El Municipio de Morón, bajo la gestión del intendente Lucas Ghi, anunció una intensificación de los operativos de seguridad en los barrios del distrito. La medida, enmarcada dentro del plan integral de seguridad ciudadana, busca mostrar una respuesta contundente ante la creciente demanda vecinal por mayor presencia del Estado en las calles. Sin embargo, la estrategia deja interrogantes sobre su verdadero impacto a largo plazo.

Los operativos —fijos y móviles— se despliegan principalmente entre las 18 y las 6 horas, consideradas “zonas calientes” por su alta circulación. Según datos oficiales, por jornada se identifican a unas 180 personas y se controlan aproximadamente 90 vehículos. En los últimos días, este esquema permitió la detención de dos personas con causas judiciales activas en la zona de Morón centro.

A la par de estos controles, el municipio apuesta a reforzar la estructura de vigilancia con más móviles, cámaras, tecnología y una mejora en el alumbrado público. También se destaca una coordinación “permanente” con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. No obstante, estas medidas —aunque necesarias— no alcanzan a disolver el malestar de muchos vecinos que continúan denunciando robos, arrebatos y hechos violentos en distintos puntos del distrito.

La gestión de Ghi insiste en que la clave está en la “prevención”, pero distintos sectores sociales señalan que, más allá de la visibilidad de los patrullajes, es fundamental fortalecer las políticas sociales y el abordaje integral del delito.

Los fiscales generales de la Cámara Federal de Casación Penal le enviaron una nota a su jefe, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en la que le pronosticaron “un deficiente funcionamiento del servicio de justicia” con nuevo sistema procesal, que les da más protagonismo, si no cuentan con los recursos necesarios.

La nota de tres carillas, a la que accedió , firmada por los fiscales Raúl Pleé, Javier de Luca y Mario Villar, sostiene que están de acuerdo con la implementación del nuevo sistema acusatorio, pero que corre riesgo de fracasar si no se lo dota de personal y de recursos materiales.

Cada vez que tuvo oportunidad, Casal ya le hizo saber al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que para que el nuevo sistema funcione es necesario que se les otorgue personal y equipamiento.

El Ministerio de Justicia anunció que el 11 de agosto pondrá en marcha este mecanismo en la justicia federal de Comodoro Py 2002, pero los jueces tiene sus reservas y los fiscales, aunque lo apoyan, dicen que no van a dejar que les echen la culpa del fracaso del sistema, si es que no les dan más recursos.

En este oficio, los fiscales generales señalaron que apoyan este nuevo sistema acusatorio, pero que “su implementación exige una preparación que incluye no solo la capacitación que se ha venido realizando, sino recursos humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido”.

“La experiencia de cinco años de funcionamiento del nuevo código en una jurisdicción indica que la implementación es dependiente de la realidad de cada región y de las características de la delincuencia predominante en ella”, advierten.

Y señalan que lo que pasa en Salta y Jujuy con causas con pocos imputados, más simples, difiere de la complejidad de los expedientes de Comodoro Py o del fuero Penal Económico, con múltiples acusados, casos penales con peritajes complejos, casos de criminalidad económica, lavado de dinero y asuntos que requieren otra dinámica.

“Nuestra experiencia −dijeron los fiscales− indica que, a diferencia de la mayoría de las causas originadas en Salta y Jujuy −referidas a hechos simples con intervención delictiva limitada a pocos intervinientes−, la expectativa de su implementación en la jurisdicción que comprende la Capital Federal y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires (hasta hoy, fueros penal federal y penal económico), donde se procesan casos de mayor complejidad, dificultad probatoria y múltiples protagonistas −por ejemplo, delitos contra la administración pública y económicos−, permite pronosticar un deficiente funcionamiento del servicio de justicia, en caso de ponerse en marcha el nuevo sistema sin la provisión de los recursos correspondientes”.

Agregaron que se debe tener en cuenta que la “escasa capacidad física y de adaptación tecnológica” de los edificios de Comodoro Py 2002 y el vecino de Av. de los Inmigrantes 1950, donde funcionan los fueros federal y penal económico, y además, conviven otros juzgados, defensorías y fiscalías .

Los fiscales dijeron que hacen falta oficinas para las “unidades fiscales” diseñadas en el nuevo Código, “mesas de entradas para denuncias”, “lugares de atención al público, tanto víctimas del delito o quienes actúen como denunciantes o querellantes”, además de “recursos técnicos como equipos de computación interconectados conectados de manera segura, y con la capacidad de almacenamiento necesaria, dado que el proceso ya no será más escrito, sino todo mediante audiencias que deberán ser registradas en los respectivos videos”.

Un fiscal contó a que con el sistema en marcha en Salta y Jujuy no da abasto la capacidad de almacenamiento de los videos de las audiencias, que es el único respaldo, ya que desaparece el expediente de papel.

“Se requerirán cajas de seguridad, equipos para realizar determinados peritajes o análisis de la prueba, trabajadores sociales, expertos en cuestiones contables y financieras”, pidieron los fiscales.

“Advertimos las necesidades edilicias, la asignación de personal y de los medios técnicos y tecnológicos”, señalaron y explicaron que hoy hay cinco personas del Poder Judicial por cada una del Ministerio Público Fiscal, lo que es un despropósito tratándose de que es un sistema donde la carga del trabajo está en las fiscalías.

“Todas estas son condiciones previas a la implementación de la novel normativa, ya que sin ellos las dificultades para el MPF para cumplir los plazos legales y lograr una respuesta rápida y eficaz se vería seriamente comprometida”, señalaron.

El sistema penal acusatorio es un modelo que se caracteriza por la oralidad, la publicidad, la contradicción y la inmediación.

En este sistema, la fiscalía es el responsable de investigar los delitos y acusar a los responsables. La defensa tiene el derecho a contradecir la acusación y presentar pruebas en contrario. El juez, en audiencias públicas, actúa como un árbitro, garantiza la imparcialidad del proceso y dicta la sentencia.

Desaparece el expediente y hay audiencias orales y públicas para resolver cada incidencia, lo que exige la presencialidad de jueces y fiscales o auxiliares fiscales en cada audiencia y la inmediatez de las resoluciones.

Este sistema acusatorio ya está en vigor en Salta y Jujuy desde 2019 y, este año, el Ministerio de Justicia extendió su implementación a Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. Ahora se pondrá en marcha en Comodoro Py 2002.