POLITICA
Macri reúne al PRO para ratificar la alianza bonaerense con LLA y definir la estrategia en el resto del país

Mauricio Macri volverá a escena este viernes con una convocatoria clave, al encabezar la reunión del Consejo Nacional del PRO en la sede partidaria de la calle Balcarce. Una reaparición quirúrgica, tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, pero en un contexto político delicado: cuestionado por la estrategia en CABA y la dura derrota electoral, por las intervenciones nacionales en cinco provincias, y con un desafío que, por lo bajo, plantean varios dirigentes: “Sobrevivir”.
Según la agenda prevista del encuentro, que comenzará a las 10, al finalizar se hará público un documento en el cual podría incluirse una defensa de la “institucionalidad” del país a raíz del fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta. Esta posibilidad está en análisis. Algunos prefieren evitar cualquier tipo de referencia, al entender que CFK “ya está afuera de todo”.
El texto, además, tendría una convocatoria a los presidentes del PRO en todo el país a “defender la identidad del partido” de cara a las negociaciones electorales con otras fuerzas políticas, según indicó a Infobae un dirigente que participará de la reunión. Se trata, según varios referentes consultados que ya trabajan en un esquema de alianzas con otros partidos, de una posición “teórica”, que no se condice con la realidad del partido que supo gobernar el país entre 2015 y 2019.
“Mauricio está entre asimilar el shock del error que se mandaron en CABA y su ego. Lo que pasó en la Ciudad fue un error groserísimo: adelantar la elección con baja valoración de la gestión, sin tener candidato, y demostramos que tenemos 15 puntos en nuestro bastión. ¿Por qué mostrar los votos si no tenés nada que mostrar? El PRO está en la etapa de sobrevivir“, graficó a este medio otro referente provincial.
Durante la reunión quedarán expuestas las dos visiones: los que quieren mantener la identidad amarilla y reflotar Juntos por el Cambio, con la UCR y la Coalición Cívica, en algunos distritos, y los que buscan a acercarse a LLA y plegarse a la fuerza que hoy capitalizó el voto antikirchnerista. La elección de Manuel Adorni en CABA sirvió como ejemplo.
En tanto, la negociación con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es un modelo de acción de los tiempos actuales: hay consenso entre ambas partes para confluir en un frente electoral para enfrentar al peronismo, más aún tras la ratificación de la condena a CFK que, se prevé, unifique a la oposición. Hay necesidades compartidas, pero los libertarios son reticentes a entregar su simbología, su nombre y el color violeta, a pesar de la manifiesta falta de candidatos de peso para las listas en las ocho secciones electorales.
La semana que viene habrá una nueva reunión del trío compuesto por Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro con el armador Sebastián Pareja. Macri, mientras tanto, se mantiene al margen de las conversaciones, aunque mantiene diálogo fluido con funcionarios de su confianza.
En el auditorio de la calle Balcarce, además, se escucharán los informes de cada una de las provincias y una exposición del exministro de Economía Hernán Lacunza sobre el rumbo económico del país. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, que le valieron las críticas del presidente Javier Milei y del ministro Luis “Toto” Caputo, planteó su diagnóstico: la estabilización nominal está lograda, pero a costa de variables estructurales que se están desgastando.
“El tipo de cambio inducido a $1000 mantiene la inflación baja, pero genera desbalance externo. Y sostenerlo requiere tasas tan altas que frenan la inversión y el consumo”, alertó hace varias semanas.
Los datos del último informe de la Fundación Pensar completan el análisis: hay 47% de aprobación al gobierno nacional, pero 56% de rechazo a sus formas; la inflación bajó a 2,8% en abril, pero el 58% de la población dice no sentirlo; el 65% resignó consumo; el 51% no llega a fin de mes con su salario, y el índice de irascibilidad social creció por tercer mes consecutivo.
Intervenciones y críticas
La orden del día también incluye la ratificación de la resolución 11 de cambio de intervención y prorroga de Córdoba. Esto generó un fuerte revuelo entre dirigentes históricos del PRO de la provincia que representa la segunda con mayor peso electoral del país, detrás de Buenos Aires, que aporta cerca del 9% del padrón nacional y es uno de los distritos con mayor nivel de movilización electoral. Es más, en varias elecciones presidenciales, fue determinante para inclinar el resultado nacional, especialmente en los balotajes de 2015 y 2019, donde fue clave para el triunfo de Cambiemos.
La exsenadora y actual diputada nacional Laura Rodríguez Machado adelantó a Infobae que no participará de la Convención Nacional por no estar de acuerdo con la intervención dispuesta por Macri al asumir la conducción nacional.
“El PRO en Córdoba está intervenido desde diciembre. Nunca aclararon qué desórdenes administrativos había. Primero estuvo designada Laura Alonso, que nunca vino. La cambiaron, pero siguen sin normalizar. Parece que la intención es quedarse con la lapicera para negociar con La Libertad Avanza u otros partidos como el radicalismo”, indicó.
A su vez, criticó que el interventor actual, Henry Leis, no representa a la militancia cordobesa, denunció que “la dirigencia partidaria fue aniquilada”, acusó las autoridades nacionales de haber “destruido al partido en Córdoba” y advirtió que “el PRO ya no tiene ningún tipo de representatividad partidaria real en la provincia”.
Además, el presidente de la Junta Ejecutiva del PRO Córdoba, Oscar Agost Carreño, presentó un recurso judicial para declarar la nulidad de la intervención, que fue dispuesta sin notificación previa, sin orden del día formal y sin permitir derecho a defensa.
