Mauricio Macri dedicó las últimas horas a reforzar sus argumentos en favor del respaldo al pliego de los 5 puntos que reclaman los gobernadores para consensuar un presupuesto 2025. Para Macri no es un ardid de coyuntura. Encierra un reproche que no es nuevo en sus charlas con propios y extraños (los del Gobierno) sobre la calidad del ajuste que aplica Milei.

Las medidas que le reportan indicadores auspiciosos surgen, según entiende hoy el PRO, de un ajuste de baja calidad que no aborda el gasto crónico de la Argentina. El oficialismo se ha pasado un año pidiendo apoyos, pero ha hecho poco para que el ajuste crónico sea eliminado.

Gasto crónico es, desde esta perspectiva, el de las empresas del Estado que siguen intocadas. Gasto crónico es el puñado de emprendimientos que tienen regímenes de promoción. Son los que figuran en la llamada «separata» que suele acompañar los proyectos de presupuesto cada año y que suman un 4,5% del PBI.

Macri debió aplicarse a explicar este giro desde que el martes pasado mandó desbaratar la sesión que voltearía los DNU. Fue una demostración de poder al gobierno, al que ahora arrincona con este gesto que lo pone al frente del reclamo de los gobernadores.

Para cristalizar esta posición, el jueves Cristian Ritondo dijo en el zoom con los bloques amigos que, si el Gobierno vetaba el presupuesto, el PRO lo rechazaría. No acompañaría al Gobierno, como hizo ante la insistencia en movilidad de jubilaciones y universidades.

El gesto de Macri y el PRO tiene una fuerte carga política. Amaga con una recomposición de las fuerzas que votaron juntas en 2023 en la segunda vuelta en favor de Milei, y que ahora ponen en cuestión sus desprolijidades.

El viernes Mauricio mantuvo una conversación telefónica con Miguel Pichetto en la que le ratificó el apoyo a los 5 puntos de los gobernadores. También le enumeró los puntos de disidencia con el Gobierno en lo institucional:

Rechaza la nominación de Ariel Lijo a la Corte, la reglamentación de la ley de acceso a la información, la imposición de IVA a los medios y a la prensa, el voto aislacionista en la ONU y la purga ideológica en la Cancillería; y observa reticencia en el Gobierno en avanzar con el proyecto de ficha limpia.

Esta fue la segunda charla a solas con Pichetto en poco más de un mes. Estuvieron juntos la primera semana de octubre, el mismo día cuando Macri visitó a Santiago Caputo en una oficina particular. De ahí salió el rechazo del veto a las universidades y jubilaciones del PRO.

Pichetto suele sostener que el expresidente debe asumir que ya no gobierna y que por participar en la coyuntura paga costos políticos innecesarios. Macri se va esta semana de largo viaje -México, Portugal, países árabes-. Vuelve a mediados de mes y ya inicia el retiro anual de verano en Cumelén.

No hay que perder de vista su giro ante el Gobierno y el acercamiento a Pichetto, como parte de un armado político pensando en 2025 y 2027. Hasta nuevo aviso, Macri, el macrismo y PRO están bajo fuego del mileísmo que les quiere disputar posiciones en la CABA. Si Macri no arma una estrategia propia y ganadora, puede perder el distrito que gobierna a través de su primo y se termina la historia.

También hay una mirada obligada sobre 2027. En la Argentina gana quien arma el Partido del Balotaje, que fue el que dio el poder a Juntos por el Cambio en 2015. Ese arco no se recompuso desde aquel éxito.

El electorado de Cambiemos lo hizo presidente a Milei en la segunda vuelta de 2023, pero no se lo quedó. Para construir el Partido del Balotaje en 2027 hay que arrancar con una genuina representación de ese electorado, que mantuvo el apoyo del 42% de los votos en los grandes distritos de la Argentina durante una década.

