Cuando la imagen negativa de la gestión por primera vez supera a la positiva, según encuestas que consumen en Casa Rosada, el Gobierno acelera. Con múltiples frentes abiertos, un veto en puerta y la discusión por el Presupuesto, el Ejecutivo busca enviar señales contundentes e intenta avanzar con las privatizaciones.

La discusión por Aerolíneas Argentinas seguirá su curso el lunes, cuando el ministro de Economía Luis Caputo y Guillermo Francos reciban a directivos de JetSmart luego de entrevistarse el último viernes con el titular de la brasileña Gol.

La fabricante de turbinas mendocina IMPSA será la primera de las 59 empresas y unidades de negocios estatales que volverá a manos ciento por ciento privadas, pero el ex y fugaz interventor de medios públicos Diego Martín Chaher, avanza con un plan de acción para que el Gobierno se desprenda de todas las compañías públicas. Desde julio, el funcionario de origen mendocino que responde a Luis y Santiago Caputo quedó a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas. En materia política es un ariete en la gestión del asesor presidencial; en el organigrama reporta al ministro de Economía, aunque su organismo -que aspiraba a controlar Federico Sturzenegger– tiene injerencia en las unidades de negocios de 11 jurisdicciones.

Las empresas públicas al comienzo de la actual gestión estaban concentradas en jefatura de Gabinete y a cargo de Mauricio González Botto, que salió eyectado del Gobierno con la salida de Nicolás Posse, pero volvió al Ejecutivo reconvertido en el interventor de Tandanor, los talleres navales del Estado que el Gobierno también quiere liquidar junto con el Correo.

En la flamante unidad a cargo de Chaher en la que trabajarán 30 funcionarios -varios de los cuales participaron de las privatizaciones en la década de 1990- manejan un diagnóstico lapidario. Señalan que todas las empresas estatales viven del Tesoro Nacional, aunque en 2023, Arsat generó ganancias por 32 millones de dólares. La orden que baja desde los despachos más importantes del Gobierno es que todas las empresas se privatizarán y en el peor de los casos se cerrarán.

El Ejecutivo concentra su plan de acción es la apertura en bolsa de varias sociedades estatales. Confían en que aunque sea un porcentaje mínimo el que salga a la venta, le permitirá a los interesados y a toda la ciudadanía conocer el verdadero valor de las empresas. Para ello, deben cumplir con todas las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores. El problema es que en varias dependencias -como en la Casa de la Moneda, por citar un ejemplo- se adeudan balances desde hace años. El Ejecutivo quiere acelerar la transformación de Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, como fijó el DNU 70.

La agencia de Transformación de Empresas Públicas no es la dueña de las activos estatales. Ni paga salarios, ni se ocupa de su funcionamiento, ni debe lidiar con los gremios. Su tarea es realizar los ajustes necesarios para que las empresas sea vendibles. Para ello, piensan en desarrollar un sitio que sirva de vidriera.

Desde que jefatura de Gabinete perdió -con la salida de Posse- el control de las empresas, Economía maneja la mayoría. Once están bajo la órbita de la secretaría de Transporte, dos en la secretaría de Industria, 3 en la secretaría de Innovación Pública, 4 en Energía, 5 en Desarrollo Productivo, 6 en la secretaría de Hacienda, 7 en Defensa, 8 en Obras Públicas, 9 en la Vocería de Manuel Adorni; 10 en Educación y 11 en la secretaría de Minería.

Milei recalculó su plan inicial para las empresas. En un principio la orden era sanear las empresas para que se revalorizaran. Ahora quieren apurar las ventas y que haya una única ventanilla para hablar con los interesados. También trabajan en el marco normativo para que las empresas no puedan ser re-estatizadas.

Los escollos para sus planes son varios. En el Gabinete hablan de un bloqueo normativo y de otro ideológico. Con el proyecto original de la Ley Bases, el Gobierno quería declarar sujeto de privatización 47 empresas públicas. Finalmente se aprobaron 8. De todos modos, la ley ómnibus da amplia libertad al Ejecutivo para reformar empresas y el organigrama estatal.

Los gobernadores fueron fundamentales para asegurar la continuidad de compañías que tienen impacto en sus provincias. Por eso, en el Gobierno no descartan que algunas de las compañías puedan ser transferidas a las provincias, varias de las cuales reclaman deudas millonarias al Estado nacional. FADEA es fundamental para Córdoba; igual que el INVAP para Río Negro. En el Gobierno, de todos modos, saben que para algunas ventas solo puede haber virtuales compradores extranjeros y con dólares frescos.