La Justicia investiga al llamado grupo económico Elías de Bahía Blanca, con vínculos con el sindicalista Hugo Moyano, por supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva de más de mil millones de pesos.

Se trata de una causa abierta hace 9 años en base a una denuncia anónima ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc) que por problemas de competencia fue derivada, al principio, a la justicia de Bahía Blanca.

Pero antes de la feria judicial, la causa volvió a la justicia porteña sin que se haya dirimir todavía en que jurisdicción quedará.

El ex juez y abogado de Moyano, Daniel Llermanos, dijo a Clarín que el caso es “insanablemente nulo e ilegal” porque nació de una denuncia anónima y que el lunes pedirá su archivo. El grupo Elías maneja varios negocios del puerto de Bahía Blanca y es dueño del histórico diario de Bahía Blanca La Nueva y de la radio La Brújula.

Llermanos dijo que el Grupo Elías tuvo hace unos meses un revisión integral de la AFIP y “no encontraron nada” y que no cometió ningún delito.

Llermanos agregó que la semana próxima asumirá la representación legal del grupo Elías en la causa que hasta ahora tiene el juez Caputo y denunciará la “irregularidad procesal que supone abrir un caso a partir de un anónimo y mantenerlo abierto casi 10 años sin indagar a nadie”.

“Acusar a alguien en base a una denuncia anónima es como aceptar una confesión bajo tortura durante la dictadura de Videla”, comparó el letrado.

Llermanos diferenció una denuncia anónima de “un arrepentido porque lo primero es ilegal y obliga, como en este caso, a un grupo de personas a estar bajo investigación casi diez años”.

Un vínculo entre Elías y Moyano es la empresa IVETRA que en 2007 estaba constituida como socios por Llermanos, Sergio Fabián Espeleta y Norberto Domingo Torres. Además, Llermanos es abogado del Sindicato de Camioneros.

Dos años después IVETRA quedó a cargo de la emisión de un polémico «certificado de transporte multimodal», que verificaba que cada camión que transita por las terminales portuarias respete ciertas condiciones. Por es trámite, cobraba US$ 14 más IVA. Cuando asumió Mauricio Macri como presidente anuló ese trámite creado por el gobierno de Cristina Kirchner.

Se investiga si Gustavo Fabián Elias, Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano Di Federico, habrían administrado negocios como “testaferros” de otras personas, particularmente vinculadas al transporte y logística, sector inmobiliario, automotor y agropecuario.

En Bahía Blanca la causa fue investigada por el fiscal subrogante Gabriel Gonzalez Da Silva, quien es también cotitular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM).

En un requerimiento de instrucción de hace seis meses, el fiscal Gonzalez Da Silva pidió al juez de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, la indagatoria de los investigados en la causa, entre otras medidas de prueba, informó La Nación.

Pero el magistrado bahiense se declaró incompetente porque la mayoría de las personas investigadas y sus empresas tienen sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la remitió al juez en lo penal económico porteño, Rafael Caputo. Este, a su vez, le pidió opinión al fiscal Jorge Dalh Rocha.

En caso de que Caputo rechace la competencia de esta “brasa ardiente”, definirá la Cámara Federal de Bahía Blanca, explicaron a Clarín fuentes judiciales.

Las fuentes negaron que la causa está vinculada con la presión del sindicato de Camioneros contra el gobierno de la CABA de Jorge Macri por la que fue anulada licitación del contrato de grúas de acarreo.

En la investigación del fiscal Da Silva, la Procelac, la AFIP y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del ministerio público final, se cruzaron datos de 80 personas y 40 empresas.

Respecto de las empresas «individualizadas hasta el momento, se repiten los integrantes -en su mayoría familiares directos-, los miembros de los directorios, los domicilios fiscales y el objeto social”, resaltó el fiscal y citó el juez bahiense.

Las principales empresas investigadas son Ivetra SA, Transporte y Logística SA, Chenyi SA y LCT Group.

Entre las maniobras se destacan “la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas, depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas y celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados”.

Además, la retribución a esas empresas “no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”, señala del fallo del juez de Bahía Blanca al que accedió Clarín.

Por otra parte, “diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias como no tener servicios activos de telecomunicaciones, lo que sugiere que serían creaciones ficticias al efecto de justificar ingresos y facilitar el lavado de activos”.