Los asesores de Milei fantasean con que se han quedado con ese electorado. Una infantilada porque el eje de aquel entendimiento de 2015 fue un movimiento que surgió de abajo hacia arriba, no fue un arrastre de ninguna vanguardia iluminada sobre el electorado que decide las elecciones en los 7 distritos más grandes del país.

Es el que le hizo ganar en la categoría presidente al ticket Macri-Pichetto en 5 de esos grandes distritos en 2019, aun perdiendo las elecciones -esa fórmula cayó sólo en Buenos Aires y Tucumán-: 2025 será la prueba de la capacidad de representación de las diversas marcas respecto de ese electorado.

Eso no se hace con tuits, trolls o asesorías mágicas inspiradas en libros que explican la política de otros países. Se hace con política. Vale para esta trama aquello que repetía Graciela Fernández Meijide cuando le preguntaban por la Alianza que ganó el poder en 1999: «La Alianza la hace la gente». No los dirigentes.

La reacción inmediata del Gobierno a este giro fue el anuncio de que llevará al Congreso el debate de una reforma electoral sin PASO. Este polémico sistema les sirve a los partidos que están en la oposición. Fue creado por Néstor Kirchner después de perder las legislativas de 2009 en Buenos Aires. Era un castigo al traidor que se iba del partido cuando perdía la interna.

Quien gobierna no las necesita porque tiene las herramientas para aferrar listas únicas y los recursos para pagar lealtades. Tampoco el peronismo la necesita, porque es un partido vertical que nunca elige candidaturas ni autoridades en elecciones.

El PRO y la UCR aprendieron a usarlas para movilizar militancias y para resolver disputas horizontales sin un dedazo. Son fuerzas con jefaturas inestables y disputadas. En diversos momentos Cristina de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández o Javier Milei han rechazado el sistema por caro e inútil. Pero no han tenido fuerza para derogarlo. Hacen falta mayorías legislativas especiales y basadas en acuerdos.

Macri en las charlas del fin de semana jugó con las siglas y le gustarían una PAS, no unas PASO. Es decir que sean voluntarias y que quien no tenga problemas internos, que no haga primarias. Es una manera de privatizar el sistema que, en el fondo, consiste en la estatización de una decisión que les corresponde a los partidos.

El reclamo de 5 puntos de los gobernadores para acordar en paz un presupuesto 2025 se convirtió en la piedra de la discordia, hasta ahora insalvable, entre oficialismo y oposición.

El jueves por la noche se reunieron los jefes de los bloques del PRO, UCR y Encuentro Federal, con los gobernadores Rogelio Frigerio, Maxi Pullaro y Alfredo Cornejo. Acordaron avanzar en un dictamen propio a partir del giro del PRO, que se plegó por indicación de Mauricio Macri, al reclamo masivo de los gobernadores.

En esa reunión Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, Miguel Pichetto y Pablo Giuliani instruyeron a los peritos de sus bancadas para que redactasen durante el fin de semana el documento que llevarán a la sesión de la comisión de Espert este martes. Si se les cumple el plan, esa posición puede reunir cerca de 90 votos y será el dictamen de mayoría.

El bloque de La Libertad Avanza insiste en que su dictamen es el presupuesto de Milei y que no se le toca una sola coma. El peronismo por su lado tiene un dictamen de rechazo y un sector también amaga con acercar otro dictamen de minoría. Si se cuentan las bancas, sería el segundo dictamen y LLA quedaría tercero.

Este minué es una lección para el Gobierno, que se victimiza desde su debilidad para sostener la gobernabilidad. Lo ayudan los indicadores de la economía, que siguen a las medidas de enfriamiento que redundan en la baja de la inflación y del déficit. Pero lo que más lo ayuda es la convicción que mueve a los bloques amigables para que no se derrumbe.

La navegación depende de la mano que le den el PRO, la UCR, el bloque Encuentro Federal y los legisladores silvestres, que se mueven con una agresividad simulada a partir de la convicción que su electorado fue el que lo hizo presidente a Milei. Eso de que el Gobierno los arrastra y les gana batallas es otra fantasía.

