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POLITICA

Los estatales de ATE se adelantan a la CGT e inician un paro por 24 horas desde esta medianoche

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, prometió luchar contra el mega DNU de Milei. (Foto: gentileza ATE).La CGT convocó al paro para este miércoles y luego se sumaron la gran mayoría de los gremios. (Foto: Leandro Heredia / TN)

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que desde esta medianoche iniciará una medida de fuerza por 24 horas que se cumplirá en “todas las dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales”, y ratificó que el gremio estatal participará en el paro y movilización que la CGT convocó para este miércoles desde las 12 a Plaza Congreso. El reclamo es por la “anulación del protocolo de orden público; la anulación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 y en rechazo al proyecto de la Ley Ómnibus”.

La administración va a estar toda paralizada. No sólo sucederá en el Estado nacional, sino que también se sumarán las provincias y municipios. También, los trabajadores del sector vamos participarán de la movilización frente al Congreso. Sólo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales, y en el caso de organismos con atención a jubilados, se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada”, detalló el titular de ATE, Rodolfo Aguiar a través de un comunicado.

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El secretario general de ATE criticó además al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Que no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana vamos a ser una multitud y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”, advirtió el Secretario General, Rodolfo Aguiar.

Paro CGT marcha.
La CGT convocó al paro para este miércoles y luego se sumaron la gran mayoría de los gremios. (Foto: Leandro Heredia / TN)

El sindicato participará de la movilización frente al Congreso de la Nación con un acto previsto a partir de las 15:00. La protesta de la entidad sindical comprende además otras demandas como:

  • La reincorporación inmediata de todos los trabajadores/as despedidos.
  • Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación.
  • Pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todas las y los trabajadores.
  • Rechazo a la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro.
  • Cese de las políticas de ajuste.
  • Cese del intento de privatización y desguace de empresas y organismos estatales.

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El paro de la CGT toma fuerza con más sindicatos que adhieren a la protesta

En las últimas horas, el paro de la CGT con movilización, convocado en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei, cosechó el apoyo de otros gremios y sindicatos, además del respaldo de políticos que provienen de la izquierda y el peronismo.

Entre las organizaciones sindicales que se suman a la jornada de lucha se encuentra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

También adhirió al paro la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que nuclea a los gremios de Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos, por lo que afectará al servicio terrestre y aéreo en todo el país. La intención es que haya transporte público entre la medianoche y las 19 del miércoles. El gremio de los metrodelegados, integrado por los trabajadores del subte de la Capital Federal, comunicaron su adhesión al paro.

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POLITICA

El Gobierno eliminó una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones

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El Gobierno modificó el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental publicado en diciembre del año pasado, pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández. A través de una resolución de las autoridades sanitarias, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial –que pasará a tener un rol consultivo– para agilizar esos trámites, de acuerdo con el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.

La resolución precedente (4107/23) provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones, ya que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos”, señalaron desde el Ministerio de Salud. “Esta situación –continuaron– no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por lo tanto, la modificación obedece no solo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 [de la ley de salud mental], sino a efectivizar el procedimiento de forma eficiente y expeditiva”.

Por ese artículo de la legislación sancionada por el Congreso en 2010, la cartera sanitaria, como autoridad de aplicación, es responsable de fijar “en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones” los requisitos de habilitación y fiscalización de los servicios de atención de salud mental en el sector público, privado y las obras sociales.

Para el Gobierno, la Resolución 6155/2024 también adapta ahora esas tareas a la simplificación de procesos en el Estado prevista en la Ley Bases. “Adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos [por los lugares de atención especializada] a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente”, plantean en Salud. Y consideran, a la vez, que “fortalece la red de servicios” al crear “los dispositivos comunitarios necesarios”. La definición de esos servicios incluye la atención de las adicciones y a los equipos interdisciplinarios “para la continuidad de cuidados y la externación sustentable”.

Este conjunto de “normas mínimas” para la habilitación y el control de los establecimientos y los servicios de salud mental y consumos rige para los lugares de atención ambulatoria (consultorios o gabinetes, centros, hospitales de día con/sin internación o comunitarios, emprendimientos de inclusión sociolaboral y servicios de atención domiciliaria), dispositivos residenciales (con apoyo bajo, moderado o alto y estancia transitoria o prolongada) y lugares con internación (servicios de salud mental en hospitales, clínicas o sanatorios).

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Dictamen consultivo

De acuerdo con la resolución de diciembre del año pasado firmada por la exministra Carla Vizzotti, el trámite de habilitación empezaba –como en la nueva resolución– con la solicitud de habilitación del administrador de la institución, centro o servicio vía la plataforma online de trámites a distancia oficial.

Pero si bien la autorización para funcionar también la tramitaba la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dentro del Ministerio de Salud, la evaluación inicial de las solicitudes debía ser “en conjunto” con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Ahora, de acuerdo con los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, esa intervención deja de ser vinculante y pasa a ser consultiva cuando así sea requerida.

Esa comisión permanente de trabajo se formó por una resolución de 2022 con tres representantes designados por Salud y otros tres por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Quedaban exceptuados de su intervención solo los consultorios de salud mental, en cuya habilitación participaba únicamente la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

El procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental había sido establecido pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández por la entonces ministra Carla Vizzotti

Con la modificación publicada hoy, sus miembros intervendrán “en caso de que existan incongruencias con los estándares fijados” en un anexo de la resolución y a requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos para “asistencia técnica, colaboración e intervención”.

En esos casos, una vez finalizada la inspección del lugar a habilitar, la comisión tendrá que emitir opinión “sobre el cumplimiento de los estándares normados” en 30 días hábiles para la administración pública a contar desde la llegada del expediente. Cumplido ese plazo sin esa opinión, regirá el silencio de la administración como en el resto de los procedimientos administrativos del Estado nacional.

Lo mismo se aplica para la fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos, como lo define la nueva resolución, que reemplaza a la 4107 de diciembre del año pasado.

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Antes, ese dictamen pasaba a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos para remitir el expediente de nuevo a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras para continuar el trámite de habilitación.

Esta nueva normativa promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, lo que hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos”, argumentan en el ministerio a cargo de Mario Lugones.

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