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Martín Menem asumió un rol clave para la Ley Ómnibus y busca votarla en Diputados antes de fin de enero

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El primer piso del Palacio Legislativo se transformó en un lugar de frenéticas reuniones entre los diputados en el cierre de una nueva semana del gobierno. Este miércoles, Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus con una serie de reformas y transformaciones jurídicas que impactaran en la vida social y política de la Argentina.

La presidencia de la Cámara de Diputados fue el lugar para definir las comisiones de trabajo a las que será girado el proyecto y sus integrantes. También, qué ministros del Ejecutivo concurrirán a defender la iniciativa enviada por Milei. Allí Martín Menem, su titular, recibió con mate a cada uno de los diputados, presidentes de bloques o asesores que plantearon sus inquietudes.

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El riojano se transformó en la llave indispensable de Javier Milei para lograr que avance su proyecto. El presidente de la Cámara Baja fue facultado por sus pares para el armado de las comisiones. El libertario de “Avanza Libertad” José Luis Espert quedará al frente de la estratégica comisión de Presupuesto y Hacienda. Fernando Iglesias del PRO se quedaría con la comisión de Relaciones Exteriores. Faltan definir Asuntos Constitucionales, Legislación General y otras que están solicitando desde la oposición.

El presidente de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago, le dijo a TN: ”Estamos todos los diputados en la misma situación, sin ventajas, nos enteramos del proyecto igual que la oposición, cuando fue publicado por el Ejecutivo, sin ninguna anticipación. Trabajamos en el armado de las comisiones y para que después del 15 o 20 de enero estemos en condiciones de llevar el proyecto al recinto. Sabemos que tendremos una discusión ardua con sectores opositores que ya están marcando su posición con todo derecho”.

Martín Menem, en la jura de Diputados. (Foto: Télam)
Martín Menem, el arquitecto del Gobierno en Diputados. (Foto: Télam)

El principal frente opositor Unión por la Patria que encabeza el diputado Germán Martínez señaló en un documento que “la ley Ómnibus ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales”. Desde la UCR el entrerriano Atilio Benedetti cuestionó que “se pretenda sustituir una gran cantidad de actividades del Congreso. Tiene una delegación de facultades de toda índole que son excesivas por dos años con la posibilidad que esa emergencia se prorrogue por dos años más. Me alarma además el incremento de retenciones”.

Otras bancadas con terminales directas con mandatarios provinciales tienen otras miradas. ”Hay varios puntos que estamos de acuerdo como la eliminación de las PASO (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), o el traspaso de los tribunales nacionales a la Ciudad”, expresó Agustín Domingo, diputado por Juntos Somos Río Negro, la fuerza del gobernador Alberto Weretilneck. Nicolás Massot, diputado que integra el flamante bloque “Hacemos Coalición Federal” que preside Miguel Pichetto y que contiene a referentes de los gobiernos de Entre Ríos y Chubut, señaló: “Para que la Argentina vuelva a insertarse en el mundo, para que multiplique sus exportaciones, para que desburocraticemos y le saquemos el pie que el Estado le ha puesto a la iniciativa privada, en tantos campos van a tener el acompañamiento”. Sin embargo, cuestionó el pedido de delegaciones extraordinarias del Congreso al Ejecutivo.

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El proyecto del Poder Ejecutivo “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos” tiene 664 artículos y 351 páginas. Un verdadero megaproyecto con declaración de emergencia pública y delegación de facultades del Congreso al PEN en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética y sanitaria. Con variados temas divididos en capítulos referidos a reformas en ámbitos de la economía, la justicia, en el campo electoral, civil y jubilatorio, como la suspensión de la movilidad que garantizaba a la clase pasiva dos aumentos salariales por año.

Ley Ómnibus (Foto: Oficina del Presidente Javier Milei)
Ley Ómnibus (Foto: Oficina del Presidente Javier Milei)

Martín Menem trabaja en la construcción de mayorías. Busca consensos, recibe los reclamos de aquellos temas que generan mayores cuestionamientos al proyecto: facultades delegadas, movilidad jubilatoria, ratificación parlamentaria del DNU 70/2023 y blanqueo de capitales. “Tras la constitución de las comisiones vamos a invitar a los funcionarios nacionales, explicaremos todo lo que haya que explicar a los efectos de convencer de la importancia que tiene esta ley. No para la Libertad Avanza, ni para algún partido en especial, sino para 47 millones de personas. La trascendencia que tiene que este proyecto salga adelante lo antes posible porque no hay plata y no hay tiempo”, respondió el presidente de la Cámara ante la consulta de TN.

