ROSARIO.– A través del decreto 443/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial este martes, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura.

Este martes se hizo efectiva la detención del magistrado, que cumplirá la prisión preventiva dispuesta por el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz en su domicilio. Bailaque pasará 90 días de arresto en su casa, luego de que en mayo pasado los integrantes de la Cámara de Apelaciones Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal dispusieran esa medida al analizar que no había peligro de fuga. Luego de enviar la renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación el 10 de junio pasado, Bailaque comenzó a hacer los trámites para jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que se desempeñó en la justicia de esa provincia desde 1994 hasta 2008.

Los fiscales que investigan a Bailaque presentaron un escrito este martes a la mañana ante el juez Rodrígues Da Cruz en la que le piden que convoque a una audiencia “de forma urgente” para analizar las especificidades relacionadas con la modalidad de detención del exmagistrado. Lo que se busca establecer es cómo se va a controlar la prisión domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, y se determine “el lugar concreto de cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad, las reglas y pautas de conducta”.

A su vez, los abogados defensores de Bailaque Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo presentaron un escrito en el que advirtieron que el exjuez se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva.

El “proyecto de decreto”, que había elaborado el Ministerio de Justicia de la Nación de la aceptación de la renuncia de Bailaque, tiene fecha del 25 de junio. Es decir, el miércoles pasado. Pero recién fue publicado en el Boletín Oficial este martes. Llama la atención que la información se conoció después de las elecciones en Santa Fe, donde esa noticia hubiera probablemente actuado en contra de los intereses electorales de los candidatos de La Libertad Avanza.

Al aceptar la renuncia de Bailaque, Milei dio por terminado el extenso proceso que arrancó el año pasado en el Consejo de la Magistratura, donde se había llegado a aprobar un largo dictamen de más de 190 páginas, que fueron elaborados por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, donde concluyeron que había tres causas que aportaban argumentos para destituir a Bailaque por un tribunal de enjuiciamiento.

El proceso en el Consejo de la Magistratura iba a terminar con el apartamiento de Bailaque, pero había un problema con la conformación del tribunal, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no nominara a los dos senadores que deberían integrar ese cuerpo que sanciona a los funcionarios judiciales. Esos dos legisladores deberían ser del bloque peronista.

Pero después de la decisión de Milei de aceptar la renuncia, que Bailaque había redactado el 10 de junio pasado, no será necesario que se conforme el tribunal de enjuiciamiento. Bailaque tiene previsto jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que desde el 21 de setiembre de 1994 comenzó a desempeñarse en esa provincia como defensor oficial y tres años más tarde fue designado como juez de instrucción de Caleta Olivia hasta el 8 de febrero de 2008. El régimen previsional de Santa Cruz prevé que los funcionarios judiciales se pueden jubilar a los 54 años.

Bailaque tomó la decisión de renunciar al verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario, en la que se dispuso su prisión preventiva el 30 de abril pasado. En el Consejo de la Magistratura observaron que había elegido un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal de Rosario enfrentaba una compleja investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, que se divide en tres capítulos. Está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló Aire de Santa Fe el 11 de junio pasado, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.

Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que el caso Bailaque “es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de juez actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez lo suceda en el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.

Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.

Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.

Bailaque tenía el mismo contador, Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió ante una consulta de este diario. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.

Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.

Pese a la identificación del gobierno de Javier Milei con muchas de las reivindicaciones de las Fuerzas Armadas, la Avenida del Libertador no verá pasar este año el despliegue de 9900 efectivos, 62 aviones militares y 79 vehículos de combate, como ocurrió en 2024. Aunque no se lo informó oficialmente, fuentes gubernamentales consultadas por dejaron trascender que este año no se realizará el desfile militar por la fecha patria del Día de la Independencia.

El año pasado, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel celebraron a bordo de un tanque militar la adhesión del público al desfile de las Fuerzas Armadas en las calles, en una escena que reflejaba la sintonía de ambos en los primeros meses del gobierno libertario. Dado que hoy la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento, no sería extraño que se quisieran evitar imágenes forzadas o exponer al mandatario a inevitables comparaciones escenográficas.

