Sin ánimos de pecar de amarillista, existe una percepción generalizada que la democracia atraviesa un camino lleno de señales de alerta, como si estuviera en el hall de una sala de emergencias. 

En base a ello quien expresó su visión fue el experto Julián Eyzaguirre que sostuvo que la irrupción tecnológica y su correlato en la hipercomunicación reinante, representan discusiones urgentes para la sociedad. 

En estos días existe un intenso debate sobre la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Y sin escindir los temas también puede ser discutido, en el mismo orden, el uso desenfrenado de X como herramienta de propaganda y desinformación. Spoiler alert: el panorama no es alentador. 

Lo más preocupante, sin embargo, sostiene el Project Manager IT Eyzaguirre no es el caos en sí mismo sino la evidente ausencia de reglas claras que apliquen a todos por igual. Mientras TikTok enfrenta una posible prohibición basada en supuestos riesgos de seguridad nacional, X y su propietario, Elon Musk, parecen tener carta blanca para moldear el discurso público a su antojo.

TikTok es evidentemente un “villano cómodo”. Por procedencia, por masividad. Se trata de una aplicación que posee un fuerte anclaje en los segmentos de usuarios más jóvenes y, sólo en Estados Unidos, posee más de 170 millones de usuarios. 

En estos días, la administración estadounidense se prepara para definir el futuro de TikTok con la revisión de una ley que podría exigir a ByteDance, su empresa matriz china, vender la aplicación o enfrentar una prohibición total. Esto ocurre pese a la falta de pruebas concretas de que el gobierno chino utilice TikTok para espiar a ciudadanos estadounidenses o infringir su soberanía. 

Así mismo, Eyzaguirre, sostiene que la narrativa del «peligro rojo» es conveniente y funcional, sobre todo en tiempos donde la seguridad nacional se erige como argumento todoterreno. Sin embargo, se ignora que TikTok es también un espacio de expresión masiva, utilizado por los usuarios estadounidenses, y de todo el mundo, para fines culturales, comerciales y políticos.

Mientras tanto, la jurisprudencia reciente ofrece un telón de fondo interesante. En el caso NetChoice vs. Moody y su contraparte texana Paxton, la Corte Suprema analizó el alcance de las restricciones que los estados pueden imponer a las plataformas digitales. Aunque las decisiones varían según el contexto, ambas subrayan un principio: las plataformas no son meros negocios privados; son foros públicos donde la libertad de expresión y el acceso igualitario están en juego. 

Esto plantea una pregunta clave: ¿por qué TikTok debería ser tratada como una amenaza existencial mientras otras plataformas son libres de operar sin una supervisión equivalente?

En el otro extremo, Elon Musk ha demostrado que las redes sociales también pueden ser armas de desinformación masiva. Durante las elecciones estadounidenses de 2024, X fue una maquinaria de noticias falsas y discursos incendiarios. Según informó DW, Musk utilizó la plataforma para difundir información engañosa sobre el proceso electoral, una movida que no solo polarizó a la opinión pública sino que también contribuyó a socavar la confianza en las instituciones democráticas. 

Es evidente la doble vara en los casos: mientras TikTok enfrenta una posible prohibición por hipotéticos riesgos, X opera sin mayores restricciones bajo el liderazgo de alguien que abiertamente desafía la regulación.

El caso no es nuevo. En 2022, Musk organizó una encuesta en Twitter para decidir si Donald Trump debería recuperar su cuenta en la plataforma, expulsada tras el violento asedio del Capitolio del 6 de enero. 

«Vox populi, vox dei», comentó Musk, dejando entrever que las decisiones empresariales de gran impacto también podían ser objeto de «consultas populares». Este movimiento, tuvo un marcado tinte proselitista, consolidando a la plataforma como un espacio para influir directamente en el discurso público con fines políticos. 

De algún modo fue la antesala de muchos movimientos del magnate de la plataforma que, luego de su participación en la campaña electoral, hoy es convocado por Trump como funcionario para la desregulación del Estado. En este sentido, Musk llevó su retórica a nuevos niveles. Así como podemos recordar los momentos previos a su compra de Twitter, ha utilizado su plataforma para criticar a funcionarios públicos, o negar los riesgos que asiste el planeta frente al cambio climático. Esta estrategia no sólo mina la legitimidad de actores o argumentos científicamente válidos, propagando discursos violentos o teorías no validadas, sino que también refuerza la idea de que la regulación es algo opcional para los grandes magnates tecnológicos. 

Y es aquí donde radica el verdadero problema: cuando el manejo de las plataformas queda exclusivamente en manos privadas, el bien común pasa a un segundo plano frente a los intereses corporativos.

Mientras Estados Unidos lucha por definir su postura, la Unión Europea avanza con pasos firmes en la regulación de las plataformas digitales. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) establece obligaciones claras para las grandes empresas tecnológicas, desde combatir la desinformación hasta garantizar la transparencia en los algoritmos. El modelo no está exento de críticas, pero representa un esfuerzo serio por equilibrar los intereses públicos y privados. En contraste, el abordaje estadounidense parece errático. Mientras se apunta a TikTok con acusaciones de seguridad nacional, se ignoran los riesgos domésticos de plataformas como X, que amplifican discursos de odio y noticias falsas con fines políticos. 

La falta de un marco regulatorio uniforme no solo genera inequidades, sino que también pone en riesgo la salud mental de los usuarios y la estabilidad de las democracias.

El problema no es TikTok ni X, sino la ausencia de reglas claras y aplicables a todos por igual. Las plataformas digitales son demasiado poderosas como para quedar al arbitrio de sus propietarios o de gobiernos con agendas unilaterales. 

Por último, el reconocido experto, transmite que es crucial establecer un marco regulatorio que proteja tanto la libertad de expresión como la integridad del discurso público, abordando cuestiones como la desinformación, el discurso de odio y el uso proselitista con objetivos políticos. En última instancia, la pregunta no es si prohibir o no una plataforma, sino cómo garantizar que todas operen bajo condiciones de igualdad, promoviendo el bien común. Sin esta perspectiva, la democracia no solo seguirá en peligro; también se convertirá en una cancha inclinada propicia para el desequilibrio, donde los intereses privados dictan las reglas del juego. Y en ese partido, todos perdemos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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