El proyecto sobre ficha limpia, que impide que personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción puedan competir a cargos electivos, se apresta a obtener media sanción esta noche en la Cámara de Diputados aunque enfrentará, una vez aprobado, un difícil derrotero en el Senado. Aun así, el oficialismo y sus aliados celebran lo que se vaticina un triunfo sobre el Unión por la Patria que, al unísono, denunció que el Gobierno pretende proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

Luego de dos intentos fallidos por aprobarlo en la Cámara baja, la iniciativa recibía anoche el apoyo de la mayoría de los bloques de la oposición, además del oficialismo. Se opone Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de legisladores provinciales y el jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, un convencido de que solo una sentencia firme de la Corte Suprema podría impedir a una persona postularse como candidata. Lo acompaña en su cruzada su colega Nicolás Massot.

La iniciativa en debate lleva la rúbrica del presidente Javier Milei aunque, en rigor, la autoría no le corresponde. De hecho, en noviembre pasado el oficialismo boicoteó el intento de los bloques de Pro, de la UCR y de otros bloques opositores para darle media sanción a un dictamen consensuado ante el riesgo de que el peronismo –contrario al proyecto- frustrara la reelección del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Ante las sospechas de un pacto entre libertarios y kirchneristas –y el impacto que esto le produjo en la imagen pública del Gobierno-, el presidente Milei envió el mes pasado un proyecto propio para que se lo discutiera en sesiones extraordinarias.

“Agradecemos al presidente Milei por sus ideas y convicciones para que hoy estemos tratando la ficha limpia”, alardeó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. “Es un orgullo tener un presidente que no se está desdiciendo de lo que prometió en la campaña y que está implícito en este proyecto de ficha limpia: no más corrupción en la Argentina”, exclamó.

Los críticos del oficialismo no se la dejaron pasar. “Hemos visto que este proyecto no es prioridad para este gobierno: lo demostró el año pasado cuando no dio quorum. Hoy, receso mediante, cinco funcionarios de alta jerarquía echados y hasta una pelea con (Domingo) Cavallo después, aparece la firma del Presidente en el proyecto y de repente interesa el tema. Milagro de las fuerzas del cielo que interese Ficha Limpia”, replicó, en tono de chicana, el cordobés Oscar Agost Carreño.

Más allá de los pases de factura, la oposición logró que el oficialismo cediera a algunas modificaciones al dictamen. La principal apuntó a la cláusula temporal que había impuesto el Gobierno para la aplicar la prohibición que impone la ficha limpia: en el proyecto original se establecía que no podían candidatearse aquellos postulantes que hayan recibido la segunda condena antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios, una fecha que los opositores consideraban arbitraria.

Es así como se decidió supeditar la fecha al cronograma electoral y, puntualmente, al plazo que dispone el Código Nacional Electoral para el cierre del padrón provisorio: el artículo 25 lo fija en 180 días antes de la fecha de la elección general. Este año será el 29 de abril próximo. Esto significa que, de aprobarse la ley, no podrán postularse quienes hayan recibido una segunda condena antes de ese día.

De convertirse en ley el proyecto, Cristina Kirchner no podría competir como candidata: la expresidenta recibió su segunda condena por la causa Vialidad el 13 de noviembre pasado. De allí el rechazo del peronismo al proyecto; pese a sus diferencias internas, en la Cámara de Diputados las distintas corrientes se abroquelaron en defensa de la líder de su espacio y acusaron al Gobierno de pretender proscribirla. Con el mismo argumento en el Senado, donde Unión por la Patria ostenta la primera minoría, bloqueará su tratamiento.

“No se puede restringir un derecho fundamental que es el de elegir y de ser elegido, emanado de la soberanía popular –enfatizó la diputada kirchnerista Vanesa Siley-. Aquí se pretende avanzar en una ley que solo en apariencia legal pero en los hechos busca limitar la voluntad popular de elegir a Cristina Kirchner”.

Le respondió Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal. “El derecho a ser elegido no es ilimitado; la propia Constitución Nacional impone limitaciones. Lo que aquí se trata aquí es de incorporar un requisito más de elegibilidad”, aclaró. “No estamos cercenando el derecho de una persona que recibió una doble condena por corrupción de seguir recurriendo su sentencia hasta la última instancia; lo que aquí se propone es que, mientras esté pendiente el proceso, no puede ser candidato. Una cosa tan simple pero tan obvia”.