre otros cuatro nunca se supo que les pasó. Horas después, Alfonsín recorrió la unidad entre cadáveres hierros retorcidos y focos de incendio en una recorrida cuyas fotos pasaron a la historia.

Meses más tarde, los detenidos fueron condenados en 1989 a cadena perpetua en un juicio de una sola instancia, según la ley de Defensa de la Democracia que había impulsado Alfonsín.

Pero en 1990 el entonces presidente Fernando de la Rúa les conmutó las penas a los once condenados por el ataque guerrillero al cuartel de La Tablada, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido que no tuvieron una doble instancia de juzgamiento.

Así nueve participantes del copamiento quedaron en libertad a mediados del 2002, y los otros dos el año 2003 y 2005. En esta primera categoría se encontraron: Miguel Angel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga. Todos fueron considerados por la Justicia como coautores de asociación ilícita, usurpación, homicidio doblemente agravado reiterado y múltiple homicidio, entre otros delitos.

Los dos restantes que figuran en el decreto tuvieron perdones diferenciados: Roberto Felicetti fue condenado a reclusión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. La Justicia lo consideró el responsable principal del copamiento al cuartel. Así quedó en libertad condicional a mediados del 2005. El otro caso es el de Claudia Acosta, también condenada a reclusión perpetua, por haber sido identificada como otra de las jefas del copamiento. Abandonó la cárcel a mediados del año 2003.

Dos horas después de que el Presidente De la Rúa estampara su firma en el decreto de reducción de penas, los condenados levantaron una huelga de hambre que mantuvieron durante 116 días.

Dos de ellos quedaron fuera de la lista de beneficiados: el perdón presidencial no alcanzó a Gorriarán Merlo, y a su esposa, Ana María Sívori quienes recién en 1995 habían sido detenidos en Brasil y extraditados a la Argentina.

Esto es porque ambos fueron juzgados en 1997 y tuvieron la posibilidad de una segunda instancia judicial, que confirmó sus condenas.

Pero luego de esas condenas y esa conmutación, se abrió otra causa por la muerte o desaparición de cuatro guerrilleros. En 2019, en un juicio oral y público realizado ante el tribunal oral federal 2 de San Martín se juzgó al general Arrillaga -el jefe de la operación militar para recuperar el cuartel- por el homicidio agravado de José Díaz, uno de los militantes del MTP, junto con Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny, cuyos cuerpos nunca fueron hallados. Y fue condenado a cadena perpetua.

Arrillaga ya acumulaba cuatro perpetuas en juicios de lesa humanidad por su actuación durante la dictadura en la zona de Mar del Plata.

Por su parte, Gorriarán fue indultado por el ex presidente provisional Eduardo Duhalde en 2003 junto a Seineldín, y murió de un cáncer en 2006, dejando una huella de impronta militarista en los grupos guerrilleros que lideró.