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POLITICA

Milei va a fondo contra los Moyano: no homologa la paritaria y amenaza con sanciones si van al paro

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El Gobierno no homologará la negociación salarial de Camioneros y le impondrá severas sanciones al gremio si el lunes concreta la amenaza de paro lanzada por Pablo Moyano. La decisión, confirmada a Clarín por fuentes oficiales, supone una clara definición de la gestión de Javier Milei de ir a fondo en la pulseada contra el clan Moyano justo en medio de un escenario de aceleración de la conflictividad social y en la previa a una semana en la que la conducción de la CGT resolverá una nueva medida de fuerza contra la administración libertaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue este viernes el encargado de asumir la respuesta oficial a la advertencia de Pablo Moyano de paralizar todo el transporte de cargas si antes del lunes no era homologada la paritaria sectorial. Caputo confirmó que no se validará el acuerdo salarial, que fijó un aumento de 25% para los sueldos de marzo y otro 20% para abril, con el argumento de que esos parámetros superan las previsiones sobre la evolución de la inflación durante esos dos meses.

«No lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria, tiene que ser razonable. Las paritarias son libres pero ¿por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?«, remarcó el ministro en declaraciones .

Y si bien insistió que la aprobación del acuerdo salarial es responsabilidad del secretario de Trabajo, Julio Cordero, alertó que «si él (por el funcionario) homologa un 25% de suba en febrero cuando la inflación fue del 13%, y 20% en marzo cuando la inflación va a ser del 10%, el próximo que venga va a decir: ‘Bueno, a mí dame 30% en abril’”, en referencia a la posibilidad de que los aumentos se trasladen a los precios, se acelere la inflación y el escenario derive en un nuevo desequilibrio económico.

En línea con la posición de Caputo, desde la Secretaría de Trabajo ratificaron este sábado que la paritaria de Camioneros no será homologada y advirtieron con imponer sanciones al gremio si Hugo y Pablo Moyano avanzan con su amenaza de paralizar la actividad. «Si la medida de fuerza se lleva adelante, la consideraremos ilegítima. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley, la gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley…por más poderoso que se crea algún sindicalista«, señalaron desde el organismo que encabeza Cordero.

Pero a diferencia de los argumentos de Caputo para no homologar el acuerdo salarial -una justificación que pone en crisis la libertad de la negociación paritaria y blanquea el esfuerzo oficial por asegurar un tope a los aumentos-, en Trabajo atribuyeron esa decisión a las impugnaciones formuladas contra el convenio por algunas cámaras empresarias de la actividad.

«El convenio por el que están presionando ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras y, hasta que éstas se resuelvan, no se puede homologar«. indicaron. Y en la misma línea agregaron: «El Estado tiene una función que cumplir que es garantizar el orden público: esto es, que no se afecten derechos de terceros a los cuales se les va a imponer este convenio si se homologa».

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Cerca de Cordero enumeraron que esas presentaciones fueron efectuadas por la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y la Unión de Propietarios Camioneros de San Juan (Uprocam). Centralmente las cuatro cámaras cuestionaron los puntos del acuerdo que incorporan el pago de adicionales salariales y un aporte extraordinario de $ 10.000 mensuales por trabajador para la obra social del gremio.

Esas entidades son representadas en la discusión paritaria por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que junto a la FAETYL, la otra cámara sectorial, firmaron el 23 de febrero junto a Hugo Moyano el aumento salarial de 45% para marzo y abril, convenio que fue presentado a Trabajo para su validación.

El entonces secretario Omar Yasín -que fue insólitamente echado por Milei tras la polémica por el aumento salarial para el Presidente y el gabinete en la que no había tenido injerencia- demoró la aprobación en línea con la política de no homologar aquellas paritarias del sector privado que superaran el techo impuesto por Economía. «La orden de Caputo es no validar aumentos mayores al 14% en marzo y 9% en abril», dijeron cerca del saliente funcionario.

