Los teléfonos se convirtieron en una prueba clave para la causa que investiga la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. En los últimos trece meses, se secuestraron más de 100 celulares. Algunos de ellos, como el de la secretaria María Cantero, aportaron pruebas determinantes sobre las maniobras para elegir a los brokers. El nuevo juez de la causa, Sebastián Casanello, espera el resultado de esas pericias y sigue recolectado información en distintos organismos antes de resolver si procesa a los principales imputados.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa, hasta ahora se secuestraron un total de 107 teléfonos. Muchos de ellos pertenecen a ex funcionarios y empresarios involucrados en el escándalo. Aunque la mayoría de los celulares llevan meses en poder de la Justicia, todavía hay 40 que no lograron abrirse. “Hay 30 en poder de la PSA para intentar desbloquear y otros 10 en los que se aguarda la actualización de software (del programa UFED)”, explicó uno de los investigadores. En ese último lote se destaca el celular de Daniel “El Gordo” Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos.

A esos 40 teléfonos, se le suman otros cuatro más a los que directamente no se pudo acceder y ahora se optará por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que dependen de la Procuración General de la Nación.

Justamente, ese organismo fue elegido por el juez Julián Ercolini para analizar el celular y y un Ipad del ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género. Esos aparatos estaban secuestrados desde agosto del año pasado y quedaron resguardados en una caja fuerte de la Fiscalía.

Ercolini pidió que se extraigan todas las conversaciones entre Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes, y Facetime. Y también los diálogos del ex presidente con la mamá de su ex pareja, Verónica Verdugo Yañez. “La extracción comenzó esta semana pero llevará varios días”, anticipó una fuente de esa causa.

Los teléfonos fueron determinantes desde el comienzo de la causa Seguros. El más importante fue el de María Cantero, donde se encontraron conversaciones con Alberto Fernández. En uno de los diálogos más destacados se mencioaban los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, fue la respuesta del ex presidente.

Cuando declaró ante el juez Ercolini, Fernández intentó explicar esa frase: “El ‘ya me ocupo’ consistió en llamar al Canciller (Santiago Cafiero) y preguntarle si había algún problema con el seguro de Provincia ART. Le advertí que algún pícaro estaba queriendo nombrar algún asesor de seguros, y que tenga cuidado que no sea una maniobra en la que alguien pretendiera sacar ventaja. Ése es el sentido de lo que hablé y del ‘ya me ocupo’”.

Casanello decidió profundizar esa línea de investigación. Esta semana, le pidió a la Cancillería más información sobre la decisión que se tomó el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART.

El juez también le reclamó a Provincia Seguros y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo que informen “si se emitieron pólizas de seguros con intermediación de “Héctor Martínez Sosa y Compañía SA y en las que fueran tomadores la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, la firma “Fabricaciones Militares Sociedad del Estado”, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, o el Servicio Penitenciario Federal».

En los teléfonos de Cantero también se encontró una foto del ex presidente y Martínez Sosa en la quinta de Olivos. La escena fue retratada el 3 de julio de 2021 en el despacho del intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, un hombre de estrecha confianza del ex presidente y del broker Héctor Martínez Sosa.

Rodriguez es una pieza clave para el rompecabezas. Por eso, hace diez días, el juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que elabore un amplio informe sobre su patrimonio. Eso incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones, y cualquier otro dato relevante que figure en las bases de ese organismo.

En el expediente también aparecen conversaciones del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y de Osvaldo Alfredo Tortora, un empresario que figura como presidente de Bachellier, la empresa que cobró $1.665.741.081 en comisiones durante el gobierno de Alberto Fernández.

Hace tiempo que no se conocen nuevos chats. ¿Por qué? En los últimos meses, las conversaciones de los teléfonos se resguardaron en un legajo reservado. Por ese motivo no trascendió el contenido de los teléfonos de Martínez Sosa, el broker amigo de Alberto Fernández. “No se encontró nada relevante”, dicen en Tribunales.

La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación antes de tomar la decisión final.