El Gobierno Nacional guarda otra herramienta para lograr acuerdos políticos y es el envío por separado de un proyecto de ley de reversión del impuesto a las Ganancias, no contemplado en la Ley Ómnibus que ingresó a Diputados. Desde que se aprobó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto, a propuesta del exministro Sergio Massa, el costo fiscal para las provincias fue de $ 1,7 billones. Los gobernadores necesitan fondos y Ganancias es un impuesto coparticipable, una de las pocas fuentes de financiamiento para las arcas provinciales.



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Irregularidades: Exigen la intervención de un gremio afín a Axel Kicillof

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Los conflictos en el seno de la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad (APV) parecieran no tener fin. En las últimas horas, se ha presentado una grave denuncia ante Claudio Alberto Aquino, titular de la dirección nacional de Asociaciones Sindicales, que depende del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Mediante la misma, identificada bajo el expediente 2025893175, se exige la inmediata intervención del gremio debido a una serie de irregularidades. La actual comisión directiva de la APV mantiene estrechos vínculos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Graves irregularidades denunciadas

Según la denuncia, uno de los hechos más alarmantes es que, pese a la renuncia de numerosos afiliados a la APV, sus salarios continuaron sufriendo descuentos sindicales durante varios meses posteriores a su desvinculación, lo que constituye un grave delito.

Asimismo, se señala que la APV ha incumplido su propio estatuto, que estipula que «no podrán pertenecer a la asociación los jefes de división, de departamento, subdirectores y directores». Sin embargo, Martín Abad, actual secretario General Adjunto de la APV, ocupa un cargo jerárquico dentro de la dirección de Vialidad como jefe de Patrimonio, lo que le impide ser afiliado al gremio y, aún más, desempeñar un cargo en su comisión directiva.

En una situación similar se encuentra Gerardo Farías, secretario de Juventud de la APV a pesar de haber dejado atrás la juventud hace ya un largo tiempo, quien actualmente ocupa el cargo de jefe de Departamento B en la ciudad de Saladillo. Su posición jerárquica en Vialidad lo inhabilita tanto para ser afiliado como para ejercer un puesto en la comisión directiva del gremio.

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Otro aspecto grave señalado en la denuncia es la falta de presentación de la memoria y balance de la APV, lo que constituye una violación de las obligaciones estatutarias. El último ejercicio financiero, correspondiente al período del 31 de marzo de 2023 al 1 de abril de 2024, debía ser presentado en un plazo máximo de cuatro meses, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Antecedentes de Irregularidades en la APV

No es la primera vez que la APV se ve envuelta en escándalos. Su titular anterior, Ángel Milazzotto, fue destituido en mayo de 2022 tras ser acusado de gestión fraudulenta de bienes y fondos del gremio, así como de destrato y toma de decisiones arbitrarias sin respaldo de la comisión directiva.

Milazzotto fue apartado de su cargo luego de que se detectaran irregularidades significativas en los movimientos bancarios del gremio. Pese a su renuncia presentada el 5 de julio de 2024, convocó un plenario el lunes siguiente utilizando el sello institucional, lo que generó confusión y tensiones internas.

Las acusaciones contra Milazzotto incluyeron el uso de más de 800 mil pesos en gastos personales para festejos de fin de año y vacaciones en Mar del Plata junto a su familia. También se descubrieron transferencias de más de 400 mil pesos a la cuenta de su esposa, Sandra Verónica Mattioli, en concepto de viáticos, y pagos a su hijo por supuestos servicios prestados a la organización. Además, constituyó un fondo común de inversión sin informar a la comisión directiva, lo que fue considerado una grave inconducta.

Durante la reunión donde se revocó su mandato, se presentaron pruebas documentales e informáticas de estas irregularidades. Además, Milazzotto removió a dos contadores del sindicato que habían advertido sobre sus maniobras irregulares, agravando aún más la situación.

Tras su destitución, Milazzotto denunció persecución política y acusó al gobernador Axel Kicillof y al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, de intervenir en su contra. Asimismo, se le atribuye la manipulación de un expediente relacionado con la incorporación de hijos de trabajadores a la dirección de Vialidad, lo que afectó negativamente a las familias involucradas.

Un gremio en crisis

Las constantes irregularidades dentro de la APV han evidenciado una crisis institucional que pone en duda la transparencia y el manejo de los fondos sindicales. La reciente denuncia presentada busca la intervención del gremio para frenar estas prácticas irregulares y garantizar el cumplimiento de sus estatutos y normativas. Mientras tanto, la APV enfrenta una creciente presión para aclarar estas acusaciones y recuperar la confianza de sus afiliados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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