Lo cierto es que, a diferencia de 2024, cuando el presidente Milei convocó a “abrazar los símbolos patrios”, esta vez el desfile no se hará y el motivo es presupuestario, según coinciden distintas fuentes castrenses.

Por lo pronto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no recibieron hasta el momento instrucciones para poner en marcha los preparativos con vistas a la exhibición, que el año pasado reunió a miles de vecinos en las calles con banderas celestes y blancas.

“En rigor, no habrá una disposición del Ministerio de Defensa que disponga la suspensión del desfile, sino simplemente no se comunicará su realización, ni se darán instrucciones para el alistamiento de las unidades”, deslizó una fuente castrense.

En el entorno del ministro de Defensa, Luis Petri, mantienen en un cerrado hermetismo sobre los costos que implicaría el despliegue militar de efectivos con armas, aviones, helicópteros, tropas y vehículos de combate por las calles de la ciudad, aunque se sabe que el desfile de 2024 tuvo una erogación superior a los $720 millones, que en ese momento equivalían a unos 720.000 dólares, al tipo de cambio oficial. Llegaron para el desfile militares de distintas unidades del país, como Campo de Mayo, Bahía Blanca, Junín, San Nicolás, Córdoba, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Salta.

Actualizada por inflación, esa suma ascendería hoy a $987 millones. En ámbitos castrenses consideran que una inversión de esa envergadura tropezaría este año con rostros insatisfechos en los cuarteles a raíz de la falta de respuestas a los insistentes reclamos por una recomposición salarial, la promesa aún incumplida de una equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad y la desordenada gestión de la obra social de los militares –el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa)-, que arrastra la suspensión de prestaciones en varias jurisdicciones y una deuda cercana a los $160.000 millones.

En las últimas semanas, incluso, se exteriorizaron las protestas de docentes y familias de liceos militares e instituciones educativas dependientes de las Fuerzas Armadas, como el Instituto Dámaso Centeno, por retrasos salariales.

Ya en julio de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri suspendió el desfile militar del 9 de Julio pocos días antes de su realización, en medio de un descontento de sectores castrenses por un magro aumento presupuestario que afectaba principalmente a los oficiales superiores. El líder de Pro reanudó al año siguiente, en 2019, el despliegue militar en las calles, que no volvió a repetirse en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. La demostración de las Fuerzas Armadas en las calles fue finalmente repuesta el año pasado, en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza.

A la hora de evaluar los costos que implicaría hoy el desplazamiento de casi 10.000 uniformados, entre los que el año pasado se incluyó a 2400 veteranos de Malvinas, en las Fuerzas Armadas toman nota del impacto que podrían tener los gastos de combustible y la disposición de transportes para el traslado del personal militar, el equivalente para la movilización de vehículos pesados y para la propia ejecución del desfile, así como los costos del almuerzo de la tropa y el pago de viáticos a efectivos que se desplazan varios kilómetros desde sus cuarteles.

Además del vistoso despliegue de soldados de las tres fuerzas, vehículos, aviones y helicópteros militares, el desfile de las Fuerzas Armadas comprendió en los últimos años la participación de la flota de la Armada, que el año pasado sumó cuatro embarcaciones que el público pudo visitar en la dársena norte, en la zona de Retiro: la Fragata Libertad, un patrullero oceánico, un destructor clase Meko 360 y la lancha patrullera ARA Río Santiago.

En tiempos de conflictos armados en el mundo, la práctica de los desfiles militares se encuentra vigente en varios países. Hace dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su cumpleaños con un imponente desfile militar en las calles de Washington. El desplazamiento de 7000 soldados, tanques, aviones, helicópteros de combate y vehículos blindados coincidió con el 250° aniversario del Ejército de ese país.

En Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezó el mes pasado el acto del desfile militar por los 80 años de la derrota infligida a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Lo acompañaron tres jefes de Estado aliados: Xi Jinping (China), Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil) y Nicolás Maduro (Venezuela).

Incluso los reyes de España, Felipe y Letizia, presidieron el 7 de junio pasado la marcha de 3200 efectivos militares en Santa Cruz de Tenerife para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas de ese país, un acontecimiento que cada año se celebra en una ciudad distinta. En tanto, todos los años se realiza el 12 de octubre un desfile de las Fuerzas Armadas en las calles de Madrid.