POLITICA
Los piqueteros confirmaron una nueva movilización y el Gobierno enfrenta otra semana de tensión en la calle
En medio del ajuste implementado por el Gobierno nacional, que esta semana desencadenó nuevos despidos en el Estado y una movilización con incidentes, los piqueteros definieron una nueva jornada nacional de protestas que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.
La marcha fue convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y movimientos de izquierda. Resta definir en qué punto se concentrará la actividad central: puede ser la Plaza de Mayo; el Ministerio de Economía -ubicado a 100 metros de la Casa Rosada- o el Ministerio de Capital Humano. En cuanto a los alcances de la medida, dirigentes sociales adelantan que habrá focos en distintos puntos del país.
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“Será una convocatoria amplia. Vamos a participar casi todos los espacios y habrá acciones en todo el país”, indicó a TN Silvia Saravia, titular de Libres del Sur.
La protesta reposará en la falta de alimentos, bajas en el Potenciar Trabajo y despidos en programas sociales. FeNaT – CTA Autónoma, el Frente Barrial de la CTA, el Frente de Lucha Piquetero, el MST y la Coordinadora para el Cambio Social son algunas de las organizaciones que ya confirmaron su presencia.
A su vez, el mismo miércoles habrá un paro con movilización de parte de los trabajadores de la ANSES. “Ante el contundente pedido de las asambleas de base realizadas durante esta semana, la Comisión Directiva Nacional resuelve continuar con las asambleas permanentes sin atención al público y la conformación de una intergremial para que el 10 de abril se lleve a cabo un paro general de todas las oficinas del organismo con movilización a Córdoba 720 (sede central de la ANSES)”, difundieron en un comunicado.
La estrategia del Gobierno: exponer a los “gerentes de la pobreza”
Con la crisis económica como telón de fondo, los movimientos sociales enfrentan el cambio de paradigma que busca imponer el Gobierno en su relación con los movimientos sociales: romper con la intermediación en los planes, aplicar el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, capitalizar el descontento que generan las protestas piqueteras en la sociedad y exponer a la “casta” de estos sectores, a los que distintos funcionarios nacionales se refirieron como “gerentes de la pobreza”.
Semanas después de su asunción en diciembre, el Ministerio de Capital Humano decidió dar de baja al sistema de “entrega discrecional de alimentos secos”, que fue reemplazado por un esquema de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación de los movimientos sociales.
El gobierno de Alberto Fernández tenía estrecha vinculación con -entre otros- el Movimiento Evita, cuyo líder Emilio Pérsico incluso era funcionario de la cartera de Desarrollo Social. La gestión de La Libertad Avanza sostiene que las organizaciones sociales sólo rendían el 8% de los alimentos secos que recibían por parte del Estado. Y además, que durante la gestión del Frente de Todos se repartían grandes sumas de dinero a comedores que no existen, como reveló un informe de TN.
En el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) figuraban, hasta 2023, más de 40 mil centros en todo el país. Sin embargo, menos de 5 mil cumplían “todos los requisitos de inscripción” y fueron dados de alta para recibir asistencia alimentaria del Estado.
El año pasado, los desembolsos de la ahora readaptada área de Desarrollo Social en licitaciones de compras de alimentos para esos comedores superaron los $40 mil millones. Sin embargo, la sorpresa apareció al momento de auditar esos gastos en 2168 espacios: el 54% no existía.
Este viernes, en una nueva jornada de protestas convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a los despidos masivos de los trabajadores estatales, la Policía de la Ciudad y la Federal intentó aplicar el protocolo antipiquetes para controlar la situación de máxima tensión frente al Ministerio de Economía.
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Frente a la Plaza de Mayo hubo empujones entre los manifestantes y los efectivos que intentaban realizar un cordón policial para evitar el corte de calles.
En este contexto de reclamos, Rodolfo Aguiar, líder del gremio, advirtió: “No vamos a parar de luchar hasta quitarle la motosierra y que empiece a cortar otras cabezas, que no sean la de los trabajadores y jubilados”.
piqueteros, Javier Milei
POLITICA
Código Penal: Diputados dio media sanción a los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia
La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos afirmativos los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia en el Código Penal, con el objetivo de desactivar la denominada “puerta giratoria” en la Justicia. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo, fue rechazada por el kirchnerismo y la izquierda. Ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se espera una fuerte resistencia del sector cristinista.
El proyecto establece que “se considera reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Según la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, esta medida evitará que delincuentes con múltiples delitos eludan penas efectivas de prisión. “Para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”, explicó.
Además, el proyecto introduce un nuevo criterio para la aplicación de penas en casos de delitos reiterados. Actualmente, los jueces pueden combinar penas sin un criterio único, pero con la nueva norma “la pena final será la sumatoria de todos los delitos”, aseguró Rodríguez Machado. También se incorpora un tercer criterio para dictar prisión preventiva: además del riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa, los jueces deberán considerar las imputaciones previas del acusado.
El kirchnerismo criticó duramente la medida. El diputado Martín Soria afirmó que “no supera el mínimo test de constitucionalidad” y advirtió que “buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar a ciudadanos completamente inocentes”. Según su interpretación, la reforma sustituye la presunción de inocencia por la evaluación subjetiva de los jueces sobre si un individuo podría delinquir en el futuro.
Por su parte, la radical Pamela Verasay defendió la iniciativa citando el caso de Mendoza, donde una legislación similar “terminó con la ‘puerta giratoria’ y redujo casi en 50% los delitos graves”. En tanto, la libertaria María Celeste Ponce justificó la reforma afirmando que busca “poner fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones”.
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