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POLITICA

Martín Lousteau confirmó que dará el quórum para la sesión sobre la Ley Bases

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Después de un periodo de incertidumbre, se ha confirmado que el presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, asistirá este miércoles para asegurar el quórum necesario para debatir la Ley Bases en el Senado. A pesar de su intención de votar en contra debido a su presentación de un proyecto alternativo al del Gobierno, garantizará la presencia requerida.

Durante la tarde, hubo especulaciones sobre la posibilidad de que se uniera a aquellos que buscan bloquear la aprobación de la ley, especialmente tras el anuncio de los senadores santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes informaron poco antes de la sesión que no estarían disponibles para asegurar el quórum.

“Mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo”, afirmó desde su cuenta de X. Y agregó: “Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas”.

Siguiendo la línea de sus colegas de Santa Cruz, quienes instaron al oficialismo a considerar cambiar la agenda de discusión, priorizando la reforma fiscal y la mejora de las pensiones aprobadas la semana pasada por la oposición en la Cámara de Diputados antes que la Ley Bases, Lousteau expresó: “Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir a la educación, a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país”.

El Gobierno está siguiendo de cerca los movimientos de Lousteau, especialmente después del golpe que sufrió la semana pasada en Diputados con la aprobación preliminar de la reforma de la movilidad jubilatoria. En esa ocasión, el proyecto recibió apoyo inesperado con una alianza entre el kirchnerismo, el radicalismo y otras fuerzas provinciales.

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El oficialismo considera varias posibilidades, incluida la opción de que, si no consigue los votos necesarios, Unión por la Patria podría respaldar el dictamen del senador radical, formando así una mayoría sólida que proteja los cambios al proyecto durante la última revisión en Diputados.

La movida de los senadores de Santa Cruz ha dejado al oficialismo con una mayoría muy ajustada para aprobar sus iniciativas, con solo 36 votos a favor, la mitad exacta de los miembros del Senado. Esto podría obligar a Victoria Villarruel a usar su facultad constitucional de voto de desempate.

Con solo 36 votos a favor, el Gobierno tiene poco margen para evitar que la oposición dialoguista modifique más aspectos de su proyecto de lo que inicialmente estaba dispuesto a ceder antes de que los senadores santacruceños se rebelaran.

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POLITICA

El Gobierno quiere privatizar AySA y que los extranjeros paguen por atenderse en hospitales públicos

Son iniciativas que quiere impulsar el Ejecutivo en línea con la idea de que se arancelen los estudios universitarios a los no residentes y la privatización de Aerolíneas.

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Luego de oficializar la intención de que los extranjeros no residentes paguen por su educación en las universidades públicas y privatizar Aerolíneas, el Gobierno de Milei quiere pisar el acelerador en estas cuestiones, es decir, busca profundizar su orientación a que el estado deje de subsidiar a personas físicas no radicadas en el país y, a su vez, se desprenda de empresas públicas que son deficitarias, tocando por un lado el delicado tema de la atención en hospitales públicos a extranjeros y una nueva privatización, este caso de Agua y Saneamiento Argentinos (AySA).

Extranjeros y hospitales públicos

Respecto a la atención en hospitales públicos a extranjeros, algo en lo que ya venia trabajando el Gobierno, el jefe de gabinete Guillermo Francos dijo hoy que “Tenemos que ser justos con los argentinos a los que le debemos dar todos los servicios que se puedan y a los extranjeros abrirles las puertas, pero que se hagan cargo del costo de su educación y de su salud, porque hemos sido muy generosos” y fue más allá: “Si estamos viviendo en un país con 53% de pobres y los chicos en 70% de pobreza, ¿es justo que estemos dando servicios a extranjeros cuando no podemos asistir a los propios? Tenemos que ser más conscientes. El tema se está analizando y vamos a hacer una propuesta concreta”.

El ministro de Salud reveló que trabaja en un proyecto de ley para cobrar la atención médica a extranjeros

Si bien el arancelamiento a extranjeros ya es una realidad en el sistema de salud pública de varias provincias, el Gobierno busca darle un marco nacional y unificado a esta tendencia. Jujuy fue la última provincia en sumarse a los distritos que ya comenzaron a cobrarle a los extranjeros. Ya lo hacían Salta, Mendoza y Santa Cruz, y lo evalúan en Río Negro. Salta fue la primera provincia en tomar la decisión de cobrarle a los extranjeros, en marzo pasado y a través de un DNU que exige el pago por atenciones sanitarias a extranjeros con residencia transitoria o precaria en los hospitales de la provincia. Sin embargo,la atención de urgencias y emergencias sigue siendo gratuita para todos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

Posible privatización de AySA

En cuanto a la intención de privatizar AySA, el Ejecutivo tiene planeado desprenderse en marzo del paquete accionario de la empresa. En ese marco, evalúan ponerla en licitación o bien lanzarla a la bolsa para que el mercado financiero fije su valor. La excusa del Gobierno de Milei es que se encuentra en un estado de balance deficitario con perdidas que, en el presente año, alcanzaron los 70 millones de pesos. Además, hubo ya unas 1314 desvinculaciones.

Aysa acelera el plan para abrirse al capital privado

El desprendimiento de la compañía sería, en principio, parcial. Es decir, para empezar quieren deshacerse de una parte del 90% del capital que controla. El 10% restante es del personal de la empresa. A propósito, en el sector sindical manifestaron su interés en mantener ese porcentaje y la participación del personal en el directorio. También expresaron su preocupación por los planes que tiene el Ejecutivo respecto al futuro de AySA y en cómo se brindará el servicio del agua ya que consideran que el mismo constituye un “derecho universal”.

El telón de fondo detrás de la potencial privatización son los números de la empresa pública: con más de 70 mil millones de pesos en rojo acumulados solo en 2024, AySA se subió al podio con la bronce en materia de malos resultados financieros, pues tiene un déficit general que asciende a los 384 mil millones de pesos. Asimismo, desde el Gobierno ubican a la compañía como un mal ejemplo ligado al uso político que se puede hacer del estado por medio de la creación de cargos y ubicación de personal por intereses partidistas que no obedecen a necesidades reales, en relación a la gestión llevada a cabo por Malena Galmarini, la esposa del ex ministro de Economía y candidato presidencial por el peronismo en las elecciones de 2023.

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