Tras el derrumbe de la Ley Ómnibus, mientras desde Casa Rosada amenazan con nuevos DNU -que igual tendrán que pasar la prueba del Congreso-, el Gobierno nacional parece determinado a llevar la tensión con los gobernadores al límite, sin demasiada distinción de color político o simpatías partidarias.

Entre los mandatarios más “dialoguistas” -de lo que solía ser JxC y de fuerzas provinciales- reina, además del hastío, el desconcierto: acusan al Presidente de seguir en campaña, esperan una señal para recomponer el diálogo y ponen un ojo en la Justicia, entre reclamos por fondos y coparticipación.

La escalada de tensiones entre Nación y las provincias excede lo “discursivo” y se traduce en hechos concretos. Mientras desde la Presidencia siguen señalando “traidores” y apuntando contra los mandatarios -no de Unión por la Patria, sino de las fuerzas que prometieron negociar y acompañar en el Congreso- por el fracaso del paquete de reformas en Diputados, el Gobierno eliminó en las últimas horas Fondo Compensador del Interior, a través del cual se subsidiaba el transporte de colectivos en el interior, que generó rechazo público tanto de mandatarios como intendentes de todo el arco político.

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Al mismo tiempo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó como logro que el Ejecutivo redujo durante enero un 98% las transferencias discrecionales a las provincias. Estos envíos “discrecionales” incluye a asignaciones específicas creadas por ley para fines específicos, como el Fondo de Incentivo Docente, con el que se complementa el pago salario de docentes, y transferencias de ANSES a las cajas de jubilaciones provinciales. Así, hay gobernadores que señalan que tenían pronosticado recibir 4.500 millones de pesos el mes pasado y aseguran solo haber recibido 450 mil.

“Realmente no terminamos de entender al Presidente. Nos señala como enemigos a todos los gobernadores, y los diputados de los diez gobernadores de Juntos por el Cambio votaron todos bien la Ley Ómnibus, con las disidencias advertidas. O le falta comprensión o no le informan bien las cosas, pero es muy desconcertante. Quiere el conflicto, mantiene el tono de campaña, pero el tono de campaña no te estabiliza la economía, y estamos en una situación muy delicada”, dijo un mandatario radical a TN, que se reconoce como uno “de los más colaborativos” hasta el momento.

Hay una quincena de gobernadores que no forman parte de Unión por la Patria. Diez fueron electos bajo el paraguas de JxC, de los cuales cinco son radicales, tres del PRO y dos aliados locales: Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza) Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Estos mandatarios están en contacto diario vía WhatsApp y mantienen reuniones por Zoom periódicamente.

Pese al fastidio generalizado, en este grupo insisten en que -más allá de las acusaciones de la Casa Rosada y más allá de las críticas públicas de los mandatarios por el recorte de fondos- el diálogo puede recomponerse si existe voluntad del Presidente, aunque no consideran que sea probable en lo inmediato.

“No veo que suceda pronto por el tono que viene manejando. ¿Pero van Gobernar sin el Congreso? Se termina en la Justicia eso. La intención de recomponer va a estar siempre, si nos llaman la semana que viene vamos a estar. Pero ¿cuáles son los interlocutores? Guillermo Francos habla con nosotros y nos devuelve nada, pero nada”, afirmó uno de los mandatarios, que espera que la señal venga del propio Javier Milei, cuando regrese al país, o del ministro de Economía, Luis Caputo.

Fuera de lo que era JxC, hay otros gobernadores como el peronista cordobés Martín Llaryora -uno de los principales apuntados por el Gobierno nacional por supuesta traición durante el tratamiento de la Ley Ómnibus-, el rionegrino Alberto Weretilneck, el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz. el misionero Hugo Passalacqua o el santacruceño Claudio Vidal.

“El juego es claro: exacciono a todas las provincias, me siento sobre la caja y te digo vení: ¿Querés plata Sí, porque me estoy ahogando. Firma acá: rendición incondicional. Pasó lo mismo con Néstor Kirchner”, señalaba un legislador nacional que responde directamente a uno de esos gobernadores, aunque recuerda que la diferencia con el fallecido expresidente es que Kirchner tenía el peronismo detrás.

Entre los gobernadores, aseguran ellos mismos o fuentes muy cercanas a los mandatarios, hay una interpretación compartida de que la actitud del Presidente y del Gobierno en general responde a una estrategia discursiva que busca en ellos -como exponentes de la “casta”- algún tipo de “chivo” expiatorio en un contexto de ajuste.

La estrategia, creen algunos, es un arma de doble filo. “Es un menemismo sin poder. Cuando Domingo Cavallo ahogaba las provincias lo hacía en silencio, no te avisaba que te iba a fundir públicamente. Cuando Milei dice que va a fundir a los gobernadores lo que está haciendo es fundir a los que viven a esas provincias, va a ser fácil que la gente no lo vea”, señalaban muy cerca de otro mandatario radical.

La situación financiera de las provincias es bastante dispar en lo que refiere a su capacidad para funcionar sin las llamadas transferencias discrecionales o sin la asistencia del Estado nacional. Otra discusión es la pérdida de coparticipación que supuso, para todas las provincias, la virtual eliminación del pago impuesto a las Ganancias para trabajadores.

En ese sentido, y a pesar del clima de máxima tensión que quedó instalado en el Congreso, los gobernadores siguen esperando una convocatoria del Ejecutivo para discutir un nuevo pacto fiscal.

Sin certezas sobre las chances de avanzar por el camino parlamentario, los mandatarios miran de reojo a la Justicia por Ganancias: antes del cambio de Gobierno, provincias como Mendoza y Corrientes plantearon ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de medida y una medida cautelar para que Nación compense la pérdida de recursos. Mientras tanto, algunas provincias, como Río Negro, también analizan nuevos planteos judiciales por los recientes recortes en transferencias discrecionales.