Elisa Carrió y sus diputado nacionales presentaron este viernes a la tarde su impugnación en el proceso de selección para que Lijo pase a integrar la Corte Suprema, en una nota dirigida a Guadalupe Tagliaferri, la senadora del PRO que preside la Comisión de Acuerdos del Senado.

Lijo fue propuesto por Javier Milei para la Corte, para la que también postuló a Manuel García Mansilla. La presentación formal de la Coalición Cívica, de 62 páginas, es contra la idoneidad de Lijo, a quien tildaron -entre otras cosas- de «pésimo candidato», con «mal desempeño y habilidades para obstruir» causas y «acusado de corrupción y connivencia con actores políticos y económicos involucrados en la comisión de diversos delitos de acción pública».

«No reúne las condiciones vinculadas con el requisito de independencia que debe cumplir todo Juez y su cuestionamiento público ante graves sospechas de observar conductas reñidas con la transparencia y la ética inciden negativamente en los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en la administración de justicia, lo que facilita que se asocie a los magistrados con la protección de actividades relacionadas con el delito», concluyeron laexdiputada Carrió y los actuales diputados de la Coalición Cívica.

La presentación, que además de Carrió firman los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, contiene lapidarias críticas al «magro curriculum vitae» que, afirman, «solo exhibe como ‘mérito’ cerca de 20 años antigüedad en su cargo de juez federal».

«Los años de antigüedad no certifican automáticamente la idoneidad para acceder a un cargo», objetan los dirigentes lilitos. Irónicamente, señalan, esos años años de antigüedad como juez federal son «el único argumento que esgrimió tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el propio candidato para desvirtuar, sin éxito alguno, la notable humildad de sus antecedentes».

En su extenso descargo, Carrió y los suyos marcan que Lijo es dueño de un «recorrido profesional bastante opaco y poco notable», en el que hay una «sospechosa situación patrimonial que siembra fundadas dudas sobre su desempeño profesional y su independencia en el ejercicio de la magistratura».

Para cuestionar la riqueza del juez se amparan en una denuncia presentada por la propia Carrió en 2018, en la que Lijo —junto a su hermano Alfredo— fue denunciado como posible integrante de una asociación ilícita en connivencia con exfuncionarios kirchneristas. Allí lo acusaron, además, de lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias.

En ese expediente, en el que Lijo fue sobreseído, afirman que los bienes de su hermano Alfredo despiertan sospechas y le apuntan ser dueño de «un departamento sobre la calle Peña, otro sobre Avda. del Libertador y del terreno del Haras ‘La Generación'», además de «propietario de un auto BMW 320» y hacer uso de «una flota de autos de lujo a nombre de la sociedad de seguros que adquirió en el año 2014 —Caledonia— que contaba con más de 20 autos a disposición».

«Alfredo Lijo había sido denunciado ante la Justicia por la tenencia de 1,7 millones de dólares en una cuenta suiza en 2015, según consta en el expediente judicial en el que se tramita su divorcio y que, además, tendría otra cuenta en el Uruguay en el Banco Discount Bank (ex Scotiabank) junto con una empresa radicada en ese país, Kiwen S.A. con el empresario Gustavo Cinosi como socio», detallan.

Al explicar el cierre de esa causa, señala que «pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, ninguno de los imputados fue indagado y, en silencio, la causa fue archivada por el Juez Ercolini, con el aval del fiscal Picardi, quien tenía delegada la investigación».

En ese punto, traen a colación el nombre del ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona. «Luego de ello, se presentó como abogado defensor el Dr. Mariano Cúneo Libarona a instar el sobreseimiento del Sr. Alfredo Oscar Lijo, petición que le fue concedida por el magistrado».

Para Carrió y la Coalición Cívica, «este ‘detalle’ no es menor ya que quien ha ejercido la defensa de los hermanos Lijo, hoy se desempeña como Ministro de Justicia de la Nación y en ese carácter, en representación del Poder Ejecutivo, promovió la candidatura de su ahijado procesal a Juez de la Corte Suprema, y además, intervino en el trámite del procedimiento de nominación como Ministro de Justicia de la Nación, acompañado por constantes declaraciones a la prensa “avalando” la candidatura del juez federal Lijo, con argumentos poco consistentes».

En su impugnación señalan que también existiría “un fulminante informe” elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el marco de dicha causa (cuando la UIF era comandada por Mariano Federici y María Eugenia Talerico) sobre las «inconsistencias patrimoniales del juez federal Ariel Oscar Lijo que sin embargo no habría sido analizado debidamente durante la instrucción con el fin de que dicha causa no avanzara; como ese informe es secreto, el acceso está limitado a las partes que intervienen en esa causa».