Tras el desembarco de Cordero avanzó en la aprobación de más de 40 convenios y este viernes se oficializaron otros 22, entre ellos los acuerdos salariales que involucran al gremio de Sanidad, que lidera Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT y referente del sector dialoguista de la central.

El propio Hugo Moyano reaccionó este sábado frente a esa decisión y castigó a parte de sus pares de la cúpula cegetista: «Algunos tratan de negociar con Milei, pero el Gobierno no les presta atención», reprochó el líder camionero en declaraciones radiales, aunque evitó confirmar una huelga para el lunes.

Ocurre que la mayoría de las grandes empresas agrupadas en FAETYL ya comenzó a liquidar los aumentos como fueron acordados en la paritaria y el resto prevé hacerlo al comienzo de la semana. En tanto, la FADEEAC, la entidad que representa a las cámaras que presentaron impugnaciones, envió una nota a sus afiliados en la que explicó que al no estar homologado el convenio «no resulta exigible ni obligatorio» el pago del aumento.

No obstante, les recomendó que «la mejor alternativa sería abonar el valor o porcentaje que consideren adecuado como anticipo de haberes y sin que esto tenga influencia en los aportes y contribuciones a la seguridad social».

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IOMA: Un gigante con presupuesto millonario que no logra cumplir con sus afiliados

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El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la mayor obra social de la provincia de Buenos Aires, enfrenta un colapso operativo y financiero que afecta a más de 2,3 millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto histórico de $1,75 billones proyectado para 2025, las denuncias por la falta de cobertura, recortes en medicamentos y conflictos con los prestadores de salud no cesan.

Millones de pesos, pero pocos resultados

El presupuesto asignado a IOMA supera ampliamente al de otras áreas esenciales como Educación y Seguridad. Sin embargo, estas cifras no se traducen en mejoras significativas para sus afiliados. En muchos municipios bonaerenses, el acceso a la salud a través de la obra social es limitado. Los cortes de convenios con clínicas privadas y la falta de especialistas obligan a los afiliados a recurrir a consultas particulares, generando un impacto económico insostenible para muchas familias.

El organismo, presidido por Homero Giles, tampoco ha transparentado sus gastos desde 2023. Aunque se informan incrementos en cirugías y distribución de medicamentos, estos datos no explican las crecientes dificultades para acceder a prestaciones básicas.

Municipios en crisis: protestas y amparos colectivos

En distritos como Navarro, Olavarría y Mar del Plata, las manifestaciones han cobrado fuerza. En Navarro, un reciente acuerdo que limita la atención médica al hospital local provocó el rechazo de cientos de vecinos, quienes exigen la restitución de convenios con clínicas privadas.

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Mientras tanto, en Mar del Plata, la ruptura de contratos con las principales clínicas dejó a miles de afiliados sin acceso adecuado a la salud. En Azul, junto a otros distritos, se avanza en la presentación de un amparo colectivo ante la Defensoría del Pueblo para revertir la situación.

Propuestas legislativas y resistencia política

La oposición en la Legislatura bonaerense intenta promover medidas para enfrentar la crisis. Entre las propuestas destacan la creación de un Comité de Crisis y la declaración de la emergencia sanitaria y financiera en IOMA. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan trabas por parte del oficialismo, que ya bloqueó la interpelación al presidente del organismo.

Desde algunos sectores se plantea incluso la reforma estructural de la obra social, proponiendo que sus autoridades sean elegidas por los afiliados y que se transforme en un ente autónomo que garantice mayor transparencia en el uso de los recursos.

La incertidumbre de los afiliados

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Mientras se debaten posibles soluciones, los afiliados de IOMA siguen enfrentando problemas cotidianos: cirugías canceladas, falta de especialistas, retrasos en turnos y dificultades para obtener medicamentos esenciales.

La pregunta que se plantea ahora es si el presupuesto récord anunciado para el próximo año será suficiente para revertir una crisis que no solo es operativa, sino también de confianza en la gestión. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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