El Gobierno lo sabe y tensa la cuerda que ata a estos sectores amigables que, por ahora, busca significarse lejos del peronismo, que tiene la primera minoría en las dos Cámaras. Estos bloques ya han hecho experiencia y saben que el Gobierno ladra, pero después retrocede y cuando amenaza con quitar algo, al final lo concede.

Lo único que pide el Gobierno es que aplaudan al presidente de minorías que es Milei, tal como si fuera un presidente de mayorías. También justifica la tolerancia que le tienen el hecho que el programa del Gobierno es el que respaldó el electorado de cuatro de los cinco candidatos presidenciales a la primera vuelta electoral.

¿Dónde está ahora el negocio de arrinconar a un gobierno que se nutre de las agendas y funcionarios que vienen del PRO, del peronismo no cristinista y del radicalismo blue?

La semana viene tumultuosa. Lunes con reuniones de bloque para afilar cuchillos. Martes, dictamen de Presupuesto (o no), miércoles el sueño de limpiar la ficha, jueves amenaza contra los DNU. No hay respiro.

Como si fuera poco, la Suprema Corte prepara en silencio para este o el que viene, un supermartes de grandes fallos. Son decisiones en expedientes que tienen ya la firma de Juan Carlos Maqueda. Este juez dejará el tribunal el 29 de diciembre.

Hay hermetismo sobre qué causas se resolverán, pero pueden llegar a festejar algún exministro y los encausados por la venta de un predio rural en CABA, o un grupo de exfuncionarios a quienes se les reprocha haber cobrado sobresueldos.

Nada está resuelto para completar el número de los cinco supremos. El Gobierno deja filtrar que se animará a designar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla en comisión. En la bancada del peronismo en el Senado, a través de los dos encargados del tema, me dicen que, si eso ocurre, el bloque en pleno los rechazará.

El aire de fin de año abre una ventana para acuerdos más amplios. Quedan por designar tres auditores por la Cámara de Diputados. En marzo próximo vencen otros tres que representan al Senado. Un paquete de negociación entre las fuerzas políticas puede incluir esas seis vacantes en la AGN, las dos (o más, si se amplía el tribunal) de la Corte, el procurador general, el defensor del pueblo y alguna otra dignidad más. Habrá para todos.

Los deslizamientos en las relaciones entre los bloques amigables y el Gobierno plantean dudas de membresía en todos los niveles. Este fin de semana viajó a Miami el senador bonaerense Alex Campbell, socio local del estudio de Carlos Trujillo, uno de los punteros más importantes de Donald Trump en la comunidad cubanoamericana, y que está llamado a ocupar un cargo importante en el gobierno republicano.

Sesionó allí la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la que tenía un turno como orador Javier Milei. Esa liga tiene previsto abrir una rama en Buenos Aires con una conferencia de conservadores de todo el continente. Están invitados Milei, obviamente, pero también el diputado español y líder de Vox, Santiago Abascal, y Jair Bolsonaro.

Campbell sigue de viaje después hacia Camboya, a presentar la ficha de afiliación del PRO para ingresar a la Internacional Demócrata de Centro -Internacional Demócrata Cristiana que preside el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana-. Es la liga a la que pertenece el Partido Popular de José María Aznar, adversarios jurados de Vox.

Macri prefiere cobijarse en la IDC-CDI, que integra, además, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Es el partido que fundó Konrad Adenauer, uno de los pilares de la Europa contemporánea, y al que pertenecieron Ludwig Erhard, Helmut Kohl y Angela Merkel. También tiene una membresía formal en la IDC-CDI el Partido Justicialista que hoy preside Cristina de Kirchner.

El carné lo tramitó Antonio Erman González, que venía de la DC local. Lo disfrutó Ricardo Romano, que fue subsecretario de la presidencia de Carlos Menem y animó la peña Juan Bautista Alberdi, que abrigó al posmenemismo después de los ’90, y llegó a ser vicepresidente de esa Internacional.