La gestión bonaerense de Axel Kicillof está en el ojo de la tormenta otra vez, y no es para menos. Ezequiel Martínez y Cristian Regueiro, dos choferes con más de dos décadas de historial en la dirección de Automotores Oficiales y Unidad de Logística, salieron a poner el grito en el cielo contra Agustina Vila, la subsecretaria General que parece manejar todo como si fuera su cortijo personal.

Ellos denuncian que la funcionaria estrella del gobernador Axel Kicillof crea escenarios constantes de maltrato laboral, acoso psicológico y acomoda descaradamente a un par de choferes «amigos» que perciben sueldos millonarios. Mientras los de planta permanente, con décadas de antigüedad, terminan como ñoquis forzados o haciendo mandados humillantes.

Ezequiel Martínez no se reservó nada. Con más de veinte años de servicio y una categoría 14 bien ganada, dice que Vila lo tiene de adorno en su casa. «Estoy como ñoqui, pero no porque quiero. Laburé dos días hace un mes, llevé a una funcionaria al patio de la gobernación y, cuando el chofer de Vila me vio, le chusmeó a ella. Automáticamente mi director me llamó y me dijo que no labure más, que era orden de Vila», confesó en diálogo con REALPOLITIK. Además, para exponer aún más la irregularidad, aseguró tener todo en regla: idoneidad, pedidos de junta médica, cero sumarios, pero igual lo envían a su casa cada vez que se presenta a cumplir sus tareas.

La nota, recibida el 6 de marzo de 2025.

Cristian Regueiro es el hermano del “Lolo” Regueiro, quien falleció en medio de una trístemente célebre represión policial en el estadio de Gimnasia, llevada adelante por las fuerzas de seguridad del gobierno de Axel Kicillof. Con 34 años de trayectoria, Cristian atraviesa un calvario aún más severo. Según un denunciante que conoce de cerca a ambos trabajadores, su caso se agravó tras reclamar justicia por el asesinato de su hermano. «Cuando lo convocan a trabajar, que era por muy poco, no le respetaron ni su antigüedad ni su carrera. Lo mandan a hacer recados para Vila: comprar bebidas, artículos de limpieza o comida, porque ella tiene hasta personal para el almuerzo. Es un trato degradante», afirmó esta fuente.

Regueiro, el empleado con más años de servicio en el área, debería ocupar un puesto acorde a su experiencia, pero en cambio es relegado frente a dos choferes contratados, Mariano y Jorge, que perciben casi 3 millones de pesos mensuales, un salario equiparable al de un alto funcionario.

El contraste entre estos privilegios y el abandono de los trabajadores de planta permanente es más que evidente. «Esos puestos deberían correspondernos por antigüedad, idoneidad y por ser personal estable. Pasamos por juntas médicas, cumplimos todos los requisitos, pero nos dejan de lado mientras ellos cobran fortunas», señaló el denunciante. Reemplazar a los contratados por Martínez y Regueiro no solo sería justo, sino que implicaría un ahorro significativo para la provincia, un punto que las autoridades parecen ignorar.

Ambos choferes presentaron notas formales a Vila solicitando que se revise su situación y se les asigne tareas acordes a sus capacidades, pero las respuestas no llegan. «Tienen un plazo legal de treinta días para contestar. Mi pedido sigue sin respuesta, ahora debo recurrir a la vía judicial», afirmó Martínez. El denunciante anónimo coincide: «Si nos castigan por reclamar o por el caso del hermano de Cristian, que fue asesinado, nos vemos obligados a exigir lo que nos corresponde por derecho. Esos lugares deberían ser nuestros». Sin embargo, la secretaría General, con Vila a la cabeza, mantiene un silencio que agrava las sospechas de represalias deliberadas.

La gestión de Vila, que lleva casi tres años al frente de la secretaría General, es señalada como el epicentro de estas irregularidades. «Ella es la máxima autoridad. Todas las decisiones pasan por su escritorio, ningún funcionario actúa sin su visto bueno», detalló el denunciante. Esta centralización, lejos de ordenar el área, habría derivado en un esquema donde la meritocracia es reemplazada por favoritismos. «Desde que Vila asumió, los choferes de planta sufrimos un trato hostil. Hasta tuve un sumario hace dos años sin motivo claro», añadió, sugiriendo un patrón de persecución.

Un dato revelador surgió tras la publicación de la nota previa sobre el caso de Martínez en este mismo medio: al día siguiente, le asignaron un turno para la junta médica. «Es una reacción típica, se mueven solo cuando se sienten expuestos», comentó el denunciante con un claro tono de disgusto. Sin embargo, esta acción no resolvió el problema de fondo y los afectados evalúan iniciar demandas judiciales para hacer valer sus derechos. (www.REALPOLITIK.com.ar)