Con la de Carrió y sus diputados, Lijo suma más de 300 impugnación a su candidatura, que comenzará a debatirse la semana próxima en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. El lunes vence el plazo de impugnaciones.

En ese sentido, hacen un racconto de causas en las que intervino -o cayeron en sus manos y tuvieron poco avance- como una denuncia hecha por la CC-ARI contra YPF por presuntas irregularidades. Allí se solicitó que se investigaran «posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario de YPF por parte del ‘Grupo Petersen’, como así también maniobras de ‘vaciamiento’ y la irregular expropiación e indemnización de la empresa por parte del Estado Nacional».

Esa causa, que ya tiene 18 años, sigue abierta pero sin avances, a pesar de su trascendencia institucional. «Un claro ejemplo que demuestra el manejo de los tiempos —en este caso la ‘demora’— del juez Lijo en la tramitación de las causas de corrupción, su marca personal como juez federal«, se quejan y marcan sus sospechas sobre el accionar del magistrado en los expedientes de corrupción.

Marcan una suerte de responsabilidad de Lijo en el multimillonario perjuicio a las arcas estatales por la estatización de YPF. Dicen: «El actual juez federal Ariel Oscar Lijo pudo haber evitado que la Argentina deba pagar en Nueva York 16 mil millones de dólares como probablemente tenga que hacer, por la demanda promovida por un fondo al que la familia Eskenazi vendiera sus derechos de litigio por la estatización de YPF».

«Es decir que: de una manera indirecta, Lijo nos estaría debiendo a los contribuyentes argentinos 16 mil millones de dólares por esta costumbre de dormir las causas, costumbre por la cual fue denunciado en la Justicia penal por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires», expresan.

Mencionan además la causa “Siemens”, otra sobre irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, una de Tabacalera Sarandí, empresa del Zar del tabaco, y ponen en foco su relación con el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que es uno de los sindicados como promotor de su nominación. «Consideramos necesario tener presente su vinculación con el ministro Ricardo Lorenzetti que, como hemos dicho, evidencia una nueva anomalía institucional».

Otro dato que ponen en consideración es el fallo de Lijo en el que le otorgó personería jurídica al partido Bandera Vecinal, que -marcan- «encabeza Alejandro Biondini, célebremente conocido por haber reivindicado pública y reiteradamente la figura de Adolf Hitler y el nazismo». Objetan en ese sentido su compromiso en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.

Denuncia Carrió que según lo expuesto «queda evidenciada la existencia de un acuerdo de distintos sectores políticos que responden tanto al actual Presidente como a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para proteger e impulsar la candidatura del juez Ariel Oscar Lijo para la Corte Suprema».

En su extensa impugnación a Lijo, Carrió y los diputados de la Coalición Cívica realizaron una batería de preguntas que busca que responda el candidato a la Corte. En ellas, quieren saber si conoce a Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; cuál es su vínculo con Ricardo Lorenzetti, si conoce personalmente a Julio De Vido y Cristina Kirchner y si, en caso de asumir su cargo, su hermano Alfredo tendrá un rol formal o informal en la Corte.

La primer pregunta en su impugnación ya marca el tenor del resto. «Teniendo en cuenta que su hermano Alfredo Lijo es conocido públicamente por gestionar intereses de terceros en los tribunales federal, lo que coloquialmente se conoce como lobista o operador judicial. ¿Cómo piensa prevenir esta situación?», lo interpelan y piden saber si «ocupará algún rol formal o informal en la Corte Suprema de lograr el acuerdo».

También indagan sobre su relación con Caledonia Seguros, una empresa que se menciona cercana a él y si utiliza autos a nombre de la firma. Piden saber «si ha utilizado en forma personal un auto Mercedes Benz E350 color blanco, propiedad de la referida empresa Caledonia Seguros; y si tiene o tuvo una tarjeta azul de dicho vehículo a su nombre».

Reclaman que Lijo diga dónde reside y si ha vivido en un departamento de Ciudad de Buenos Aires que es propiedad del ex embajador en España, Carlos Bettini, que ocupó ese cargo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. De ahí se disparan otras preguntas: si ocupó esa propiedad, qué contrato celebró para hacerlo; si conoce a Bettini o fue una casualidad vivir allí; y si Bettini, amigo de la exvicepresidenta, ha «conversado sobre el apoyo de los senadores que lidera la mencionada al eventual acuerdo senatorial para que su pliego sea aprobado».