El Congreso de la Nación suele sufrir una caída notable en su actividad en los años electorales debido a que tanto el gobierno nacional como la oposición concentran su atención en las campañas y muchos legisladores incluso participan activamente en sus provincias, ya sea como candidatos o armadores. Este 2025 no es la excepción y los últimos dos meses se destacaron por su baja intensidad política, con la excepción de la aprobación del acuerdo con el FMI.

La muerte del papa Francisco obligó a suspender todas las comisiones y a posponer las interpelaciones a ministros por el caso $Libra y la conformación de la comisión investigadora. También retrasó por segunda vez la firma del dictamen del proyecto para bajar la edad de imputabilidad, uno de los pocos proyectos que la Casa Rosada impulsa en medio de la campaña electoral.

Mientras tanto, algunas de las figuras más destacadas de la Cámara de Diputados por su peso político están abocadas a la contienda electoral. Uno de los casos más notorios es el de Martín Menem, quien asumió un rol preponderante junto a su primo “Lule” Menem en el armado de las listas nacionales de La Libertad Avanza que encabeza Karina Milei.

El riojano viajó la semana pasada a Tucumán junto a la hermana del presidente Milei para fortalecer el armado libertario en la provincia. Allí se reunió con Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior y el presidente de LLA en Tucumán.

Hace poco más de un mes también estuvo en Santa Fe con la diputada nacional Romina Diez, mujer de confianza de Karina Milei en la provincia, y su compañero de bloque Nicolás Mayoraz, que encabezó la boleta libertaria para la elección de convencionales constituyentes.

Tras la victoria política que significó la ratificación del acuerdo con el FMI, el oficialismo no presentó nuevos proyectos de alto impacto político y por el momento solo impulsa la baja de la edad de imputabilidad (la firma del dictamen quedará para el 6 de mayo) y el proyecto “anti barras” que el Gobierno anunció tras la movilización de los jubilados que terminó con graves incidentes y cientos de detenidos.

En tanto, otras iniciativas anunciados por el propio Milei en la apertura de sesiones legislativas, como la reforma para reducir la cantidad de impuestos, el proyecto para garantizar por ley el superávit fiscal y el endurecimiento de las condiciones de deportación para extranjeros que delinquen, por el momento no fueron enviadas al Congreso.

Por su parte, el PRO también tiene a dos de sus principales espadas legislativas involucradas de lleno en la contienda electoral. La diputada Silvia Lospennato fue elegida por Mauricio Macri para encabezar la lista de candidatos a legisladores porteños en una disputa que será determinante para el futuro del PRO.

La decisión de la Casa Rosada de poner a competir al vocero presidencial Manuel Adorni dejó en claro que los libertarios buscarán un golpe de efecto en el bastión del macrismo para seguir negociando un futuro acuerdo electoral con el PRO desde una posición de fuerza.

Esa negociación también involucra en primer plano al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, que en su carácter de presidente del partido en la provincia de Buenos Aires está negociando con el armador libertario Sebastián Pareja la eventual alianza electoral.

Las recientes fotos de Ritondo y Diego Santilli con Karina Milei tensionaron al máximo la interna del PRO. Incluso quizás fueron el desencadenante de la reciente y filosa declaración de Mauricio Macri: “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”. Quizás un intento de frenar la sangría de dirigentes que podría convertirse en un aluvión si LLA saca más votos que el PRO en las elecciones porteñas del 18 de mayo.

La UCR sufrió recientemente su tercera fractura o desprendimiento cuando los “radicales con peluca” pegaron el portazo para armar su propio bloque, llamado la Liga del Interior. El presidente de la bancada Rodrigo de Loredo, sin embargo, concentra su atención en la realidad cordobesa y coquetea con acuerdos con el PRO o los libertarios.

De hecho, la mayoría de sus posteos en redes sociales apuntan contra el gobernador Martín Llaryora. Por ejemplo, el último, donde asegura que los aumentos de impuestos en la provincia lo tienen con “las glándulas sexuales pares ubicadas en la bolsa escrotal aplastadas contra una vajilla plana de tipo cerámica”. Una pieza de comunicación para muchos bizarra.

