El 4 de septiembre, los piqueteros volverán a las calles para expresar su descontento tras el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, que afecta directamente a los jubilados. La protesta, organizada por agrupaciones sociales del peronismo y la izquierda, comenzará en el Congreso y concluirá en Plaza de Mayo.

Los movimientos sociales, incluyendo a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Barrios de Pie, anunciaron su participación en la movilización. Estas organizaciones se oponen al recorte en el aumento de las jubilaciones y criticaron la represión policial sufrida durante las manifestaciones previas frente al Anexo de la Cámara de Diputados.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, expresó: “Este Gobierno se sostiene ajustando a los jubilados. Mientras baja las jubilaciones mínimas y veta leyes que podrían mejorar la situación de los más vulnerables, abre blanqueos y fortalece las exenciones impositivas para los grandes capitales.”

El subsecretario de Economía Popular del gobierno bonaerense también hizo hincapié en la insensibilidad del Gobierno hacia las demandas sociales, comparando la represión policial contra los jubilados con un acto de cinismo.

Las agrupaciones de izquierda como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Polo Obrero y MST-Teresa Vive también estarán presentes en la marcha, condenando lo que consideran un ajuste injusto por parte del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha implementado el protocolo antipiquetes en previsión de posibles enfrentamientos durante la movilización. Este protocolo fue puesto a prueba en junio, durante una protesta similar que resultó en 16 detenidos.

En los últimos meses, la influencia de los piqueteros ha disminuido debido a investigaciones sobre presuntas maniobras fraudulentas y coercitivas vinculadas a sus movilizaciones. La Justicia federal abrió una investigación en abril tras recibir denuncias sobre amenazas a beneficiarios de programas sociales que se negaban a participar en las protestas.