En Argentina, los posibles hechos de corrupción política suelen tener un correlato edulcorado de una Justicia que, cuando llega (si es que llega), lo hace con el freno de mano puesto. Claro, hay excepciones que podrían confirmar esa regla. El caso del ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, al que Axel Kicillof tuvo que echar en medio de acusaciones por corrupción, quizás sea un ejemplo.

D’Onofrio y otras seis personas están imputadas como miembros de una organización delictiva dedicada a, presuntamente, recibir coimas para eliminar o bajar el monto de las multas. Habrían ganado millones en un negocio que -aseguran- fue «mejicaneado» a sus anteriores dueños políticos. Todos kirchneristas, massistas y ahora kicillofistas.

Entre ellos figuran su novia Claudia Pombo, una concejal massista de Pilar que saltó a las huestes de Kicillof. También la hermana de Pombo, Roxana, que tiene otra banca legislativa de Unión por la Patria y, paralelamente, la nombraron en la Dirección de Puertos bonaerense. Además está el juez de Faltas más importante de la Provincia, Mario Quatrocchi, y Facundo Asensio, el todavía Director provincial del sistema que regula las VTV, que anda por la vida en una de las pocas 4×4 Audi de U$S 150.000 que circulan en el país. Como es muy buen amigo de D’Onofrio, le sacó una cédula azul a su nombre para que también la disfrute.

En la intemperie, todo es más dificil. Ya fuera del poder bonaerense, se van conociendo otros negocios que los investigadores judiciales también relacionan con el «Gordo» D’Onofrio. Uno de ellos es la financiera Token Capita que, según la sospecha judicial, se encargaría de lavar la fortuna que habría manejado el ex funcionario bonaerense que supo responder como soldado de Sergio Massa, quien le soltó la mano a tiempo por, según sus propias palabras, «ser un cachivache».

La financiera empezó a funcionar justo cuando D’Onofrio asumió como ministro de Kicillof. Vaya confianza: casi sin tener clientes se instalaron en el Hotel Sheraton de Pilar. Como dueño figura Cristian German Ojeda, un personaje por demás curioso. Referente de una peña de Boca de zona Norte y conocido por sus aventuras en la barra brava del club xeneize, Ojeda vive y gasta como un verdadero rock star.

A Ojeda, pero sobre todo a su reciente esposa, Natasha Natural Migueles, les encanta armar una vidriera para mostrar en las redes sus opulentas aventuras por el mundo en lugares exclusivos. Para alimentar las sospechas o simplemente por ignorancia o impunidad, se les ocurrió casarse en una fastuosa fiesta en el mismo Sheraton de Pilar, con limusina blanca y bailarinas cariocas.

En la financiera del Sheraton todo pinta trucho. Una impresión que se percibe desde lejos. Según la Justicia no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central para funcionar. La orden judicial del allanamiento llegó tras la denuncia del presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y de la propia Lilita Carrió.

¿Qué dicen los dueños del Sheraton? Sólo sé que no sé nada. El que figura como propietario es otro aventurero de los lujos, aunque algo más discreto. Gustavo Cinosi creció rápido en los negocios, en buena parte gracias a un abanico de conexiones políticas, sobre todo con y durante el kirchnerismo.

¿Cinosi no sabía nada de la financiera en manos de un barra de Boca que presuntamente blanqueo millones de la corrupción política kirchnerista y massista? A unos 40 kilómetros de Pilar, sobre la Panamericana a la altura de Munro en Vicente López, queda el complejo Norcenter (ex Showcenter). En esa municipalidad que durante cinco mandatos consecutivos monopolizó el radical K Enrique «japonés» García, todavía recuerdan el lobby de Cinosi para traer la licencia del bingo de Villa Gesell a Munro.

Volviendo al polifacético Ojeda, se supo que además figura como director de Solutec, una empresa que la Justicia cree que gracias a D’Onofrio se alzó con un negocio redondo por 10 años: quedarse con el 8,5% + IVA de las más de 3.200.000 de VTV que se realizan en en la Provincia. Cada verificación cuesta $65.000. No hace falta una calculadora para hablar de cifras astronómicas.

