La posibilidad de un habilitar un espacio de diálogo tripartito entre el Gobierno, empresarios y sindicalistas deberá esperar un buen tiempo para ver la luz. La cúpula de la CGT decidió bajarse de la convocatoria que funcionarios de Javier Milei habían comenzado a organizar con ese objetivo esta semana, molesta por la fuerte presión de la Casa Rosada de imponer un tope del 1% mensual a los aumentos salariales de 2025 y, en paralelo, habilitar en esa mesa de discusión el debate de una reforma laboral profunda, como prometió el Presidente en el discurso con el que celebró su primer año de gestión.

Con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la cabeza, el Gobierno sondeó en los últimos días a los miembros de la mesa chica cegetista y a referentes del Grupo de los 6, el entramado empresario que integran la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción, ADEBA, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural, para avanzar en el llamado a una reunión inaugural del diálogo tripartito, cuya fecha buscaba consensuar.

Logró el aval inmediato de los dirigentes empresarios pero, a pesar del guiño inicial de algún sindicalista, una mayoría significativa de la central obrera rechazó la invitación y pateó para delante la alternativa de sumarse al diálogo. «No hay clima para ninguna reunión, menos para que nos quieran imponer una agenda de reforma», advirtió, molesto, un importante jefe cegetista consultado por Clarín acerca de la convocatoria alentada por la administración libertaria.

Desde la primera línea de la central obrera esgrimen razones de sobra para rechazar sentarse a la mesa en los términos de la propuesta oficial, pese a la tregua de facto que rige desde hace varios meses en la relación entre ambos, lo que fortaleció al bloque dialoguista dentro de la central y desactivó cualquier medida de fuerza general antes de fin de año. Pero la tensión de los sindicalistas escaló con fuerza en los últimos días de la mano de las complicaciones que aparecen en el marco de las paritarias que negocian en sus respectivas actividades.

El caso más notable es el de Camioneros, aunque no el único. Tras desembarcar después de muchos años en la conducción de la CGT ante el portazo de su hijo mayor, Hugo Moyano aceleró las discusiones con las cámaras del transporte de cargas para definir el aumento salarial del sector, pero se encontró con la firme resistencia del Gobierno para autorizar aumentos por encima del 1% mensual desde enero, en línea con la inflación proyectada por el Ministerio de Economía.

El jefe camionero revisó su reclamo original (una suba se 15% en tres tramos por el período diciembre-febrero) y acercó posiciones con los empresario para firmar una mejora trimestral de entre 7% y 8%. Pero la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, también rechazó ese esquema y dejó a Moyano a un paso de lanzar un conflicto, lo que podría anunciarse este jueves. «El Gobierno ni sabe lo que quiere, es muy difícil cerrar un acuerdo de esta forma», se sinceró en reserva un referente del sector empresario que participa de la negociación con el líder camionero, sorprendido por la postura de los funcionarios.

Como Moyano, son varios los sindicalistas que pegaron el grito en el cielo por la presión oficial para que cierren aumentos con un techo del 1% mensual. En algunos casos, esa presión se tradujo en la no homologación de acuerdos salariales ya firmados en diversas actividades. Uno de ellos involucra el entendimiento que selló el sindicato de Sanidad, que encabeza el también miembro del triunvirato de conducción cegetista Héctor Daer, con las cámaras del sector asistencial por el que se fijó una suba de 4% para octubre, 3,8% para noviembre y 3,6% para diciembre.

El Gobierno transmitió al gremio que por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, no se validarían incrementos superiores al 1% y, a la par, exigió a los empresarios la firma de un compromiso para no trasladar a los precios la recomposición salarial. La homologación sigue estancada, aunque los aumentos ya se están pagando. Y el mismo cuadro de situación se repite en otras actividades del sector privado con subas firmadas pero no validadas por las autoridades. La CGT aguarda este jueves las deliberaciones del Consejo del Salario para determinar si el Gobierno aplicará la misma política al aumento del salario mínimo, el que mayor deterioro sufrió frente a la inflación durante el año.

A ese telón de fondo se sumó en las últimas horas la creciente preocupación sindical por una avanzada del Gobierno para imponer en la mesa de diálogo el debate de una reforma laboral más amplia y habilitar mediante decretos y resoluciones cambios en algunas condiciones laborales. «No vamos a prestarnos a un diálogo que solo pretende hacernos validar una reforma», advirtió otro referente de peso de la conducción cegetista ante la consulta de este diario.

El mismo gremialista también reprochó la falta de cumplimiento de los compromisos que asumieron los funcionarios de Milei con la entidad, como la reglamentación del capítulo anti-bloqueos de la Ley Bases y el freno de las iniciativas parlamentarias para limitar la reelección de los sindicalistas y el cobro de las cuotas solidarias a no afiliados por parte de los gremios. «El proyecto se frenó por la gestión de la CGT con algunos aliados, pero los libertarios firmaron todos el dictamen», afirmaron desde la central.

Una preocupación similar deslizó otro gremialista respecto a la decisión del Gobierno de avanzar con cambios en las condiciones de trabajo vía resoluciones, como el que -aseguran en la CGT- se prepara para eliminar la obligatoriedad del seguro de vida del trabajador que las empresas deben costear según lo establecido en la legislación laboral vigente.