La demanda sostiene que se trató de una sanción política encubierta, luego de que Agost Carreño votara en disidencia con el bloque nacional del PRO en el Congreso, según se cita en el texto judicial. Además, el recurso afirma que la intervención violó el derecho de los afiliados a organizarse y elegir autoridades. Las internas ya estaban convocadas para febrero de 2025, y la medida tuvo como efecto inmediato suspenderlas.
“El objetivo real fue impedir el proceso electoral en Córdoba y controlar desde Buenos Aires el cierre de alianzas y candidaturas”, acusa el escrito, que ya ingresó en la justicia federal electoral y al que accedió este medio.
La situación de Córdoba no es un caso aislado. Actualmente, el PRO tiene cinco provincias intervenidas: en Corrientes (Clodomiro Risau), Salta (Leonardo Aguilar), Tucumán (Alejandro Finocchiaro) y Tierra del Fuego (María Eugenia Chiarvetto).
Así, la cumbre del Consejo Nacional será mucho más que una foto partidaria. Para muchos será un paso más en el intento de rescatar al PRO de su crisis estructural más profunda desde su creación.
POLITICA
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POLITICA
En sintonía con LLA, los senadores del PRO también rechazaron el aumento salarial que generó polémica

Los senadores del PRO rechazaron aumentarse el sueldo, en medio de la polémica que generó el aumento de la dieta parlamentaria, cuyos haberes están enganchados a los de los empleados legislativos. Lo hicieron a través la nota fue presentada a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.
“En un contexto donde millones de argentinos hacen un esfuerzo enorme, creemos que la dirigencia debe estar a la altura y dar el ejemplo con señales claras de compromiso con la realidad del país”, indicaron los legisladores a través de un comunicado.
La polémica surgió luego de que se conociera que los senadores percibirán más de 9,5 millones de pesos argentinos (aproximadamente USD 10.000) el mes próximo, tras la actualización de sus dietas.
Villarruel optó por desvincularse de la controversia y firmó el decreto 344/25, que habilitó la adecuación de los salarios, pero dejó en manos de cada senador la posibilidad de aceptar o rechazar el aumento. Así, al igual que el PRO, La Libertad Avanza ya anunció que rechazará el incremento.
“A nosotros nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza y, para ello, los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores”, afirmaron los legisladores libertarios en el comunicado oficial.
A su vez, los senadores del bloque Provincias Unidas presentaron un proyecto para donar al Garrahan el aumento de sus dietas. La iniciativa establece que la donación será voluntaria y que los recursos se utilizarán para la compra de insumos y equipamiento.
El sistema de enganche salarial fue reactivado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición acordaron en secreto un nuevo esquema y lo aprobaron en el recinto. Desde entonces, los haberes de los senadores se componen de 2.500 módulos —la misma referencia utilizada para los empleados del Congreso—, un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Con la actualización del valor del módulo a $2.376,04, el monto total a percibir supera los $9,5 millones en bruto. Solo cuatro senadores no reciben el adicional por desarraigo.
En abril de 2024, los legisladores también sumaron una dieta adicional a las 12 existentes, con el argumento de “compensar” el aguinaldo. La única excepción fue Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación al ingresar a la Cámara alta.
Durante el segundo semestre de 2024, tras una nueva paritaria, los senadores decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de ese año. Al finalizar ese plazo, la responsabilidad de una nueva decisión recayó sobre Villarruel, quien extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo, advirtiendo que sería la última vez que tomaría una medida de ese tipo y que, en adelante, la resolución debería surgir de los propios bloques en una sesión.
En su momento, el propio presidente Javier Milei cuestionó el aumento salarial de los senadores. En 2024, señaló: “Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre (2023). No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos».
“Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias”, planteó.
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POLITICA
El fallo contra Cristina genera mayor apoyo que rechazo y se observa como un detonante de conflictos
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner por el caso Vialidad cosecha más apoyos que rechazos, según estimó la consultora Opina Argentina en una encuesta que puso en marcha el mismo día en que se conoció la decisión del máximo tribunal.
El 55% de los encuestados por la consultora respondió que está de acuerdo con “el fallo que deja firme la condena por corrupción sobre Cristina Kirchner”; el 43% dijo estar en desacuerdo, y un 2% optó por no contestar afirmar que no tiene “opinión formada”.
El estudio incluye un análisis según la orientación del voto en el que se concluyó que están de acuerdo con la condena el 96% de los votantes de Juntos por el Cambio, el 88% de los que eligieron a La Libertad Avanza, y solo el 5% de los que apoyaron en las urnas a Unión por la Patria.
Por fuera de la determinación de la Corte en sí, los números para Cristina Kirchner son más negativos. El 57% la consideró “culpable” de hechos de corrupción, “más allá del fallo”. Un 37% indicó que es “inocente”. El 6% de los encuestados eligieron no contestar.
Para la mayoría, la prisión confirmada para la expresidenta puede derivar en consecuencias negativas. Ante la consulta “¿Usted cree que el fallo que condena a Cristina Kirchner va a generar conflictos sociales importantes?“, el 52% respondió que sí; el 41%, que no, y el 7% no contestó.
Las consecuencias para al Gobierno, estimaron los encuestados, serán neutras. Un 46% consideró que el fallo “ni beneficia ni perjudica” a la administración del presidente Javier Milei. Un 28% opinó que es beneficioso y un 22%, que es perjudicial para el Gobierno. El 4% escogió la opción “No sabe o no tiene opinión formada”.
El estudio se realizó los días 10 (cuando se conoció el fallo de la Corte) y 11 de junio, entre 2020 casos de todo el país, y tiene un margen de error de +/- 2,1%.
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