No sólo eso, Ojeda además tiene acciones en otra compañía que se llama Franutec, que junto a otras empresas armaron en 2023 una UTE (Unión Transitoria de Empresas). Tocada por la varita mágica del Gobierno bonaerense, al toque de arrancar a funcionar la beneficiaron para realizar las VTV en tres zonas de la Provincia con un cupo de casi 400.000 vehículos anuales. Se queda con casi la totalidad de lo que cuesta la Verificación ($65.000), entregando sólo un pequeño porcentaje como canon al Gobierno.

Si bien la tensión que ocasionaba la figura de D’Onofrio en el gobierno de Axel Kicillof parece haberse desinflado desde que se fue a fin de año, como contó Clarín los resultados de varias medidas de prueba que los investigadores judiciales van recopilando sigue alimentado el escándalo.

Una de ellas: la cantidad de familiares a los que el «Gordo» D’Onofrio les consiguió trabajo público tanto en áreas que dependían de su ministerio como en otros lugares. Para la Justicia serían «conchabos» para beneficiar a la novia de D’Onofrio, la concejal peronista de Pilar, Claudia Pombo.

Pombo también comparte con D’Onofrio la imputación por lavado de activos. No sólo eso: en otra causa que lleva la Justicia ordinaria bonaerense, ambos son investigados por cohecho, malversación y fraude.

En la agencia de trabajo público que Pombo aparenta haber abierto hay una larga lista de parientes suyos: directos, indirectos y amigos que consiguieron empleos estatales (por una cuestión de espacio, se deja a afuera a los amigos de los amigos). Con sueldos bastante por arriba del promedio nacional, algunos llegan a $ 2,5 millones mensuales, y hay de todo: padres, hijos, hermanos, sobrinos, cuñados y allegados.

Héctor Marcelo Basail, medio hermano de Pombo (los Pombo y los Basail son familias ensambladas), trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón gracias a un contrato de nombre largo: «Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera». A Basail no se le conoce ninguna preparación académica sobre técnica financiera, aunque por cómo vive (en un caserón de un country de Pilar) podría asegurarse que problemas financieros no tendría. Antes, cobraba un salario como empleado raso en el Senado.

La mujer de Marcelo Basail, es decir, cuñada de la legisladora Pombo, se llama Valeria Baro y también cobra un sueldo en el Senado bonaerense, enmarcado en el mismo convenio de su marido. Antes, había trabajado en la Municipalidad de Pilar y en Diputados.

Matías Basail, el otro hermano de Pombo, tiene contrato en el Ministerio de Transporte que hasta un mes atrás manejaba D’Onofrio. También trabajó en Senado provincial.

Florencia Basail, hermana de Pombo, recibe un sueldo de $ 1,3 millón del Senado, otra beneficiaria del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera de la Agencia Nacional de Seguridad. Tampoco se le conoce ningún expertise en esa profesión. Como varios familiares del resto del clan, también había trabajado en la comuna de Pilar.

El marido de Florencia Basail, Fabio Ferretty, tiene otro contrato gracias a la generosidad de D’Onofrio. Antes, había cumplido funciones en la Secretaría de Cultura de Kicillof y, previamente, en la Municipalidad de Pilar y el Senado.

La hermana más cercana de Claudia Pombo es Roxana Pombo, que sigue cobrando unos $ 700.000 (pero sin la dieta) como concejal de Pilar a pesar de recibir casi cuatro veces más como Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias de Kicillof, organismo que dependía de su cuñado, D’Onofrio. La hija de Roxana, Camila Bellido, está contratada en el Senado bonaerense.

Elma Basail, madre de Pombo, también tuvo la suerte de tener varios trabajos públicos. Fueron los únicos que tuvo, según los registros. Terminó en la municipalidad de Malvinas Argentinas, donde hace poco logró jubilarse. Lo mismo que su pareja, José Melillo, pero en este caso se retiró como integrante de la planta de la Legislatura bonaerense.