Así sociedades con movimientos importantes de dinero y contratos facturados dieron «resultados negativos» como, por ejemplo, “A&E Consultora Integral, C&M Desarrollos Inmobiliarios, Establecimiento Don Juanito, Damsa, Forch, Gusfabi s.a. y la propia IVETRA”

También “lució llamativo que empresas de supuesta gran envergadura tengan solo una o dos líneas (telefónicas) activas, como es el caso de LCT Group y Transporte y Logística”.

Por su parte, Damiani, Elías y Di Federico “declararon créditos con sociedades de las que forman o formaron parte por ejemplo, «Agropecuaria Don Gino», «Alas de la Patagonia», «Bahicom», «Camión Club Argentino», «Camping Americano», «Chenyi», «Damagro», «Damsa», «Fenestra», «Forch”, «Parque Sustentable de Servicios» y «Savado», entre otras.

Las maniobras ascenderían “a más de $1.000.000.000, sin perjuicio de la actualización monetaria u otros datos que permitan arrojar el monto definitivo”, afirma el escrito judicial.

En ese orden, considera “como jefe de la asociación ilícita aquí investigada, a Gustavo Fabián Elias” porque resultaba “la figura central de la organización investigada, registrando 13 lazos que lo vinculaban con otros nodos, convirtiéndose en el más conectado de la red”.

Luego “se ubicaría Gustavo Manuel Damiani, con 9 vínculos y luego Juan Ignacio Elias, Néstor Hernán Elias y Maximliano Di Federico, con 7 vínculos cada uno”.

El fiscal Da Silva señaló que “los diversos planes delictivos en común habrían quedado demostrados a partir de que integraron, se vincularon, desligaron y rotaron entre aproximadamente 40 empresas creadas al efecto”.

Gustavo Fabián Elias, según el fiscal, sería el jefe de una asociación ilícita fiscal y entre el 2011 y 2018 que hizo maniobras mediante “la constitución de sociedades, aportes y ampliaciones de capital social, declaraciones supuestamente engañosas de venta de inmuebles y acciones, simulación de ingresos millonarios de sociedades sin actividad u operando a pérdida”.

Además, “habría puesto en circulación dinero proveniente de ingresos patrimoniales no justificados, que permiten presumir su origen ilícito, para que tengan apariencia de lícito, contando para ello con una estructura de personas jurídicas, tanto en el país como en el exterior, y testaferros utilizados para llevar a cabo su cometido”.

Durante el periodo 2011 habría tenido un incremento patrimonial del 278% anual, en 2012 del 83% y en 2013 se dio la particularidad que entre el cierre de 2012 y el inicio de 2013 “aparecieron en su patrimonio” $11.394.683.

Asimismo, en 2014 su patrimonio “sufrió un nuevo incremento” del 78,6% y en 2016 -amparado en la Ley 27.260 emitida durante el gobierno de Macri- blanqueó “bienes en las Islas Vírgenes Británicas por más de $19 millones de pesos y por otro lado, en la República de Panamá por más de $ 21 millones de pesos, sin que pudiera determinarse cómo es que consiguió tamaña prosperidad económica”.

Estas empresas off shore habían sido descubiertas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) en el caso Pandora Papers.

De la investigación del fiscal, también “se advirtieron incrementos exponenciales en las acreditaciones bancarias, siendo de aproximadamente un millón y medio en 2011, saltando a más de veinte millones en 2013 (y años subsiguientes)”.

También, “irregularidades en la compra y venta de acciones de la empresa «Ivetra S.A.», viajes al exterior compartidos (algunos de ellos en vuelos privados)”. Esos viajes fueron “a destinos donde -conforme al blanqueo que realizaron- surgieron sociedades y cuentas bancarias, créditos cruzados entre ellos, operaciones inmobiliarias observadas por la AFIP”.

Por su parte, respecto de Damiani, la DAFI “determinó la existencia de inconsistencia a raíz de no poder identificar el origen de tenencia de moneda extranjera, inconsistencia con un vehículo que colocaba y sacaba sin motivo en la declaración jurada (DDJJ) y era incluido en la DDJJ de Maximiliano Di Federico pese a nunca haber sido titular, inconsistencias en los ingresos declarados pues registró plazos fijos que no eran informados por entidades bancarias”.

En su declaración de incompetencia, el juez Gonzalez Da Silva dispuso mantener en secreto una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal hasta que se dirima la competencia de la causa.

Entonces, el juez hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal y declaró la incompetencia de su juzgado de Bahía Blanca y remitió la causa a su colega porteño Rafael Caputo, que tras la feria, deberá decidir si se queda con el caso.