Por último, el peronismo también tiene la mente en la campaña. El diputado Leandro Santoro encabeza la lista de legisladores en CABA y se entusiasma con terminar primero gracias a la fragmentación de las opciones de derecha y centro derecha.

En las filas de Unión por la Patria apuestan a que un buen resultado en la capital ayude a inclinar el escenario de cara a las elecciones de octubre y los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Pero la interna en la provincia más populosa se ha vuelto demasiado encarnizada y tantas amenazas veladas de ruptura podrían terminar desencadenando una fractura real en el Congreso, ya que en ambas Cámaras hay detractores del liderazgo de Cristina Kirchner que podrían aprovechar la oportunidad para ganar autonomía.

La semana que viene la oposición intentará mantener en el centro del debate público el caso $Libra. El Gobierno confirmó que el jefe de Gabinete Guillermo Francos y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se presentarán en el Congreso para ser interpelados. No así el ministro de Economía, Luis Caputo.

En tanto, la maniobra que terminó dejando empatada la cantidad de miembros de la comisión especial investigadora podría terminar por obturar los intentos opositores. La pelea se concentra ahora en la elección del presidente de la comisión y serán determinantes las posibles ausencias.

Tras un primer año de gestión de Javier Milei en el que hubo un fuerte ajuste en la planta estatal de empleados y una caída de la actividad, el primer trimestre de 2025 muestra una reducción del 30% en las altas de las prestaciones de desempleo otorgadas por el Estado, respecto del mismo período que el año anterior. Entre enero y marzo pasado, los nuevos beneficiarios fueron 30.560 mientras que 12 meses atrás, ese número se elevaba a 43.148, según surge del análisis hecho por Infobae de los datos estadísticos publicados por la ANSES en su sitio web.

Se trata de un beneficio implementado por ley en 1991, como una prestación transitoria que se paga por un lapso que va de los 2 a los 12 meses, a trabajadores asalariados registrados, permanentes y temporarios del sector privado que perdieron su empleo. Las altas otorgadas son un indicador de la caída del empleo formal.

La menor cantidad de solicitudes de este beneficio en el primer trimestre de 2025 se produce luego de que, en 2024, se registrara el doble de altas en relación al último año de gestión de Alberto Fernandez. En el primer trimestre de 2023 se habían liquidado 21.471 altas mientras que, en los primeros tres meses del gobierno de Milei, ese número se elevó a 43.148. Este aumento del 60% en 2024 respecto del año anterior refleja el efecto del plan de ajuste implementado por la gestión libertaria.

La cantidad de beneficiarios totales a marzo último (incluyendo altas y beneficios otorgados en meses anteriores) fue de 92.787. Esta cifra es la más alta comparada con el mismo mes de 2024 (88.528) y el de 2023 (59.094).

Según los últimos datos disponibles del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, la tasa de desocupación -personas que no tienen trabajo y buscan empleo activamente -, se ubicó en 6,4% de la Población Económica Activa, que asciende a 14,5 millones de personas. El trimestre previo, ese indicador había sido ligeramente más elevado, de 6.9%.

Cuánto se cobra

La prestación por desempleo que paga la ANSES es temporal y va desde los 2 meses hasta el año, dependiendo de la cantidad de meses trabajados con anterioridad a que la persona pierde o cesa su trabajo.

La cifra a cobrar de la ANSES es un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración habitual de los 6 meses previos a quedarse desempleado. Hay un monto mínimo y un máximo de la prestación fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. A partir del 1 de marzo, esos valores fueron fijados en $148.416 y $296.832, respectivamente.

El monto es decreciente: los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio; del quinto al octavo, el 80%; y del noveno al duodécimo, el 70% del monto inicialmente determinado.

Quiénes lo reciben

Las prestaciones por desempleo fueron establecidas en la ley de Empleo sancionada en 1991 y alcanza a los trabajadores empleados bajo la ley de Contrato de Trabajo y a los comprendidos en el Régimen de la Construcción que hayan aportado al Fondo Nacional de Empleo.

