Desde la vivienda donde cumple prisión domiciliaria en Asunción, el ex senador Edgardo Kueider habló por primera vez por Zoom con un canal de televisión argentino. Contó cómo son sus condiciones de detención, y afirmó que solo ve televisión y lee documentos de los expedientes de las causas judiciales que enfrenta en Argentina. Comparte la vivienda con Iara Guinsel Costa, su acompañante cuando fue interceptado en la frontera de Paraguay con más de USD 200.000 sin declarar, pero que tienen habitaciones separadas, según dijo.

Kueider sabe que si regresa al país, irá detenido a la cárcel de Ezeiza ya que la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió en diciembre su extradición con fines de detención, aunque el trámite aún no avanzó en Paraguay por cuestiones formales. Las autoridades guaraníes objetaron la forma en que fue presentada la solicitud.

“Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto, yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido. La declaración se produjo después que voluntariamente fui a declarar a la Fiscalía en Ciudad del Este. Pero, antes de eso podía haberme retirado. De hecho, uno de los argumentos que expusimos con los abogados al juez para decirle que no había peligro de riesgo de fuga en la domiciliaria era que podíamos habernos ido mucho antes y no lo hicimos. Yo respeto a rajatabla las leyes. Lo que sí me parece injusto es que, si tenga que volver a la Argentina, tenga que ir al penal Ezeiza porque a la señora jueza quiera mostrar qué cuestión”, agregó.

En Paraguay enfrenta un proceso penal por contrabando y otro por presunto lavado de dinero. El ex legislador entrerriano dijo querer regresar a Argentina para estar con sus hijos y familiares, y admitió que su futuro político depende de cómo termine la causa judicial, aunque no descartó poder volver, si concluye favorablemente para él.

Se defendió de las acusaciones por las que está siendo investigado en la Justicia Federal y aseguró ser víctima de una persecución política y mediática. Vía Zoom, en un extenso reportaje en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), cuestionó el accionar de esa magistrada, y aseguró ser inocente. “Hoy estoy sufriendo una causa en la cual no tengo nada que ver, que se inicia por una falsa denuncia de un periodista, por una falsa denuncia de una publicación periodística y por digamos un interés raro de parte de la Justicia de vincularme a alguna cosa que nada que ver”, declaró.

Entrevistado por el periodista Daniel Enz, dijo que se arrepiente de haber cruzado la frontera desde Brasil hacia Ciudad del Este, la madrugada del 4 de diciembre con más de USD 200.000 sin declarar a principios de diciembre último, lo que derivó en su arresto domiciliario en Paraguay. Sin embargo, sostuvo que ese dinero incautado procedía de Paraguay, de “otras operaciones” que “no eran suyas”, y destacó que nunca quiso fugarse de ese país, y que se presentó a declarar, y no estuvo detenido inicialmente.

Casi sin ningún contacto con dirigentes de la política argentina, afirmó que nadie del gobierno de Javier Milei se comunicó con él; tampoco el ex gobernador Gustavo Bordet, que “jamás” lo llamó. Solo recibió muy pocas visitas de su familia o de algún amigo, aunque aseguró que algunos los llaman para ver cómo está.

A lo largo de casi una hora, insistió en que “todo lo que se dijo es falso” y que ya fue condenado socialmente. “Entonces uno habla y puede venir a una indagatoria periodística, pero ya fue juzgado. Yo sé que no voy a cambiar nada con esta indagatoria”, se lamentó al comienzo de la entrevista..

Muy crítico del accionar en la investigación de Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, afirmó no tener vínculos con empresarios investigados en la causa Securitas y negó que hubiera tenido poder de decisión respecto de ENERSA, cuando fue secretario de Gobierno y mano derecha de Bordet. Aseguró que “nunca fue empleado, funcionario, director, ni síndico” de la empresa de energía provincial. Su único rol documentado fue haber firmado las actas de asambleas anuales.

Opinó que la acusación de asociación ilícita que enfrenta en la Justicia Federal argentina está “agarrada totalmente de los pelos” y que el supuesto lavado de activos se basa en datos “irrisorios” e “incomprensibles”. Se quejó de sufrir un “daño irreparable” por el accionar de la Justicia de San Isidro por hechos con los que -según él- no tiene “absolutamente nada que ver”, y lamentó que ex colaboradores suyos estén actualmente detenidos.

La jueza y el fiscal Domínguez lo investigan en la causa Securitas y en la de presunto enriquecimiento ilícito, en la que se produjeron las detenciones de su primo Javier Rubel, de su amigo y socio Rodolfo Daniel González, de su ex secretaria, y de contadores vinculados a Kueider. En su mirada, existe un “abuso total de autoridad” por parte de la magistrada federal y el fiscal, y se considera un “chivo expiatorio”.

A su vez, la Justicia de Concordia lo investiga también por su patrimonio, en un expediente que impulsa el fiscal José Arias. Kueider calificó la existencia de dos investigaciones por el mismo hecho, en dos jurisdicciones distintas, como “inconstitucional” y una “doble persecución política”. La competencia entre las dos jurisdicciones aún no fue resuelta.

Kueider justificó la compra de los tres departamentos en un lujoso edificio en la Ciudad de Paraná como una “inversión” por parte de su firma Betail SA para “mantener el valor del dinero” luego del fracaso de un negocio de pollos, que habría quedado trunco por la pandemia.