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Milei pidió una auditoría exhaustiva de todos los organismos públicos para avanzar en la reforma del Estado

Milei pidió una autoría exhaustiva sobre todos los organismos públicos para avanzar en la reforma del Estado. (Foto: Prensa Gobierno).Javier Milei junto a Nicolás Posse y Luis «Toto» Caputo. (Foto: X/@JMilei)

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El Presidente Javier Milei continúa con la revisión de las cuentas del Estado y la reducción del gasto público. En las últimas horas, a través del decreto 126/2023 publicado en el Boletín Oficial, ordenó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que elabore un informe sobre la “herencia recibida” de la gestión de Alberto Fernández.

Al respecto, el Gobierno argumentó que “este conocimiento del estado de situación recibido permitirá identificar áreas y temas críticos para el funcionamiento de cada organismo”. Según indicaron, esto “facilitará la toma del control inmediato y la continuidad de su funcionamiento, minimizando los riesgos que pudieran surgir del traspaso de la administración; priorizar adecuadamente las decisiones y acciones de las nuevas autoridades y diseñar, planificar y llevar adelante aquellos cambios y reformas que resultaren necesarios”.

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El Ejecutivo señaló que “desde la asunción del actual Gobierno nacional, acaecida el 10 de diciembre de 2023, se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado nacional”.

En la misma línea, en los considerandos del decreto se remarca que se “necesita contar con la información precisa y adecuada del estado de situación administrativa, patrimonial, financiera y de todas aquellas otras actividades en curso de realización en cada uno de los órganos que componen el Sector Público Nacional”.

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Por ese motivo, el Ejecutivo instruyó al organismo a que elabore en el plazo de 30 días hábiles un Informe de Entrega y Recepción que contenga la información necesaria para establecer un corte por cambio de administración al 7 de diciembre de 2023, a nivel de cada Ministerio, Secretarías de la Presidencia de la Nación y Organismo Descentralizado o Ente Autárquico.

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Javier Milei junto a Nicolás Posse y Luis "Toto" Caputo. (Foto: X/@JMilei)
Javier Milei junto a Nicolás Posse y Luis «Toto» Caputo. (Foto: X/@JMilei)

Así lo estableció en el decreto 126/2023, que dispuso que la Sindicatura deberá consignar en las estructuras que analizará “cualquier observación o valoración de la misma que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN considere relevante, teniendo en cuenta los objetivos descriptos en los considerandos del presente”.

El organismo determinará además “el contenido, los requisitos y la modalidad en que será confeccionado el Informe de Entrega y Recepción, y los titulares de las Jurisdicciones y Entidades que serán analizadas designarán un funcionario responsable de la provisión de la documentación necesaria”.

En el articulado de la norma se indicó que el informe debe ser puesto a disposición de “la máxima autoridad de cada Jurisdicción o Entidad de acuerdo con las estructuras vigentes al vencimiento del plazo indicado”, y se aclara que la Jefatura de Gabinete de Ministros podrá prorrogar ese plazo en el caso de ser necesario.

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La vicegobernadora de Neuquén, en la antesala de la votación que definirá su posible destitución: «No creo haber cometido ningún ilícito»

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A horas de que la Legislatura de Neuquén decida si destituye o no a la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz tras el proceso de investigación que se le inició por presunta «inhabilidad moral» debido a que fue vinculada y denunciada por irregularidades en su gestión, la exfuncionaria se defendió. «No creo que haya cometido ningún ilícito«, afirmó este miércoles.

Entre otras graves acusaciones, la mujer está en la mira por la compra de una camioneta, una piscina, la contratación directa de banners y spots publicitarios, y la designación de familiares, así como de personas que supuestamente cumplían funciones ad honórem. También se le imputa el gasto de cuatro millones de pesos en bombones con dinero de la Legislatura provincial.

Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que estuvo acompañada por sus abogados, quienes solicitaron que el proceso sea declarado nulo y alertaron sobre la gravedad de expulsarla cuando aún no está imputada por la Justicia, Ruiz dijo que las acusaciones infundadas son «direccionadas y malintencionadas». Y, en la misma línea, completó: «No hay fraude, solo desprolijidades administrativas«.

Acerca de las acusaciones de nepotismo, en diálogo con LM Neuquén, Ruiz aclaró que solo tiene tres familiares directos: su hermano Pablo (está sospechado por supuesta malversación de fondos y fraude a la administración pública) su hermana Vilma y su esposo, Claudio Costa.

«No hay sobrinos ni primos nombrados. Incluso se acreditó la idoneidad de cada uno de los funcionarios señalados, algo que fue evaluado por mí misma antes de que asumieran sus cargos», expresó.

Según una investigación del diario Río Negro, el hermano de la vicegobernadora recibió haberes de parte de la Legislatura de 29.854.350 pesos y que se realizaron de sus cuentas extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos. Ante esto, la entidad bancaria detectó que el hermano de la vicegobernadora destinaba gran parte del dinero de su cuenta en constituir plazos fijos a su nombre.

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La sesión especial de este jueves, programada para las 15 horas, dará inicio al proceso, mientras que el viernes, a partir de las 10, se llevará a cabo la votación final.

Si se aprueba su destitución, un hecho sin precedentes en la historia de la provincia, no solo será separada permanentemente de su cargo, sino que también se suspenderán de manera inmediata todos los pagos relacionados con su remuneración, dieta o cualquier beneficio económico vinculado a su puesto.

Las irregularidades señaladas por los legisladores en contra de Ruiz incluyen el uso inapropiado de fondos públicos, contrataciones irregulares y sobreprecios, falsedad en las declaraciones patrimoniales y en sus declaraciones públicas, designaciones indebidas y nepotismo.

La vicegobernadora suspendida delegó en sus abogados la estrategia judicial para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la suspensión impuesta por la Legislatura neuquina.

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