Para tener derecho a recibir la prestación, el trabajador debe haber aportado a ese Fondo por un mínimo de 6 meses durante los 3 años previos al cese laboral, o 90 días en los últimos 12 meses si se trata de servicios eventuales.

Al cobrar el seguro por desempleo, el trabajador tiene derecho a percibir las asignaciones familiares que le correspondan y al reconocimiento del período a los efectos de la jubilación. La prestación es incompatible con otros beneficios previsionales o prestaciones no contributivas.

En el caso de los obreros de la construcción, les rige el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción creado por la ley 24.371, sancionada en el año 2000, que también paga la ANSES.

Alcanza a los trabajadores despedidos sin justa causa o por finalización de la obra, y deben contar con, al menos, 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización del trabajo. Para los permanentes, el monto del beneficio y la cantidad de meses a cobrar – entre 3 y 8 como máximo – se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 2 años.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada que trabajaron (con aportes) un año o más, se aplica el mismo criterio. Si lo hizo por menos de un año, le corresponderá un día por cada 3 de servicio. Al igual que los empleados con relación de dependencia bajo la ley de Contrato de Trabajo, los mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.

Este seguro por desempleo a cargo del Estado funciona en paralelo al Fondo de Cese Laboral que rige en el sector de la construcción, creado por la ley 22.250. Se conforma de un aporte por parte del empleador equivalente al 12% del sueldo del trabajador el primer año (luego baja al 8%), que se deposita en una cuenta bancaria, y que el trabajador puede retirar cuando termina la obra o cesa la relación laboral. Este sistema fue elogiado por Milei en distintas oportunidades, e incluido en la Ley Bases aprobada por el Congreso, como un Fondo de Cese a acordar por las partes dentro del convenio de trabajo.

El perfil de los beneficiarios

El mayor porcentaje de los solicitantes (19%) corresponde a personas de entre 45 y 49 años de edad (17.510 altas). Le sigue el rango de 50 a 54 años con 13.260 altas (14%).

En cuanto al género, el 71% de los que solicitaron el seguro de desempleo fueron varones (66.034 altas) y el resto, mujeres (26.753).

Y finalmente, si se analiza por rama de actividad, la mayor cantidad de altas otorgadas el mes pasado (23,4%) corresponde a desempleados de la industria manufacturera (7.157 casos), seguidos por 6.117 altas del sector del comercio (20%), y 5.699 (18%) de la construcción.

Distribución por provincias

El mes pasado, el mayor número de beneficios totales se otorgó en la provincia de Buenos Aires ( 38.180), el 41% del total liquidado (92.787). Pero si se considera la población, el distrito bonaerense aparece en octavo lugar, con 218 prestaciones por cada 100.000 habitantes.

El ranking de las mayores tasas en marzolo lidera Santa Cruz, con 473 beneficios cada 100.000 habitantes; Tierra del Fuego, con una tasa de 406, y San Juan con una tasa de 358 sobre la misma base poblacional.

La evolución anual de las altas

Infobae analizó los últimos 25 años de ese beneficio. De los datos surge que el 2024 fue el año en el que hubo mayor porcentaje de aumento en las altas anuales (60%).

Otro aumento importante se dio en 2016 durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, en el que las altas anuales aumentaron el 45% respecto del año anterior.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, producto del parate en la actividad por la pandemia, hubo una suba en los nuevos beneficios de desempleo otorgados en 2022, con un incremento del 37% ese año.

En números absolutos, el pico de nuevos subsidios por desempleo otorgados se produjo a la salida de la crisis institucional y social del 2001, año en que se habían otorgado 240.950 beneficios. En el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, la cifra escaló a 259.066 solicitudes de alta. Fue el récord en los últimos 25 años.

Los valores siguieron luego a un promedio de 130.000 por año, con otra suba en 2009, cuando hubo 243.487 nuevas altas en el año, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Visualización de datos: Daniela Czibener