POLITICA
Milei le entregó, por decreto, el control total de las empresas del Estado a Posse: el objetivo final es la privatización
El Jefe de Gabinete será el único encargado de nombrar directores, decidir gastos, planes de inversión y transferencias del Tesoro.
El presidente Javier Milei ha otorgado al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, amplios poderes sobre las empresas estatales mediante un decreto conjunto. Esta medida concede a Posse la capacidad de nombrar y destituir directores, decidir gastos, planes de inversión y transferencias del Tesoro a empresas con participación estatal. La decisión tiene como objetivos principales la reducción del déficit y el impulso de un proceso de privatización, al concentrar estos poderes en una persona de confianza del mandatario.
El decreto, compuesto por ocho artículos, confiere a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, bajo la Jefatura de Gabinete, la autoridad para tomar decisiones sobre directores, interventores y la gestión diaria de empresas 100% estatales o con participación mayoritaria o minoritaria del Estado. Esta medida afecta a empresas como ENARSA, Banco Nación y YPF, entre otras.
La medida refuerza el papel de controller -profesional del control financiero- de Nicolás Posse en el Gobierno y consolida su responsabilidad en la reducción del déficit generado por empresas estatales y la promoción de privatizaciones. La decisión también implica la caducidad generalizada de directores y subordina a los ministerios que poseen acciones de empresas estatales a la Jefatura de Gabinete.
El empoderamiento de Posse es coherente con la narrativa más amplia del gobierno, que busca achicar el Estado, fomentar la actividad privada y promover el libre mercado con mínima intervención estatal. Este decreto es una consecuencia de las políticas de desregulación económica y privatización impulsadas por Milei desde su llegada al poder. Entre las empresas que se incluyen en un posible proceso de privatización se encuentran YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación Argentina, Radio y Televisión Nacional y otras 37 empresas más.
El decreto completo de Javier Milei: https://drive.google.com/file/d/1FgoXBtd1N3XN-WpLSFTBrXw1AITDlLQ1/view
POLITICA
La SIGEN le solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar de la UBA para avanzar con las auditorías
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) solicitó a la Justicia rechazar la medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) para impedir una auditoría sobre los fondos públicos que recibe. El organismo de control, que depende de la Presidencia, argumenta que la UBA no rindió cuentas del 90,22% de los fondos transferidos entre 2015 y 2021, ni del 98,87% de los fondos asignados en 2022, sumando una deuda de más de $5.000 millones. “Auditar no es intervenir”, subraya la SIGEN, aludiendo a que la auditoría solo busca asegurar el uso transparente de los recursos públicos.
Este conflicto se enmarca en un debate legal sobre la autonomía y el control de las universidades nacionales, tema que la UBA defiende con base en la Ley de Educación Superior, que establece la “autonomía económica” de estas instituciones. No obstante, la SIGEN sostiene que la autonomía no exime a la UBA del control estatal, argumentando que los recursos del Tesoro Nacional deben ser auditados por las instituciones competentes para garantizar su correcto uso.
La AGN priorizará una auditoría a tres facultades de la UBA en 2025
En su defensa, la UBA argumenta que el control debería estar a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo del Congreso, y no de la SIGEN, con el fin de preservar su autonomía universitaria. Sin embargo, la SIGEN advirtió que la AGN no audita a la UBA desde 2018, por lo que considera que su intervención es crucial para dar claridad al uso de los fondos públicos.
El auditor general Miguel Blanco señaló que la negativa de la UBA a ser auditada “atenta contra los cimientos de nuestra Constitución Nacional” y subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de los recursos aportados por los ciudadanos. “Aquí se trata de garantizar la transparencia de los recursos públicos… que deben rendir cuentas a la población”, remarcó Blanco en el escrito presentado ante la Justicia.
Actualmente, el proceso judicial sigue su curso, ya que el juez a cargo fue recusado, y el caso será reasignado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se espera que la Justicia determine si la SIGEN puede auditar los fondos públicos de la UBA o si la AGN será la encargada de realizar el control.
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